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El Consell de la República, entidad creada y dirigida por Carles Puigdemont desde 2018 para mantener vivo el procés desde Bélgica, ha elegido hoy, en un clima enrarecido, al sucesor del líder de Junts per Catalunya al frente de su presidencia. Será el abogado Jordi Domingo, que se ha impuesto con rotundidad, con el 65,86% de los votos, a mucha distancia de Toni Comín (9,19%), en tercer lugar.
De un censo de 89.474 personas, únicamente han participado en la votación 8.108 miembros, un 9,06% del total. El vencedor, arropado por el entorno del ex president, fue uno de los impulsores del proyecto de redacción de una Constitución catalana durante el proceso soberanista.
Comín, ex consejero de Salud de la Generalitat, era el rostro más conocido de los cuatro aspirantes que optaban a relevar a Puigdemont, que abandonó el pasado noviembre la jefatura tras ser proclamado nuevamente presidente de JxCat en el congreso celebrado en octubre en Calella (Barcelona). La activista Montserrat Duran (22,77%) y el profesor Antoni Walter Castelló (1,98%) eran los otros dos rivales del eurodiputado electo de Junts (no tiene el acta por su situación legal) para convertirse en el principal mando de una organización que acumula un largo año de polémicas y luchas intestinas.
El Consell con sede en Waterloo y organigrama parainstitucional (con un equipo de gobierno y una asamblea) inició el pasado sábado un proceso electoral que ha concluido hoy, con la proclamación del ganador, un resultado que será oficial el 17 de febrero tras concluir el periodo de reclamaciones. El hasta hace tres meses vicepresidente Comín estaba en el punto de mira, por causas diversas, en una asociación con cada vez menos influencia en el universo independentista.
En paralelo al adelanto electoral, una auditoría encargada por la entidad que nació para ser «garante del mandato del 1 de octubre» reveló presuntos gastos no justificados de Comín por valor de 15.530 euros. En un segundo informe pericial, el auditor los consideró justificados, lo que fue atribuido por la Junta Gestora del Consell de la República a las «presiones recibidas». El ex conseller del Govern de Puigdemont que organizó el referéndum ilegal de 2017 también fue protagonista, hace menos de dos semanas, por otro asunto, aunque ajeno al Consell. Un ex asesor de Junts en Bruselas lo denunció ante el Parlamento Europeo por presunto acoso psicológico y sexual, algo que Comín negó y enmarcó en una campaña de desprestigio.
Sin ERC ni la CUP
Pero las disputas en el seno del Consell de la República no son obra nueva. La crisis que la entidad empezó a vivir hace casi dos años acabó por convertir el 2023 en su annus horribilis y confirmó el fracaso de su pretendida relevancia en el independentismo, con el objetivo naciente de liderar el procés por encima de los partidos. Una estrategia bajo la que Esquerra Republicana y la CUP vieron desde el principio la mano de Junts y descartaron sumar fuerzas.
En pleno mes de agosto de ese año, un sector crítico se enfrentó por primera vez al grupo dirigente de Puigdemont por la reforma que desapoderaba a la Asamblea de Representantes, el Parlamento oficioso dentro de la Generalitat en el exilio ideada por el líder neoconvergente tras su fuga a Bélgica después de la declaración de independencia. El grupo contestatario, que representaba una cuarta parte de esa cámara, lanzó ya entonces las primeras sospechas sobre Comín, a quien acusó de «autoritarismo», «gastos innecesarios» y beneficiar económicamente a personas «de su entorno» con dinero de la entidad.
En medio del encendido debate sobre su funcionamiento interno, el Consell organizó una votación en octubre sobre el papel que debían jugar JxCat y ERC en la investidura de Pedro Sánchez. Mientras Puigdemont capitaneaba las negociaciones de los neoconvergentes con el PSOE, el 75% de los socios optaron por reclamar a las fuerzas independentistas un bloqueo que forzase la repetición electoral. El posterior acuerdo de JxCat con los socialistas hizo más que evidente la poca utilidad de una entidad que Puigdemont había asegurado, en su proclamación como presidente en 2022, que priorizaría por encima de su partido, del que incluso abandonó la jefatura orgánica pocos meses después.
El declive del Consell se une a la progresiva pérdida de apoyo electoral de los partidos independentistas, fuera del poder autonómico desde el año pasado, y a la crisis de otras entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se ha quedado sin un 25% de los socios que tenía en 2019 (de 40.000 a los actuales 30.000).