Aunque al hablar de impuestos el pensamiento lleva al acto de pagar, perder parte de nuestra renta o patrimonio en favor de la Agencia Tributaria, los dos últimos meses del año son el momento adecuado para pensar en los tributos en clave de ahorro. La recta final del ejercicio da un margen a los contribuyentes para intentar reducir su factura con el fisco, que no se abonará hasta el año próximo.
Curiosamente lo que está en la mesa del Gobierno, ahora mismo, es todo el contrario: un plan para subir los impuestos en 2025, cumplir con pinzas con la reforma fiscal prometida a la Unión Europea y de paso incrementar la presión fiscal (lo que representa la recaudación sobre el PIB) para acercarla a la media de la Unión Europea. Los puntos de diferencia, en términos de PIB, podrían apuntar a un margen de unos 60.000 millones de euros.
Este ejercicio, la Agencia Tributaria lleva recaudados 205.012 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 7,9% más que en 2023, debido al buen comportamiento de la actividad económica y el consumo, la creación de empleo, al aumento de salarios y pensiones, y a las medidas discrecionales aprobadas.
Para el próximo año, si este paquete fiscal sale adelante en el Congreso de los Diputados, los contribuyentes tendrán que pagar más impuestos, por ejemplo, por repostar con diesel sus vehículos (ya que se va a equiparar el tributo de hidrocarburos de la gasolina y el gasóleo), por fumar en vapeadores (a los que se quiere aplicar el impuesto especial sobre las labores de tabaco) o por IRPF si tienen la suerte de ingresar más de 300.000 euros al año por rentas del ahorro, entre otras cosas. Pero todos tienen herramientas que pueden activar para intentar reducir esa carga.
Los propietarios que tengan una vivienda alquilada desde el 26 de mayo de 2023 podrán reducirse hasta un 90% en caso de que la vivienda esté en una zona de mercado residencial tensionado y la renta inicial se rebaje más de un 5% en relación con la última renta. La reducción será del 70% si se la han alquilado a un joven de entre 18 y 35 años, o del 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años anteriores a la fecha de contrato.
Las obras de mejora de la eficiencia energética también repercutirán positivamente en la factura fiscal, ya que se podrán deducir hasta un 20% del coste destinado a este fin hasta el 31 de diciembre tanto si la vivienda es de uso habitual como si está alquilada, siempre que la obra reduzca en un 7% la demanda de calefacción o aire acondicionado. El objetivo de estas bonificaciones fiscales es fomentar la transformación verde del parque de viviendas en España y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Si la obra contribuye a bajar al menos un 30% el consumo de energía o mejora la calificación energética de la vivienda, la deducción podrá llegar al 40% con un máximo de 7.500 euros; mientras que también habrá deducciones si las mejoras se hacen en el edificio en el que se ubique la vivienda.
En el ámbito de la vivienda, los mayores de 65 años que vendan su residencia habitual quedarán exentos del pago de impuestos sobre las plusvalías obtenidas si reinvierten sus ganancias en adquirir otra, un ahorro que podría suponer varios miles de euros.
Hacer donativos a entidades sin fines de lucro saldrá más rentable que el año pasado, ya que se elevan las cuantías: se deducirá el 80% de los primeros 250 euros donados y el 40% del montante a partir de esa cantidad. Esta última subirá al 45% si en los dos años anteriores ya se hubieran hecho contribuciones por esa cantidad o más a esa misma organización.
El impacto de la DANA en el Mediterráneo y, especialmente en la provincia de Valencia, hace que el momento no pueda ser más pertinente para hacer donaciones o intentar contribuir a aliviar el drama social y económico que viven miles de familias, algo que además aligerará la factura fiscal.
Aminorar la base imponible de IRPF también es posible con aportaciones a planes de pensiones, lo que a su vez contribuirá al ahorro de cara a la jubilación de los trabajadores, ya que estos instrumentos servirán para complementar la pensión pública. Es cierto que el Gobierno redujo a 1.500 euros anuales la cuantía máxima que se permite depositar en este tipo de instrumento, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comprobó que este beneficio fiscal no era del todo eficiente para lograr el objetivo perseguido: fomentar el ahorro.
