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Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha querido sumarse al conflicto abierto que el Ejecutivo autonómico mantiene con el Ministerio de Hacienda por la renovación del sistema de financiación, poniendo en duda la cifra de 422 millones de euros que el presidente regional, Jorge Azcón, apuntó que perdería su comunidad de eliminarse los criterios de despoblación y orografía en el nuevo modelo de reparto.
El representante gubernamental ha indicado que le gustaría "saber de dónde sale esa cantidad", por lo que ha solicitado "el origen del dato" para poder calcularlo. "Hay información fácil de rastrear, pero esa en concreto no", ha denunciado Beltrán, al que fuentes del departamento de Hacienda señalan que "las cifras aportadas sobre la merma están calculadas con los parámetros del anterior Ejecutivo", cuyo presidente era Javier Lambán.
En adición a la aclaración, desde el Gobierno autonómico aconsejan al delegado que "se centre en sus competencias y deje de ponerse al servicio de la secretaría general del PSOE de Aragón para hacer oposición y buscar la confrontación de manera constante".
Por otro lado, como valoración al resultado de la reunión del Comité de Evaluación, Beltrán ha señalado que la apertura de un plazo de un mes (decidida tras el rechazo en bloque de las comunidades autónomas gobernadas por el PP) para presentar nuevas alegaciones a la propuesta de Hacienda abre "una ventana de posibilidad", aunque, ha advertido, "debe ser aprovechada con la máxima responsabilidad". Por ello, ha pedido "rigor" a Azcón en el desarrollo de sus negociaciones con el Ministerio, después de que el presidente solicitase por carta una reunión bilateral con María Jesús Montero para abordar la cuestión.
Además, considera que las posibilidades de alcanzar un acuerdo pasan por la fórmula de reparto que se proponga, porque, según ha asegurado, "estamos abiertos a poner sobre la mesa cuestiones como la densidad de población o la distancia de acceso a los recursos, pero debe hacerse con un poquito de seriedad y un poquito de realismo".
Por último, el representante del Ejecutivo nacional en la región ha criticado la forma en la que el Gobierno de Aragón ha abordado la crisis demográfica durante esta legislatura y le acusa de "no tener un plan sobre la mesa" tras dos años de gestión. Por ello, solicita que "le expliquen, exactamente, a los ciudadanos cuál va a ser el destino de las cantidades previstas, teniendo en cuenta lo que podría aportar el Gobierno de España".