Sacar a la cuarta economía de España del lodo. Es el gran reto que va a ocupar al Gobierno, o más bien, al Estado, en los próximos meses. El fango de la DANA ha arrasado hasta el último rincón de una comarca industrial que supone nada menos que un tercio de la economía valenciana y más de un 25% del empleo. Un terreno empresarial que ocupaba, en su mayor parte, el pequeño negocio. Una tierra de clase trabajadora en la que la actividad ha pasado de 100 a 0 de la noche a la mañana. La riada deja un escenario catastrófico en términos humanos y también económicos. Y reconstruirlo va a implicar a todos los poderes estatales y autonómicos en una ardua tarea en la que la coordinación entre administraciones va a ser clave. La hoja de ruta marcada por el primer paquete de ayudas millonarias va en la dirección correcta, pero el esfuerzo de gestión que va a requerir la necesaria agilidad en la canalización del dinero es mayúsculo. Cuanto más se demore la reconstrucción, mayor será el daño en términos de tejido productivo y de empleo, y sus consecuencias para las debilitadas economías familiares.
El Gobierno central ha avanzado los primeros 10.600 millones de euros para la reconstrucción de un total de 78 municipios (75 en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y uno en Andalucía). El paquete incluye 838 millones para pymes y autónomos, 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), aplazamientos de impuestos y exenciones fiscales, la cobertura del 100% de los gastos de emergencia en los que incurran los ayuntamientos de las poblaciones más afectadas y distintas prestaciones sociales, incluidos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el cese de actividad. Además, incorpora mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas para cubrir las rentas de los más vulnerables... Y, sobre todo, el respaldo del potente Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía que asume las indemnizaciones en situaciones extraordinarias de catástrofe que no cubren las aseguradoras.
En una primera lectura, los empresarios han dado la bienvenida a este salvavidas gubernamental y han valorado especialmente la activación de líneas de ayudas directas, más allá de los ERTE o los créditos blandos, que más bien les recuerdan al escudo social pandémico activado hace más de cuatro años. "Esto no es el Covid", es la afirmación que resonaba en todas las patronales en los días previos a la publicación de las medidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No en vano, cuando en mayo de 2020 los trabajadores volvieron a los puestos que ocupaban en sus empresas antes del cierre total por la irrupción de la pandemia, en las oficinas permanecían intactos los despachos y ordenadores, en las fábricas aguardaban las máquinas y en las tiendas seguía el producto que allí quedó antes del confinamiento. Pero los trabajadores valencianos, en muchos casos, no tienen siquiera puesto de trabajo al que regresar. Todo ha quedado arrasado por la DANA, sobre todo los pequeños negocios de autónomos que han visto sus locales prácticamente desaparecer entre montañas de lodo y todavía se dedican estos días a limpiar barro y tirar a la basura los medios de trabajo que han quedado completamente inutilizables.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, describe un escenario catastrófico. En conversación con Actualidad Económica, traslada dos mensajes principales. Primero, hace hincapié en que estamos hablando del "cinturón industrial de Valencia y de una fuerza laboral que no sólo concentraba la actividad en el comercio de barrio, sino que era mano de obra de zonas a las que ahora, en muchos casos, no pueden ni siquiera desplazarse". Explicar esto es necesario porque da cuenta de la magnitud del impacto económico en la región, más allá de las zonas inundadas. Por eso, antes incluso de referirse a la red de protección para las empresas, el empresario valenciano aporta un dato que es crucial para el diagnóstico: en el área devastada hay 100.000 perceptores del IMV y pensiones no contributivas. Muchos lo han perdido todo. "El Estado debe reforzar estas rentas porque si no, el día de mañana, cuando los negocios puedan reabrir sus puertas -los que puedan hacerlo, ya que lamentablemente muchos se quedarán por el camino- se encontrarán con que el poder adquisitivo de su clientela se habrá hundido", apunta.
