Un total de 36 familias que viven de alquiler en un bloque de pisos en la zona de El Calvario, en el centro del municipio malagueño Torremolinos, están viviendo una auténtica pesadilla y se encuentran al borde del desahucio a pesar de que pagan religiosamente su alquiler y sus contratos están, incluso, presentados en Hacienda. "No somos okupas, somos inquilinos responsables que pagan", explica a EL MUNDO una de las afectadas, Jimena Centurión.
Su permanencia en las viviendas en las que residen desde hace años está ahora en manos de un juzgado debido a que la promotora quebró y dejó de pagar el crédito que había pedido al banco para construir el edificio. Los vecinos no lo sabían, sus contratos los habían firmado con distintas empresas con las que la promotora tenía acuerdo, con el fin, dice el juzgado, de dificultar el proceso de ejecución bancaria.
Ahora, una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos considera que el acuerdo entre la promotora y la empresa arrendataria no es válido y por lo tanto, tampoco lo son los contratos de las 36 familias afectadas que, de pronto, se encuentran que no tienen título legal habilitante para residir en las viviendas.
Nadie se lo comunicó en su momento y ellos han continuado pagando su alquiler durante todo un año a una empresa a la que el juzgado había desautorizado. "Ellos lo sabían, nosotros no. Y, a pesar de todo, nos han seguido cobrando", se queja Jimena, convencida de que ese dinero lo han perdido.
Finalmente, el magistrado ha determinado "proceder al lanzamiento de los inmuebles", en base a que, como "no se aprecia la existencia de título que legitime la posesión por parte de las mercantilesarrendatarias, los contratos de subarriendo suscrito por éstas no pueden ser esgrimidos como título que legitime la posesión por el resto de ocupantes", es decir, de los inquilinos.
El último fallo judicial, emitido en enero de 2024, deriva del procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2018 por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración), al objeto de recuperar el dinero de un préstamo impagado.
Así, las viviendas de este bloque, como tantas otras de promotores que fueron a la quiebra durante la pasada crisis inmobiliaria, han acabado en manos de la SAREB, que el 22 de abril tenía previsto cederlas a un tercero para su venta.
Y todo esto, una vez más, sin que los inquilinos de este bloque supiesen nada. "Nadie nos ha comunicado nada en ningún momento, aunque el auto dice que debían hacerlo", comenta Jimena, que lamenta lo injusto de que los hayan mantenido al margen de una situación que ha puesto patas arriba sus vidas. Cuando se han enterado, se han organizado: "Hemos contratado un abogado y hemos empezado a presionar para no acabar en la calle", dice la mujer.
El Ayuntamiento media con la SAREB
La mediación del Ayuntamiento de Torremolinos con la SAREB ha permitido alcanzar un acuerdo y la entidad, participada en un 51% por el Estado, se ha comprometido a paralizar la cesión a un tercero de 29 de las viviendas cuyos inquilinos iban a ser desahuciados.
La SAREB ha trasladado al Consistorio que ha presentado este miércoles ante el juez un escrito para revertir la cesión de las viviendas a un tercero y paralizar así los desahucios.
El Ayuntamiento de Torremolinos, por su parte, ha informado del compromiso adoptado por la Sareb, si bien este traspaso queda pendiente de la justicia: "Ahora será el juez quien tenga que decidir sobre si la cesión continúa o se revierte para que la Sareb vuelva a ser la titular".