El grupo Por Andalucía (la marca andaluza de Sumar) ha presentado una denuncia en los tribunales por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de dos contratos para la gestión de viviendas para jóvenes ex tutelados, aquellos que vivían en centros de atención de la Junta para menores y que han cumplido ya la mayoría de edad, momento en el que reciben apoyo de la administración autonómica para completar su formación y facilitar su inserción laboral y su autonomía personal.
Según los datos que ha facilitado este miércoles la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la Junta habría inflado las necesidades del servicio en los pliegos de condiciones, lo que habría alterado el resultado de la adjudicación y disuadido a algunas entidades de concurrir a la oferta.
La diputada Nieto cree que este "amaño" le ha permitido a la ONG hacerse con las adjudicaciones en detrimento de otras organizaciones y empresas que no estaban en condiciones de ofrecer los mismos recursos. La parlamentaria ve una grave responsabilidad de la Junta en estas irregularidades ya sea por falta de control y negligencia o, si se demuestra, por connivencia con la entidad beneficiara de los contratos, que ascienden a algo más de 2 millones de euros.
"Los pliegos contenían una obligación económica para los eventuales licitadores que estaba inflada a más del doble del coste real que tenía el servicio que se prestaba". Por otro lado, la empresa no ha prestado el servicio contratado, destinando menos personal del dispuesto en las condiciones de la licitación", afirma Nieto en la denuncia a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
Además, la empresa "ha falseado la justificación de los servicios no prestados imputando distintos contratos al mismo personal".
En uno de estos centros, situado en Málaga, la ONG Inserta Andalucía se comprometió a la subrogación de 14 trabajadores, como se exigía en la licitación, pese a sólo 8 trabajaban realmente en el centro, de los cuales sólo 3 lo hacían a tiempo completo. Esa irregularidad está generando un "beneficio económico ilegítimo" a la empresa, sostiene la diputada de Por Andalucía.
Conflicto de intereses
Por otro lado, a juicio de Nieto, existe un conflicto de intereses ya que la mujer y el hijo del responsable de la Junta que actúa de interlocutor con las empresas trabajan en la ONG denunciada, "empleos que consiguieron tras la adjudicación de los contratos".
Según recoge literalmente la denuncia, "la persona referente habitual para la interlocución por parte de la Junta de Andalucía es el responsable del Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia de Andalucía, dándose la circunstancia de que tanto su esposa como su hijo fueron contratados por Inserta Andalucía en diferentes programas que la entidad gestiona en la provincia de Sevilla, una vez que fueron adjudicatarias de contratos públicos".
Por su parte, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se asegura a EL MUNDO que, tras recibir una denuncia, se activaron las herramientas de que dispone la administración para inspeccionar el servicio y obligar a la adjudicataria a cumplir las condiciones del contrato. Por otro lado, se niega "de forma categórica" que la persona que supuestamente tiene a dos familiares trabajando en la ONG bajo sospecha sea un alto cargo de la Junta ni haya tenido participación alguna en las adjudicaciones.