La reflexión de Navarro no es baladí. Hila directamente con su segundo mensaje: "Las ayudas tienen que llegar cuanto antes, especialmente a los más vulnerables". Ahora sí, gira el foco hacia las empresas y advierte a las administraciones públicas -a todas: estatales, autonómicas y locales- de que la agilidad es crucial tanto en la toma de decisiones como en el reparto de las ayudas. Las barreras burocráticas estorban siempre, pero más en una situación como la que atraviesa el tejido empresarial valenciano en estos momentos. Su vicepresidente, Vicente Lafuente, advierte directamente de que la capacidad de regeneración se ve amenazada por la ausencia de dos elementos: uno físico y obvio, que son las infraestructuras, y otro inmaterial pero fundamental para engrasar el plan de rescate, que es la cooperación entre administraciones públicas. "Necesitamos agilidad y una inyección de ayudas directas para atender a lo más urgente, que es la reconstrucción de las infraestructuras", incide. Para ello, este primer paquete es fundamental, pero tendrán que venir más. "Hace falta un plan de inversión estructural", reclama, por su parte, Navarro.
Ambos coinciden en que, para resolver lo urgente, a la necesaria coordinación entre las distintas capas del Estado se debe incorporar la activación de mecanismos que faciliten esa agilidad para que las ayudas lleguen donde tienen que llegar. Y aquí emana uno de los principales problemas de gestión administrativa que ya se hizo evidente durante la crisis del Covid: la insuficiencia de medios humanos y materiales en las administraciones públicas para atender la avalancha de solicitudes de ayudas en todos los niveles. Para hacerse una idea, por ejemplo, sólo en el Consorcio de Compensación de Seguros, estamos hablando de un equipo de apenas 290 funcionarios que van a tener que gestionar un alud de decenas de miles de peticiones de indemnización. A cierre de esta edición se habían acumulado ya más de 70.000 solicitudes.
INFRAESTRUCTURAS
La destrucción causada por la DANA ha puesto de relieve, una vez más, la importancia de planificar las infraestructuras de la región para un fenómeno que ya se da por hecho que será no sólo cada vez más recurrente, sino también más intenso. El pronóstico apunta a Valencia -donde se recuerdan inundaciones como la de 1957, 1982, 1987, 2007, 2019...-- y al conjunto del arco mediterráneo. Tras el desastre de octubre de 2024, lo que crea ese pronóstico es un debate acerca de cómo conjugar el desarrollo de una comunidad autónoma como la valenciana, que con una densidad de población que duplica la media nacional es el cuarto territorio español en términos económicos, con el riesgo climático.
Es la magnitud y la devastación de la DANA y no el fenómeno en sí la que aconseja tomar medidas en las redes de transporte, en las hidráulicas y en las urbanísticas. En solo unas horas, el tsunami que bajó por los barrancos destruyó municipios, arrasó polígonos industriales, colapsó viaductos, puentes y carreteras, barrió las vías de cercanías y alta velocidad...
El balance de daños no se ha calculado aún pero el hecho es que las conexiones terrestres de Valencia con el resto del país quedaron prácticamente anuladas y siguen en recuperación. Las actuaciones de emergencia se centraron en restaurar la circulación en puntos críticos como el baipás de la A7, que habilita el tráfico de 77.000 vehículos al día -un 25% de ellos pesados- y conecta el Puerto de Valencia, del que entran y salen a diario 5.000 camiones, para integrarse en el corredor mediterráneo. La red ferroviaria ha quedado igual de damnificada. La conexión de alta velocidad con Madrid no se restablecerá hasta bien avanzado noviembre y la red de cercanías, que mueve a unas 50.000 personas a diario, quedó severamente perjudicada en alguna de sus líneas como la C3.
"Habrá que planificar y analizar la relación coste beneficio de las decisiones porque levantar infraestructuras que prevengan lo que está por venir puede aconsejar hacerlas mejor desde el punto de vista técnico pero en el lado económico o político es posible que se prefiera poner todo en marcha cuanto antes", explica Luis Mediero, profesor en el área de ingeniería Hidráulica en la Escuela de Caminos de Madrid.