Este descenso -primero bajó de 8.000 a 2.000 euros en 2021 y después a 1.500 desde 2022- ha provocado una caída de partícipes y aportaciones, pero aunque está topado en esa cuantía, quienes no hayan llegado todavía a esa cantidad tienen dos meses para hacer esas aportaciones, en un contexto además en el que las principales entidades financieras y otras comercializadoras están lanzando sus promociones para captar ese ahorro en noviembre y diciembre. Para quienes tengan un plan de empleo promovido por su empresa, la cuantía total deducible asciende a 8.500 euros, así que es momento de analizar si se ha llegado a ese tope o no.
Adquirir un vehículo eléctrico en lo que queda de año es otra alternativa para bajar el coste del impuesto sobre la renta, ya que existen deducciones estatales y autonómicas y ayudas enmarcadas en el Plan Moves III, que pueden suponer hasta 7.000 euros de ahorro.
A los beneficios nacionales se suman los autonómicos que varían mucho de una región a otra.
Gastar en extraescolares o clases de apoyo o refuerzo para los hijos permite una deducción del 25% en el caso de Aragón, por ejemplo, o del 15% en Murcia si el aprendizaje es de idiomas y en el extranjero; mientras que gastar en servicios dedicados a padres mayores de 65 años permite deducirse el 40%, con un límite de 3.600 euros en Baleares.
En muchas comunidades hay deducciones por nacimiento o adopción de hijos: en Canarias, por ejemplo, esta sube de 100 a 1.400 euros en 2024.
La retribución flexible
Mención especial merecen los mecanismos de retribución flexible implantados en muchas empresas del país, que permiten que un 30% del salario bruto anual se destine a productos o servicios como la contratación de un seguro médico, servicios de guardería, el pago del abono de transporte o ayudas alimentarias, entre muchas otras posibilidades. La cuantía de las mismas se utiliza para reducir la base imponible y, por tanto, el importe a pagar vía IRPF.
La plataforma de recursos humanos Edenred pone el ejemplo de un trabajador de 36 años, con un sueldo bruto anual de 30.000 euros y dos hijos menores de tres años, que destina anualmente 2.420 euros a tickets restaurantes, 660 euros a movilidad y 4.400 euros a la guardería. "Si no tuviera el plan de retribución flexible, se le aplicaría a su salario un IRPF aproximado del 11,76% y, teniendo en cuenta los gastos de restauración, movilidad y guardería, le quedarían disponibles 17.782,29 euros al año. Con el plan de retribución flexible, se le aplica un IRPF aproximado del 5,91% y recibe un sueldo de 20.050,03 euros. Esto implica un incremento de dinero disponible del 12,75% sin que su base de cotización a la Seguridad Social se vea afectada", explican los expertos de esta compañía.
"La retribución flexible está al alcance de todo tipo de empresas y permite a los empleados sacar más partido a su sueldo gracias a los beneficios fiscales. A su vez, ofrece a las entidades que la ponen en marcha, la posibilidad de aumentar el salario neto sin incrementarlo retributivamente. También, pueden ajustar las retribuciones a las necesidades de los profesionales o a la mejora de la imagen de marca y del ambiente laboral. Para poder llevarla a cabo, es necesario que esté pactado en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Además, para que las rentas no se consideren dinerarias, la retribución tiene que hacerse mediante un pago directo del empleador al tercero", recuerdan desde Lefebvre.
La consultora Cobee calcula que en esta campaña de la renta de 2024, los españoles pueden ahorrarse de media 1.025 euros en la declaración de la renta gracias a los planes de retribución flexible: "Una persona que reciba el salario promedio en España (1.898 euros, según la Agencia Tributaria) podría ahorrar alrededor de 1.025 euros al año en su declaración. La razón detrás de esto es que muchos de los beneficios sociales que las empresas ofrecen a sus empleados a través de estos planes no están sujetos a impuestos, lo que permite reducir significativamente las cargas que se deben pagar en el IRPF".
En un contexto en el que aproximadamente el 22% de los trabajadores en España no logra ahorrar ni un euro al mes y que un 44% apenas consigue ahorrar menos del 20%, según los datos de esta compañía, esta posibilidad es muy interesante. El problema de la falta de ahorro, además, no es sólo cosa de jóvenes: "El 30% de los mayores de 55 años no ahorran nada al final de mes, mientras que un 47% ahorra menos del 20%. Y en contraste con el caso de los jóvenes, el 30% logra ahorrar menos del 20%", apuntan.