El Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde al inicio de la tramitación de una ley para promover, entre otras cuestiones, la creación de nuevos incentivos fiscales para empresas que inviertan en ciencia e investigación y un marco jurídico que favorezca la movilidad de investigadores entre el sector público y privado.
También se considera "esencial" que la ciencia andaluza "trascienda fronteras y que Andalucía sea capaz de exportar innovación, atraer talento y estar presente en aquellos órganos, sobre todo europeos, en los que se toman las decisiones más trascendentales relativas a la financiación de la I+D". Para ello, se creará una Oficina Europea de Coordinación de la Investigación para Andalucía, que tendrá sede en alguna de las instituciones europeas dedicadas a la gestión de los programas marco, según la información ofrecida este martes por el consejero andaluz de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.
La denominada Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa) tiene como objetivo general impulsar la excelencia en la investigación y facilitar la colaboración público-privada. La norma sustituirá a la actual, que data de 2007, y pretende dar más protagonismo al sector privado en la inversión en I+D+I, dotando al sistema de nuevos incentivos para empresas. También creará dos nuevas figuras laborales: la primera es la del personal tecnólogo, "con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación"; y la segunda, la del colaborador científico, que permitirá incorporar a los entes vinculados a la administración autonómica a cualquier investigador que pueda colaborar en tareas de elaboración, dirección, gestión o evaluación de los planes y programas de I+D+I".
En relación a la excelencia, se creará un nuevo Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que identificará a los investigadores más destacados a nivel andaluz, a los que se certificará de forma oficial a partir de indicadores "objetivos y homologables en el escenario internacional".
El sistema se dotará, por otro lado, de un nuevo ente público, el denominado Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), una entidad cuyo fin será "captar y retener el mejor talento científico nacional e internacional".
La nueva ley también pretende fortalecer la relación entre la educación superior y el tejido empresarial a través de un nuevo marco regulador y la creación de unidades de Innovación Conjunta, "en las que los investigadores y las empresas trabajarán juntos para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la energía o la digitalización".
Igualmente, se fomentará la investigación en el seno de las empresas y éstas podrán acceder a incentivos para el desarrollo de proyectos experimentales orientados a satisfacer sus necesidades de producción o mercado.
Con respecto al mecenazgo científico, se propondrá, "dentro de lo que permita la Ley de Presupuestos", la elevación de los máximos de deducciones fiscales para los mecenas que inviertan en I+D+I o apoyen proyectos de este tipo. El Consejo del Mecenazgo en I+D+I, creado por esta ley, coordinará dichas iniciativas, "asegurando transparencia y alineación con los objetivos estratégicos de Andalucía".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gómez Villamandos ha explicado que el proyecto podría iniciar su tramitación parlamentaria a partir del mes de abril y estar finalmente aprobado a finales de 2025 o principios de 2026. La Consejería de Universidad deberá ahora someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) o del Consejo Consultivo, entre otros, para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento de Andalucía.