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El Ayuntamiento de Valencia, dirigido por la popular María José Catalá, mostró ayer el grueso de las medidas que marcarán la actividad municipal, medio centenar marcado especialmente por la crisis de la vivienda, el turismo y el urbanismo, además de algunas medidas de conciliación social como el cheque bebé de 300 euros que se concederá a las familias a partir del 1 de enero de 2025. Fue en el marco del Debate sobre el Estado de la Ciudad, entre acusaciones de los partidos de la oposición, Compromís y PSOE, y rifirrafes de sus portavoces con Vox.
La alcaldesa hizo un repaso a su gestión durante el primer año, en el que aseguró haber recuperado "la luz de Valencia, después de años donde esta ciudad estaba apagada por falta de ambición y de trabajo", y comenzó sus planes de futuro con la vivienda. "Veo con preocupación como esta ciudad se tiene que enfrentar a la mayor crisis social de la última década, derivada de la inacción del anterior gobierno", a quienes reprochó no haber puesto en marcha mas que 14 viviendas públicas y 31 alquileres sociales en ocho años.
Catalá anunció que activará una gran bolsa de suelo en la pedanía de Benimamet de 402.675 m2 y con una edificabilidad de 461.266 m2 de techo. "En esta nueva bolsa de suelo se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las cuales casi 1.000 será de protección pública", aseguró. Además, ha cerrado permutas de suelo municipal para la construcción de vivienda protegida en la Fuente de San Luis y ha recordado que el PAI de Benimaclet y de El Grao estarán en marcha junto a otros 14 "que suponen todos ellos la construcción de 13.966 nuevas viviendas, de las que 11.156 eran de renta libre y 2.810 de protección".
En este sentido, el Ayuntamiento tiene previsto la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de los años 80, para facilitar el crecimiento de la ciudad. Como prioridad se revisará el "área funcional" de los barrios de Tendetes, Zaidia y Marchalenes para agilizar la ampliación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). La intención del hospital es contar con 1.400 metros cuadrados para mejorar sus instalaciones.
Ligado al problema de la vivienda, apareció en el debate el impacto que los pisos turísticos, tanto por el crecimiento en número como por el impacto en los precios del alquiler en toda la ciudad. Este reproche fue eje de las intervenciones del portavoz socialista, Borja Sanjuán, que acusó a la alcaldesa de "vender Valencia a trozos", y de Papi Robles (Compromís), que pidió la prohibición de todos los apartamentos turísticos.
Catalá anunció que el Ayuntamiento ordenará el corte de la luz, el agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales de la ciudad. Recordó la alcaldesa que el incremento de las inspecciones, 449 en 2024, han concluido con la orden de cierre de 278 alojamientos. Además, el consistorio solicitará a la Generalitat las competencias sancionadoras, que pueden alcanzar los 600.000 euros. "La actividad irregular es el verdadero problema", aseguró Catalá, que calificó de "gran error" que la oposición hubiera autorizado la ubicación de apartamentos en bajos comerciales.
"El turismo es un sector fundamental para la economía de nuestra ciudad. Aporta el 15% al PIB. Por tanto, hay que cuidarlo. Pero también tenemos claro que esta ciudad no puede morir de éxito. Necesitamos ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad", aseguró la líder popular, que miró de nuevo a los cruceros.
El Ayuntamiento creará un grupo permanente de trabajo de cruceros entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector para "ordenar el tráfico de cruceros". A partir de 2026 se priorizará a los buques que utilicen Valencia como puerto base, es decir que hagan noche en la ciudad, no habrá atraques simultáneos en un mismo día y se apostará por aquellos buques que sean "menos numerosos en el pasaje pero tengan un mayor impacto económico en la ciudad".
Planes de incendios y fachadas
La alcaldesa comenzó su discurso recordando "la mayor tragedia que ha vivido Valencia en este año", el incendio de Campanar. Agradeció la respuesta de todos los servicios municipales y de la ciudanía, y anunció que creará la Medalla de la Gratitud, "la primera de la Democracia y creo, sinceramente, que el río de solidaridad que nos ayudó a afrontar esta tragedia merece este reconocimiento".
Pero habrá más medidas. La primera la obligación de cualquier constructor que solicite licencia de presentar una ficha de intervención operativa, un documento que resume la información básica que necesitan los bomberos para tener "a golpe de vista" y en cuestión de segundos cómo está configurado el edificio para poder diseñar y planificar la estrategia de trabajo ante un incendio o una explosión.
La segunda, bonificar el 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para comunidades de propietarios que quieran cambiar su fachada por tener el material y características similares al edificio de Campanar.
Serrería, financiación y capitalidad verde
En el discurso de la alcaldesa también hubo mensajes para el Gobierno central. El primero, para el soterramiento de las vías de Serrería. "Valencia debe poner fin a la cicatriz ferroviaria que existe entre Penyarroja y el Grau; y no vamos a aceptar en ningún caso ninguna alternativa que no suponga el soterramiento de las vías. Este Ayuntamiento ha dado al Gobierno, en sólo 1 mes, toda la información necesaria para avanzar. Estamos dispuestos a adelantar 10 millones de euros para pagar el proyecto de ejecución de obras, y, por supuesto, a financiar las mismas con un reparto equitativo del coste; pero antes el Gobierno debe cumplir con su palabra y finalizar el estudio informativo de alternativas. Y eso lo quiero ver con los Presupuestos Generales del Estado. Si no, será un nuevo desprecio del Gobierno a nuestra ciudad", aseguró.
También reprochó que no haya considerado aún la Capitalidad Verde como evento de especial interés, favoreciendo la inversión privada por los beneficios fiscales, algo que sí ha hecho con la Copa América en Barcelona o el Gran Premio de F-1.
La tercera es la necesidad de reformar la financiación local. "Y voy a lanzar una primera propuesta necesaria: la modificación de la Ley de las Haciendas Locales, con el objeto de garantizar una mayor participación de los Ayuntamientos en los Ingresos del Estado. El porcentaje correspondiente a la financiación local se debe de detraer directamente de los Ingresos del Estado, de forma totalmente independiente de la financiación autonómica", sentenció.
Acusaciones a Vox
Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, instaron a la alcaldesa a ser "valiente" y a expulsar de su gobierno a las "voces machistas" y "discriminatorias", en referencia a Vox.
Esto provocó un cruce de acusaciones entre el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Juanma Badenas, y el socialista Borja Sanjuán, que hizo alusiones durante su intervención a que la concejala de Vox Cecilia Herrero "está siendo investigada por sus 'tuits' racistas y el señor Badenas ha acabado con las políticas al fomento del empleo de la mujer en València Activa". Ante las protestas desde la bancada de Badenas, que acabó abandonando el hemiciclo durante la intervención del portavoz del PSOE, Sanjuán le llamó "fascista" y "cobarde".
Tanto Herrero como Badenas pidieron que retirara sus palabras, a lo que Sanjuán se ha negado, por lo que han anunciado que ejercerán las medidas oportunas en los tribunales.
No fue el único altercado. Badenas protestó ante la intervención de dos presentantes de colectivos que participaron en el pleno, València Acull y la Coordinadora Feminista, al aludir a los mensajes de odio y las políticas antifeministas. En su última intervención, la portavoz de Compromís, Papi Robles, aludió a que el concejal de Vox había salido del pleno a amedrentar en los pasillos a estos colectivos.