Su desgracia comenzó con su primera menstruación. Tan sólo tenía 13 años, pero su familia entendió que ya estaba preparada para cumplir con su "esencia de mujer" y convertirse en esposa y madre. Encontraron al pretendiente ideal: un hombre que la protegería y que tendría los recursos para pagar su "dote" y mantenerla. Él tenía 47 años. "Abusaba de ella cada vez que podía, le decía que podía hacerlo porque había pagado por ella".
Jazmín Romero Epiayú, miembro de la comunidad indígena wayú en Colombia, cuenta a Crónica uno de los tantos testimonios que le han confiado mujeres que, siendo niñas, fueron forzadas a casarse. Jazmín es una activista feminista que lucha por la eliminación de prácticas abusivas contra la infancia y la mujer. Ella celebra que, tras nueve intentos fallidos, el Congreso aprobó una ley que elimina las uniones tempranas y el matrimonio infantil, permitido en su país desde los 14 años con la autorización de los padres.
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Según el relato de Jazmín, presidenta de la Fundación Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayú, ese hombre "le pegaba todos los días" a aquella muchacha. Ella quedó embarazada a los 14. Escapó, pero él la llevó de vuelta a su infierno. La familia de ella tuvo que pagarle a él "por la falta" y, encima, sufrir las reprimendas por haber huido. A los 15 tuvo a su primer hijo. Al año siguiente ya estaba embarazada del segundo. "Me contaba que él la violaba constantemente". Con su primogénito en brazos y el segundo en la barriga, la colombiana volvió a huir, esta vez a Venezuela.
"Sí, mi cultura es demasiado hermosa, pero tiene muchos líos de violencia basados en género", reconoce Jazmín, quien ha sido "vetada en muchos aspectos" de su comunidad por defender ideas contrarias a lo que estipulan los wayús en cuanto al rol de la mujer. "Si no cumples esas reglas, te desechan". Sin embargo, ella no renegó de su cultura y sólo se propuso eliminar las prácticas que, bajo el paraguas de la tradición, constituyen violaciones a derechos humanos.
Pero en Colombia el matrimonio infantil no afecta sólo a la comunidad indígena. "Se estigmatiza que son pueblos indígenas y que sólo pasa allá por tradición, pero resulta que todas las personas tenemos prácticas que van en contra los derechos de la niñez", puntualiza María Fernanda Ariza, directora de lineamientos técnicos de Fundación PLAN. Y es que, al estar amparado en un artículo del Código Civil, vigente desde 1887, se legitimaba y se daba vía libre a que los menores se casaran.
María Fernanda comparte algunas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): "Los departamentos donde hay más matrimonios y uniones infantiles forzadas y tempranas en menores de 14 años son Antioquia, Atlántico y Bolívar", siendo la propia capital, Bogotá, una de las ciudades con más casos. "La mayoría se da en zonas rurales".
Desde Fundación PLAN, uno de los organismos que impulsó el proyecto de ley aprobado en el Congreso, comparten una de las historias que llegó a la organización. "Lo preocupante es que ella no llegó como víctima. Ella llegó porque su hijo de dos años estaba enfermo. Ahí nos damos cuenta de que tiene 15 años, que su pareja tiene 34. Es decir, fue violada con 12 años. Ella en ningún momento habló de violencias, de malos tratos o que se sintiera mal. Ni siquiera era consciente de haber sido violentada".
Ángela Anzola de Toro, presidenta de la Fundación PLAN, explica por qué la sociedad colombiana permitía esta práctica. "Son factores sociales, culturales y económicos que ayudan a que estos matrimonios se den y se perpetúen... Problemas de desigualdad económica, de pobreza, de exposición a violencias, de deserción escolar, todo eso posibilita que se den estas cosas... Es como una condena ser una mujer pobre o una mujer rural en Colombia". Aclara que esta situación "afecta también a los niños, pero es mucho más prevalente en las niñas: tres veces más".
Andrea Tague, oficial de género de Unicef, señala que no es usual que los matrimonios o uniones maritales de hecho se den entre menores de la misma edad. Suele darse entre niñas y hombres adultos. "Sabemos que hay una simetría de poder importante, que el 70% de las niñas que se unen están con hombres que superan su edad entre seis, 30, 40 años".
