Actualizado lunes 04/12/2006 18:38 (CET)

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz�n, que investiga la presunta estafa a miles de clientes de F�rum Filat�lico, ha encontrado indicios de la comisi�n de un presunto delito de cohecho por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalici�n Canaria). El magistrado le implica en el supuesto cobro de comisiones en operaciones urban�sticas ligada a la presunta estafa de F�rum Filat�lico.

Miguel Zerolo. (Foto: EFE)

En su auto, Garz�n se inhibe de investigar los hechos a favor del decano de los Juzgados de Instrucci�n de Santa Cruz de Tenerife. La resoluci�n se adopta a instancias de la Fiscal�a Anticorrupci�n, que encontr� pistas de una supuesta trama de corrupci�n urban�stica entre los documentos intervenidos el pasado mes de mayo en la sede central de F�rum en Madrid, referidos a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A.

En concreto, Garz�n remite el informe de la Fiscal�a junto con los documentos intervenidos a la justicia tinerfe�a para investigar el posible delito de cohecho "o cualquiera otra infracci�n penal que se derive del testimonio que se adjunta". Las operaciones a investigar estar�an relacionadas con la construcci�n de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio.

Tras conocerse la noticia, Zerolo se�al� que ha dado instrucciones a sus abogados para que, con car�cter urgente, se personen en la causa con la finalidad de recabar informaci�n precisa y solicitar su comparecencia inmediata ante el juez. En la misma l�nea, se comprometi� a "aclarar y depurar las responsabilidades que procedan, cueste lo que cueste y caiga quien caiga".

El regidor de la capital tinerfe�a asegur� que, en caso de confirmarse su implicaci�n en la trama de comisiones ilegales, "es evidente" que alguien habr�a podido utilizar "falsamente" su nombre y su "figura pol�tica" para "obtener alg�n tipo de beneficio". Una circunstancia, que asegur� lamentar y que perseguir� judicialmente "hasta las �ltimas consecuencias".

Miguel Zerolo defendi�, adem�s, que es "una persona seria que jam�s ha recibido beneficio o prebenda alguna en ning�n momento" de sus casi 30 a�os de trabajo en cargos p�blicos, por lo que pidi� al pueblo de Santa Cruz de Tenerife que "conf�e en su alcalde porque jam�s traicionar� la confianza que siempre han depositado" en �l.

Otros implicados

Adem�s del alcalde de Santa Cruz, Garz�n pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Su�rez Trenor; a la asesora urban�stica Herminia Gil y al presidente de la Asociaci�n de Vecinos de San Andr�s y Anaga como "presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias, siempre seg�n la literalidad de documentos obrantes en autos".

Entre las personas que pudieran estar comprometidas con dichos pagos, "bien como presuntos oferentes de las cantidades, bien como presuntos destinatarios de las solicitudes hechas por las autoridades p�blicas" est�n el ex presidente de F�rum, Francisco Briones (en libertad bajo fianza desde el pasado mes de agosto), el ex director general de la filat�lica Juan Ram�n Gonz�lez Merino y el asesor jur�dico de la entidad Juan Ram�n Gonz�lez.

El magistrado tambi�n implica en la trama al arquitecto Julio Aumente, a los abogados de los bufetes Prius (Antonio Mart�n-Lome�a y Juan Jos� Dom�ngez Baro) y Cuadra Asociados (Carlos G�mez Castillo y Domingo Cuadra Morales) y a otras dos personas de las que no se especifica el cargo.

Seg�n el juez, de la documentaci�n incautada en la sede de F�rum de Madrid se deduce que esta entidad, a trav�s de su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A., ha venido desarrollando, al menos desde el a�o 2004, operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gesti�n de una concesi�n administrativa para la construcci�n de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otra, con dos parcelas de terreno situado en el Valle de Tahodio.

De forma indiciaria, seg�n el juez, se deduce que en el curso de esas operaciones "habr�an podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gesti�n de los activos anteriormente referidos, sin que hasta el momento exista constancia de si las cantidades han sido pagadas y recibidas", se�ala el juez.