Especializado en hidrología e investigador del cambio climático en el caso concreto de inundaciones asegura que, si hay que mirar un ejemplo de lo que consigue la planificación preventiva, basta con mirar el desvío del Turia. La infraestructura que ha salvado Valencia de una inundación se construyó tras las inundaciones de 1957. El proyecto de 12 kilómetros de largo y 200 metros de ancho, capaz de soportar una presión de 5.000 metros cúbicos por segundo y llevarla hasta el mar, a 3,3 kilómetros de la desembocadura original exigió una inversión que hoy ascendería a 1.400 millones de euros, de acuerdo con las herramientas de actualización de rentas del INE.
Salvó Valencia pero no su cinturón industrial, infraestructura económica en forma de polígonos y miles de empresas que, en cierto modo, creció gracias al propio canal. "En aquel momento, las zonas que ha devastado la actual DANA no tenían el desarrollo urbanístico actual", explica. Ribarroja de Turia, uno de los municipios más industriales, tenía 5.700 habitantes frente a los 22.000 actuales; Sedaví, 3.600 frente a los 10.500 actuales; Aldaya, 9.500 frente a 30.000 de hoy; Alfafar 4.500 contra los 22.000, Paiporta, 4.000 contra 27.000...
Es esta combinación de desarrollo y cambio climático -no está aún demostrado científicamente que la última DANA obedezca a este fenómeno, matiza- la que obliga a decidir cuál es la alternativa más adecuada, pero es evidente que hay que adaptar las infraestructuras hidrológicas, de transporte y urbanísticas a los nuevos tiempos.
En lo que se refiere a las primeras, si el canal que se desvió es el mejor ejemplo de prevención, existen otras alternativas que han funcionado, como las presas y embalses que laminan las avenidas de agua, reduciendo las inundaciones. En el transporte, de manera inevitable habrá que reforzar todos los puentes y viaductos, la pieza más dañada, de cara al impacto de trombas de agua periódicas, así como construir más obras de drenaje, tubos que permitan el cruce de cauces más pequeños ya que en esas cuencas es donde, asegura, incidirá más el cambio climático. En cuanto al urbanismo, Mediero recuerda que existe una guía oficial sobre edificación en zonas inundables pero en cualquier caso señala que las poblaciones más vulnerables deberían construir de manera preventiva, por ejemplo, entradas a garajes con contrapendientes, casas unifamiliares donde se tenga en cuenta que las plantas bajas, con sus sistemas eléctricos, pueden inundarse.
Reconstruir
"Es todo muy reciente y los datos tampoco los tenemos muy claros", reconoce David Cuberes, profesor de Economía de la Universidad de Clark. "Evidentemente, lo más triste de todo es el lado humano, pero desde un punto de vista económico, la mayor destrucción ha sido en términos de capital: de infraestructuras, carreteras, puentes, electricidad, alcantarillado...", contextualiza. Y ahí, explica, el coste económico será enorme. Sin embargo, la recuperación tras una tragedia puede llegar antes de lo esperado.
"La población se recupera rápido", detalla el profesor, que tras el huracán Irma ya estudió la relación entre desastres naturales y crecimiento económico. Normalmente, continúa, la gente vuelve incluso aunque el shock sea aún mayor que la DANA, como es el caso de terremotos o incluso grandes guerras: "En Hiroshima y Nagasaki la gente volvió relativamente pronto". "Cuando ha habido grandes shocks la gente ha vuelto relativa y sorprendentemente rápido y la explicación es que la gente realmente quiere estar allí", describe.
"Como economista yo diría que esto es una oportunidad de intentar hacer las cosas mejor", apunta Cuberes, siempre recordando que, de momento, "la prioridad es ayudar a recuperar las infraestructuras y dar ayudas a las familias". "Este tipo de shocks te permiten reestructurar, organizar mejor, hacer estructuras más racionales", continúa, como ocurrió en Chicago tras el incendio que arrasó la ciudad en 1871: "Se aprovechó para hacerlo todo más eficiente y hasta más bonito; es verle el lado positivo a esto delante de todo el desastre".
Eso sí, el profesor recuerda que para lograrlo "tiene que venir siempre con mucha intervención del Gobierno". El Ejecutivo debe actuar tanto a corto como a medio y largo plazo. Así, lo primero debería ser recuperar toda la infraestructura que permita después ir resurgiendo poco a poco todo lo demás. En este sentido, Cuberes aboga también por "involucrar a las empresas también, al sector privado, para que inviertan en estas zonas", si bien cree que puede ser "más complicado". Un riesgo que puede darse es que, "no tanto la gente", pero los comercios y las empresas de estos pueblos decidan moverse a otro lado, a una zona más poblada "donde no vaya a pasar o sea menos probable que pase esto", incide. Esto paralizaría la recuperación y empujaría a los ciudadanos a abandonar la zona. "El Gobierno, si realmente no quiere que se muevan estas empresas, debe dar incentivos para que se queden".
José Manuel Corrales, Profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, cree que es pronto para ponerle cifras a la catástrofe y a la recuperación, pero tomando como punto de partida los 31.400 millones de euros que pidió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, resalta que "es evidente que estamos ante una reconstrucción de gran envergadura" que supone "reconstruir desde cero prácticamente algunos pueblos" y con "un tejido empresarial que abarca casi 400.000 trabajadores" paralizado.
"Creo que se puede y se debe hacer bien, sobre todo por lo mal que se ha gestionado esta crisis", arguye el profesor. Y, al igual que Cuberes, apuesta por la cooperación pública y privada: "Las administraciones públicas deben ponerse todas a una para esta reconstrucción y el sector privado debe arrimar el hombro en todos los sentidos, también de apuesta por la prevención para que esto no pueda volver a ocurrir".
En este sentido, Corrales apunta que "debe haber colaboración institucional, lealtad institucional". Avanzar juntos y rápido. "A lo mejor uno de los condicionantes que habría que exigir a nuestros políticos es que los presupuestos generales del Estado se pudiesen acordar; fundamentalmente para lograr esta reconstrucción de la Comunidad Valenciana, porque no estamos ante un tema menor". Lamentablemente, cree que "es muy difícil" y esto tiene un impacto en la ya dañada imagen de las instituciones, algo que puede resultar también clave en ese medio y largo plazo en el que se enmarca la reconstrucción.
ESTADO Y CERTIDUMBRE
"Si seguimos en la batalla partidaria, si seguimos con este ambiente de crispación política y social con campañas de desinformación, creo que debilitaremos la confianza en las instituciones de la sociedad y debilitaremos nuestra democracia", advierte Corrales. Los ciudadanos, tanto en las zonas afectadas como fuera de ellas, deben ver que el Estado -como concepto, independientemente del partido que esté en el Gobierno, ya que, de nuevo, nos movemos en el medio y largo plazo- es capaz de hacer frente a la crisis para que estas zonas se puedan recuperar. "Es generar certidumbre donde ahora mismo lo que hay es frustración, desasosiego y una profunda indignación que, además, es comprensible y que evidencia que los poderes públicos han fallado", resume el experto.
Corrales defiende así "la presencia del Estado, en el buen sentido del término". "La mano invisible del mercado no puede resolver todos los problemas de la sociedad ni de la economía", concede. Para que el mercado -"que es sin lugar a dudas el sistema que mejor funciona a nivel económico"- lo resuelva "tiene que haber también un papel de dinamización, de certidumbre, de seguridad, no de inseguridad, no de crispación, no de polarización social". En cualquier caso, también Corrales se apoya en experiencias pasadas para abrazar el optimismo: "Después de la Segunda Guerra Mundial se pudo reconstruir Europa muy rápido, pero fue necesario un Plan Marshall, un papel muy activo de los poderes públicos, que el Estado tomase las riendas y que hubiese consenso social para reconstruir un modelo de bienestar social, de democracia en Europa".