Los jardines de La Moncloa se han engalanado este miércoles para escenificar el último acuerdo alcanzado en materia de pensiones. Casi dos meses después del pacto en la mesa de diálogo social, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado a los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales para plasmar sus firmas en un documento que ya es papel mojado porque no cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso necesaria para sacarlo adelante. Ni siquiera con el de los socios de la coalición progresista, que han pedido modificaciones.
Una foto inusual -pero perfectamente orquestada- que no se repetía, al menos, desde hace tres años, cuando el diálogo social brotaba acuerdos a borbotones tras el estallido de la pandemia y el despliegue de las reformas vinculadas a los fondos europeos de recuperación. Con la única presencia de cámaras para inmortalizar el momento y sin preguntas de periodistas, Sánchez ha firmado el acuerdo con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el de la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT; Unai Sordo y Pepe Álvarez, y en presencia de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
En una breve comparecencia, el jefe del Ejecutivo -el único que ha pronunciado unas palabras- ha agradecido la presencia de los agentes sociales en La Moncloa y su esfuerzo para rubricar este acuerdo, el cuarto tripartito desde el año 2020, "producto de la buena política que estamos impulsando desde el Gobierno de coalición progresista", ha destacado. Más que en el contenido, que ha asegurado que va a "mejorar la vida de la gente" y "construir una sociedad más justa", el presidente se ha centrado en el valor del diálogo social en las reformas adoptadas desde la crisis del Covid y ha asegurado que gracias al impulso de medidas en materia económica, laboral y de pensiones, el PIB se ha recuperado con fuerza, hasta el punto de que ha avanzado que, previsiblemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a revisar al alza el crecimiento de los últimos años.
Lo que han firmado este miércoles con el presidente del Gobierno es el texto pactado el pasado mes de julio con la ministra Saiz, que tomó el relevo del actual presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, en el último tramo de la reforma de las pensiones relativo a las modificaciones en la jubilación parcial, que permite compatibilizar salario y pensión; la jubilación anticipada en ocupaciones especialmente peligrosas; el papel de las mutuas en los diagnósticos de incapacidad temporal o la cotización de los trabajadores fijos-discontinuos.
El problema es que ese texto nace sentenciado de muerte, porque el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante el grueso que requiere de modificaciones legislativas. Es más, sus propios socios parlamentarios de partidos nacionalistas como ERC, Bildu o BNG ya manifestaron su rechazo a la ministra Saiz la semana pasada en la Comisión del Pacto de Toledo y exigieron cambios en la norma.
Catalanes, vascos y gallegos se quejan de que el Ministerio no ha explicado la reforma en la comisión parlamentaria hasta el último momento y de que, a día de hoy, tampoco les ha presentado una memoria que recoja el impacto económico de las modificaciones que plantea el acuerdo. Sólo en el acceso a la jubilación anticipada para determinadas actividades consideradas penosas o peligrosas el agujero en las arcas públicas será considerable, ya que la Seguridad Social dejará de ingresar las cotizaciones de los trabajadores que se jubilen con antelación y tendrá que abonarles una pensión.
El otro frente: la reducción de la jornada
Tras la solemne firma en La Moncloa los sindicatos se han dirigido a la celebración de una asamblea conjunta en la que buscan presionar tanto al Gobierno como a los partidos políticos para la aprobación de otra de las reformas que en estos momentos tampoco está garantizada y que es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La CEOE por ahora se niega a pactarla y CCOO y UGT temen que no salga adelante en el Congreso con un acuerdo sólo bipartito.
Por eso el otro foco de la actualidad laboral se encuentra hoy en Barcelona, hasta donde se ha desplazado la vicepresidenta Yolanda Díaz para tratar de convencer a las patronales catalanas de que muevan hilos con Junts, el otro socio 'rebelde' del Ejecutivo por el conflicto abierto con Carles Puigdemont, e intentar arrancar su apoyo a la reforma.
La primera cita de este miércoles está prevista con el presidente de la patronal catalana de las pymes Pimec, Antoni Cañete. Por la tarde la ministra de Trabajo mantendrá un encuentro con algunos de los principales sectores en los que repercutiría la eventual reducción de la jornada laboral. Y ya mañana, jueves, se reunirá por la mañana con la dirección de Foment del Treball y por la tarde con el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa.