"Llegaremos hasta el final", aseguraba este miércoles el presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, preguntado por el posible plan de incentivos que ha deslizado el Gobierno para contentar a Junts y facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que huyeron en su día del procés independentista. Y hasta el final, en el caso de la Generalitat Valenciana, será el Tribunal Constitucional. Porque en juego está no solo la permanencia en la Comunidad Valenciana de 974 empresas catalanas que a todos los efectos son ya "valencianas" -en palabras de Mazón-, sino la sede social de dos de los bancos más importantes: CaixaBank y Banco Sabadell.
El presidente valenciano, que se pone así al frente de la revuelta autonómica contra las negociaciones con Junts, ha avanzado que la Abogacía de la Generalitat trabaja ya en un posible recurso de inconstitucionalidad que se presentaría "de manera urgente" en caso de que saliera adelante lo que para Mazón es un "bochorno". "El nacionalismo ha fracasado y ya solo le queda la extorsión", ha lamentado sobre la exigencia de Junts de multar a las empresas que rechacen volver a trasladar su sede a Cataluña, como sería el caso de las dos entidades financieras, hoy instaladas en Valencia y Alicante.
"Vamos a defender a las 974 empresas que ya son de la Comunidad Valenciana", ha insistido Mazón, que en todo momento ha evitado referirse en concreto a CaixaBank o Banco Sabadell. En este sentido, también la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha sido clara en una intervención en el Forum Europa-Tribuna Mediterránea a la hora de criticar la "ilegalidad" e "inconstitucionalidad" que hay tras el planteamiento de Junts. "Es saltarse todas las líneas rojas", ha dicho, por lo que ha confirmado que desde el consistorio se "protegerá por todas las vías a cualquier empresa que se haya instalado en Valencia". Incluida CaixaBank.
"Nosotros no vamos a permitir que se extorsione o que se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas", ha insistido Mazón en dicho encuentro a preguntas de los periodistas. De hecho, no ha evitado insinuar que ya se ha puesto en contacto con las principales empresas: "Estoy hablando con todas, y todas implica todas", ha querido matizar. "Son conversaciones que están resultando muy fructíferas y muy satisfactorias para su permanencia", ha afirmado Mazón.
Pero Mazón ha ido más allá para anunciar en paralelo un "plan de estabilización" para las compañías que ya se han instalado en la Comunidad Valenciana, con "impuestos bajos" y "burocracia cero". Y una última medida: "Hago públicamente un llamamiento para las empresas catalanas que buscan un entorno amable y no de multas ni coacciones para que vengan a la Comunidad Valenciana. Les esperamos".
Por otro lado, el PP ha registrado en las Cortes Valencianas una proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia para el respeto a "la libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado". El portavoz parlamentario, Miguel Barrachina, ha explicado que la proposición pide tres cosas: "Que se respete la libertad de las empresas que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunidad Valenciana; que el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras y que no se cambie la ley de sociedades a petición de sus socios de Junts para tratar de que las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña libremente tengan que retornar forzadamente".
"Nos preguntamos qué van a hacer los socialistas valencianos cuando Junts exija el cumplimiento de lo firmado en los acuerdos de gobernabilidad", ha dicho Barrachina.