El debate sobre el impacto del turismo masivo en Valencia no es nuevo en la ciudad. Pero sí la medida que ha puesto sobre la mesa este viernes la alcaldesa de la capital valenciana, la popular María José Catalá, que por primera vez plantea abiertamente la necesidad de poner límites a los megacruceros. En concreto, a lo que se entiende que funciona como auténticas "ciudades flotantes" y que descargan en las ciudades a miles de turistas en un solo día.
En un foro organizado por Las Provincias, la alcaldesa del PP ha avanzado su intención de prohibir los megacruceros a partir de 2026, de forma que no puedan atracar en el Puerto de Valencia. "Las ciudades flotantes son malas", ha resumido Catalá. Pero "los cruceros más reducidos con otro tipo de perfil que generan riqueza para la ciudad se mantendrán", ha matizado.
Fuentes municipales apuntan a que el objetivo del consistorio es apostar en serio por un "turismo de calidad y sostenible", por lo que no se prohibirán de manera indiscriminada todos los cruceros. El veto, por tanto, llegará únicamente a los cruceros que se considera que no tienen prácticamente retorno económico para la ciudad, aunque no se ha concretado el número de pasajeros a partir del que se prohibirían determinadas embarcaciones.
Catalá, de hecho, ya ha comunicado la decisión a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, con la que se está colaborando para implementar una medida así. Hasta el punto de que, según las fuentes consultadas, la prohibición de megacruceros no se puede acometer antes de 2026 porque, según ha esgrimido el Puerto, 2025 ya está comprometido con las navieras.
Solo para este 2024, la previsión de la Autoridad Portuaria de Valencia contempla que se superen los 821.000 cruceristas, que llegarán a bordo de 287 embarcaciones. La cifra de pasajeros supone prácticamente doblar a la que se recibía antes de la pandemia, pues en 2019 fue de 436.000. El MSC Grandiosa, por ejemplo, trajo en abril 6.334 personas a bordo.
Pero esta no es la única decisión de calado en materia turística de la alcaldesa, a la que la oposición lleva semanas pidiendo que ponga orden en la proliferación de pisos turísticos. Catalá ha confirmado también que el próximo martes el consistorio aprobará una moratoria, es decir, la suspensión temporal de nuevas licencias de apartamentos turísticos durante un año, prorrogable por otro más, en línea con otras ciudades como Madrid.
La suspensión afectará a casi toda la ciudad por el casco histórico de Ciutat Vella ya tiene en vigor una medida de este tipo, mientras que el barrio del Cabanyal cuenta con una normativa ad hoc. Según fuentes municipales, "afecta principalmente a viviendas en comunidades de propietarios y bajos porque los edificios dedicados en exclusiva a apartamentos turísticos son una actividad económica equiparable a un hotel".