Dentro de las distintas formas de violencia que atraviesan estas menores, también está el trabajo infantil. Andrea detalla que estas niñas "son obligadas a desarrollar todo el trabajo de cuidado de los hogares", e incluso fuera de él. "Tienen que asumir jornadas de trabajo desde las tres de la mañana".
En un informe de Unicef titulado Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia, publicado en 2022, la organización realizó un análisis profundo sobre cómo esta ley que permitía el matrimonio o las uniones desde los 14 años perjudicaba a la infancia. El artículo cuenta con testimonios desgarradores de las víctimas. Este es uno de ellos: "Yo tenía 13 y el señor tenía 25 años, yo tuve a mi bebé de 14 años. Yo a esa persona nunca lo quise. Fui maltratada por su mamá, por su familia, porque me llamaban a las dos o tres de la mañana a moler maíz y me enviaban a vender una caja de huevos cocidos".
Implicación de la sociedad
La presidenta de Fundación PLAN detalla los motivos por los que la ley amparaba el matrimonio infantil en el país. En primer lugar, "porque son prácticas relacionadas con las normas sociales y normas de género que existen acá". Ello, continúa, "responde a las expectativas de lo que es ser mujer en nuestra cultura. Se glorifica la maternidad como algo a lo que todas deberíamos aspirar y que estamos inequívocamente mejor configuradas que los hombres para el cuidado del hogar".
A su vez, las organizaciones señalan que esta práctica tiene que ver con la "sexualización de los cuerpos de las niñas en el país". Lo que va aunado a que "hay muy poca educación sexual integral", como especifica María Fernanda, "las personas que están ubicadas en las zonas urbanas tienen más acceso, pero las personas que están en entornos rurales nunca han escuchado hablar de eso".
Desde Unicef indican también que el embarazo precoz es una causa a la vez que consecuencia de una unión o matrimonio. Muchos padres obligan a sus hijas embarazadas a casarse "para no mancillar el honor de la familia". Andrea precisa que "en Colombia las uniones se dan en mayor proporción que los matrimonios. En las uniones son, más o menos, una de cada niña entre 10 y 14 años; y 1 de cada 5 en adolescentes".
Además de que las familias o padres obliguen a sus hijas a casarse, en ocasiones son las propias niñas las que quieren hacerlo y toman la decisión de irse con un hombre adulto para evadir sus realidades, sin ser conscientes de que existen otras alternativas. "Muchas niñas ven en la unión con hombres una oportunidad para salir de la situación de violencia que sufren en sus hogares", detalla Andrea.
Jennifer Pedraza, una de las congresistas que impulsó la eliminación de la ley que permitía el matrimonio infantil, considera que tuvo que erradicarse hace mucho. "Es increíble que llevemos más de un siglo sin cuestionarnos esta realidad como Congreso. Ya hubo intentos fallidos porque teníamos normalizadas la pedofilia, las relaciones con menores y tan asociado el sexo al matrimonio".
Según las expertas en el área, muchas familias colombianas conocen de cerca algún caso de matrimonio infantil, incluso en sus antepasados. Durante el debate para aprobar el proyecto de ley, Jennifer comparte que "la senadora Marta Peralta contó que su mamá la había tenido a los 15 años y que su papá tenía 63 años".
La congresista asegura que "esto se volvió un asunto multipartidista", aunque "hubo sectores progresistas en contra. De hecho, el presidente de Colombia se opuso al proyecto como senador". En 2020, Gustavo Petro manifestó que "la ley no puede prohibir las hormonas. La mujer colombiana hoy no se deja llevar por los padres. Actúa de acuerdo a las hormonas".
Para que la ley sea una realidad sólo quedan dos pasos. El primero es la conciliación, "donde se decidirá cuál texto se acogerá, si el de la cámara alta o el de la cámara baja. Nosotros vamos a pedir que sea el dela cámara alta porque es el más sólido, explica la congresista. El último paso depende de Gustavo Petro, quien decidirá si sanciona o no la ley. Muchos temen que no finalice el proceso. No obstante, políticos y activistas confían en que así será, especialmente gracias a la presión social y a que la mayoría de los colombianos están aliviados.
"Mientras tú lo permites, renuncias al objetivo de erradicar esa práctica... Esto es un mensaje contundente a todos los colombianos. Le decimos a cada hogar de este país que no lo permitimos, que está mal. Es el primer paso para la batalla cultural", finaliza Jennifer Pedraza.