Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha admitido ante la Audiencia Nacional la existencia del cobro de comisiones ilegales en varios contratos públicos de la Administración regional. Entre ellos, la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II, en pleno centro de la capital, una operación en la que admite haber participado.

Según González, que se encuentra en libertad bajo fianza desde el pasado mes de julio y a cuya declaración ha tenido acceso EL MUNDO, él mismo intervino en el cobro de comisiones a través de sus empresas a cambio de la adjudicación de la referida instalación deportiva. Los pagos, señaló, fueron realizados como «agradecimiento» por parte de la empresa adjudicataria, Dragados, a cambio de «gestiones realizadas con funcionarios de la Comunidad de Madrid».

Siempre según su testimonio, los fondos fueron pagados a una sociedad participada con él, Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, y entregados acto seguido a terceros, entre los que apuntó a Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal en Latinoamérica. «Él pudo ser uno de los beneficiarios», señaló en su declaración, al tiempo que dijo desconocer la identidad del resto. En esta operativa no implicó a su hermano Ignacio, que era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y responsable del Canal cuando se construyó el campo, de quien afirmó que no le consta que participara en ilegalidad alguna en este asunto.

No obstante, admitió que él sí se acabó quedando una parte de esas «comisiones de agradecimiento». No porque realizara gestión alguna para conseguir el negocio con cargos públicos, se encargó de matizar, sino por sus labores de intermediación. Es decir, por ceder su sociedad para la operación. Pero también, dijo, en concepto de «trabajos que se le adeudaban» y que le fueron abonados con cargo a estos fondos. Por ello aseguró haber percibido «una cantidad próxima pero inferior a 100.000 euros» que le fue entregada en metálico después de que el administrador de la sociedad sacara el dinero de la entidad bancaria.

Pablo González tomó la decisión de colaborar con la Justicia poco antes de abandonar la prisión de Soto del Real hace dos meses y extendió su confesión a otras operaciones vinculadas con la Comunidad de Madrid.

Esta confesión no es la primera que tiene lugar en el caso Lezo. Estuvo precedida por la de Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue adelantada por EL MUNDO.

En su comparecencia, el ex consejero del diario La Razón admitió abiertamente haber percibido un soborno de 2,7 millones de euros mediante dos sociedades suizas bajo su control en el marco de la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. Una operación en la que los investigadores sostienen que medió un importante sobreprecio, que ha sido confirmado por este imputado, al que el juez mantiene todavía en prisión aunque separado de González en un centro penitenciario distinto.

Siempre según Sobrino, el dinero del soborno de Emissao se dividió en tres lotes de 900.000 euros: uno para él, otro para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Vicente Moro y el tercero para Ignacio González. Con respecto a este último indicó que el dinero nunca fue retirado por el ex presidente madrileño aunque lo mantuvo intacto «a su disposición». Un extremo que el ex presidente González niega tajantemente y asocia a un intento de Rodríguez Sobrino por salvar a toda costa a su hija, imputada también en el caso Lezo.

Anticorrupción ha exigido tanto a González como a Rodríguez Sobrino que documenten sus afirmaciones para que les sean aplicados los atenuantes de confesión.

Este periódico se puso en contacto con la defensa de González, representada por el letrado Juan Alberto Díaz, que no quiso hacer declaraciones.