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En sus múltiples regates en torno a cómo aumentará el gasto en defensa, el punto donde quizá ha sido más claro el Gobierno de Pedro Sánchez es en su objetivo de "no tocar ni un céntimo el gasto social" para elevar las inversiones en armamento, un extremo que ahora ha sido puesto en duda por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
"El aumento del gasto en defensa generará mayores presiones sobre las finanzas públicas al incrementar el déficit y la deuda, lo que exigirá una corrección fiscal más estricta en el futuro y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales", señala el informe del supervisor sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo de la entidad,
La Airef ya contabilizaba la necesidad de un ajuste total de 3,16 puntos del PIB hasta 2050 en el gasto para cumplir con el pacto de estabilidad de Bruselas con la anterior senda de gasto prevista por el Gobierno. Sin embargo, ahora las necesidades en defensa son mayores y más acuciantes.
Así, la institución presidida por Cristina Herrero contempla varios escenarios en los que sería necesario un potencial ajuste de hasta 4,76 puntos del PIB hasta 2050, casi 76.000 millones de euros si se toma de referencia el pib actual (que en ese momento sería mayor, por lo que también la corrección de gasto necesaria). De este montante, Defensa por sí misma exigiría el recorte de 25.400 millones de euros para mantener la senda de descenso de deuda.
Sin embargo, este escenario, el más extremo calculado por la Airef, está calculado para una subida del gasto de 1,5 puntos sobre el PIB. El presupuesto para este área de España se quedó en torno al 1,3% en 2024 y se espera que la Otan pida a sus socios revisar sus prioridades y elevar hasta el 3% su esfuerzo en defensa a partir de la próxima reunión de la alianza que se celebrará en junio.
Por tanto, el ajuste para cumplir con el resto de aliados sería de, al menos, un 1,7% lo que haría incluso mayor la necesidad de ajuste que el calculado por la Airef haría que la necesidad de rebajar el coste en otras partidas rondara los 30.000 millones de euros en un escenario donde el envejecimiento de la población obligará también a aumentar el gasto en partidas como las pensiones, de acuerdo a las mismas previsiones de la entidad.
Cláusula de escape
En este informe, la Airef también contempla que el Gobierno bien podrá acogerse a la "cláusula de escape" diseñada por la Comisión Europea. Como parte del plan para impulsar la defensa en el continente, el Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen permitirá que los aumentos de inversión en defensa de hasta el 1,5% del PIB no entren en el cálculo del cumplimiento de las reglas fiscales ni computen para el objetivo de déficit durante los próximos cuatros.
El problema, argumentan desde el supervisor, es que esto puede aliviar en un futuro cercano al Gobierno y permitir esquivar parcialmente la merma de gasto en otras partidas como las sociales, pero solo a costa de hipotecar a las generaciones y ejecutivos futuros.
"Este incremento en el gasto público deteriorará la posición fiscal futura al traducirse en un mayor déficit y endeudamiento", apuntan desde la organización que considera que esto hará que el nuevo plan fiscal que arranque en 2029 se inicie con unas peores condiciones y con "una mayor exigencia de corrección fiscal en el futuro, lo que podría limitar el espacio fiscal disponible para otras prioridades económicas y sociales".
El organismo además jugará un rol clave a la hora de fiscalizar el aumento de gasto en defensa, ya que ya rebajó las pretensiones de gasto real del Ejecutivo en el sector en 2022 y 2023 cuando cifró esta métrica en torno al 1%, frente al 1,1% presupuestado.