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Entrevista 12-M

Laure Vega (CUP): "No apoyaremos a Carles Puigdemont si su programa es el de la patronal catalana"

La 'número dos' por Barcelona reivindica que su partido "sitúa en el mismo lugar la autodeterminación que el derecho a la vivienda"

Laure Vega, candidata de la CUP en las elecciones al Parlament del 12-M.
Laure Vega, candidata de la CUP en las elecciones al Parlament del 12-M.Enric RacóARABA PRESS
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Desde que relevó a la ex alcaldesa de Badalona Dolors Sabater como diputada en el Parlament, Laure Vega (Sant Boi de Llobregat, 1991) se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la CUP, que llega al 12-M en pleno proceso de refundación. Con un discurso rápido y directo, la número dos de la lista por Barcelona avisa de que su partido no apoyará la investidura de ningún candidato que defienda los intereses de la patronal catalana Foment del Treball. Una advertencia dirigida a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

Las encuestas no aseguran que se repita la mayoría independentista y, en caso de lograrla, sería nuevamente con la participación de la CUP. ¿Cometerían un error JxCat y ERC si dan por descontado su apoyo?
Sí, el próximo domingo están en juego el modelo económico y la sociedad que queremos. Por un lado, el de Foment y otras patronales, y enfrente el de quienes apostamos por una economía productiva que garantice trabajo digno, derechos sociales, acceso a la vivienda... Junts y Esquerra Republicana deben decidir dónde están porque nosotros no apoyaremos a quienes defiendan el programa de la patronal. La CUP sitúa en el mismo lugar la autodeterminación que el derecho a la vivienda.
El modelo económico de Junts per Catalunya es opuesto al de la CUP, por ejemplo, en materia fiscal, con líneas rojas como la eliminación del impuesto de Sucesiones. ¿Es incompatible con una hipotética investidura de Carles Puigdemont?
Puigdemont debe responder si vuelve para defender el programa de la patronal o para lograr mejoras para la población. Es una anomalía democrática que no pueda hacer campaña en su país, pero él vuelve como representante de Junts y debería tener una discusión con su partido sobre su modelo de república y si lo que quieren es descapitalizarla. Suprimir el impuesto de Sucesiones pone sobre la mesa que la meritocracia son los padres. Es curioso que aquellos que hablan continuamente de la meritocracia sean los primeros que quieren perpetuar ese sistema.
Por lo tanto, no darían sus votos...
Junts tiene que decidir si lo que quiere es competir con el PSC por representar a la patronal. De eso dependería el apoyo de la CUP, que no es gratuito por el mero de hecho de ser independentista. Entendemos que la república es incompatible con con un país descapitalizado con los pisos en manos de fondos buitres extranjeros, con el trasvase de recursos públicos a las grandes empresas que suben el precio de la electricidad o la gasolina, con que grandes distribuidoras como Mercadona hagan negocio a costa de pagar bajos precios al agricultor...
En caso de que JxCat necesite sus votos, no temen un nueva campaña de presión como la que les hizo en el año 2015 Artur Mas?
Bienvenida sea esa presión porque querrá decir que somos un agente político importante. No hemos venido a conseguir sillas, sino a lograr que se hagan políticas que son muy necesarias. De aquella presión salió después el referéndum del 1-O, la masiva huelga general del 3 de octubre o que Junts pel Sí [coalición de Convergència y ERC entre 2015 y 2017] aprobara una regulación de los alquileres que luego tumbó el Constitucional.
Los resultados de la CUP en 2015 [más de 336.000 votos] marcan un techo al que no se han vuelto a acercar. ¿Hacer presidente a un miembro de Convergència [Puigdemont] les ha pasado factura?
En aquel momento la situación política era de ruptura. Veníamos de los años del 15-M, que era decir basta al austericidio de la Unión Europea, y aquella decisión dio paso al 1-O, que se movió en una lógica similar, la de decir no a un Estado que no permite ni tener Estatut sin recortar. No sabemos si aquello nos penalizó, seguramente las causas son mutifactoriales. El problema de la CUP, como el del resto de la izquierda, es que la abstención sea tan alta entre las rentas más bajas. Pero el 1-O fue un ejercicio de autodeterminación tan grande que era necesario que tomasen partido todas las fuerzas soberanistas, esa fue la clave y no tanto si se investía a alguien de Convergència.
Ante una hipotética alianza del PSC, ERC y Comuns Sumar tras los resultados del 12-M, ¿cómo actuaría la CUP?
La actuación de Salvador Illa, desde la oposición, nada ha tenido que ver con la izquierda. Pensar que el PSC hará políticas progresistas parece una utopía, ya lo hemos visto con el plan piloto de la renta básica universal. Y, desde el Govern, Esquerra también ha desplegado el programa de Foment, con megaproyectos y el intento de los Juegos Olímpicos de invierno. No basta con decir que se quiere construir una república porque, si la vendes a trozos y acaba siendo la república de Blackstone [banco de inversiones de origen estadounidense] o la de Amancio Ortega, no es nuestro modelo.
Junts cambió de estrategia tras las elecciones generales del 23-J e inició un proceso de negociaciones con el PSOE como ya hacía ERC desde 2019. ¿Es para ustedes una vía equivocada?
La presión para conseguir un referéndum no vendrá de ir a pactar determinadas leyes al Congreso de los Diputados, sino de que haya una articulación social para avanzar en la autodeterminación, como pasó con los derechos de las mujeres o la jornada laboral de ocho horas.
Pero la la estrategia unilateral de 2017 no llevó a la independencia.
No es que la CUP opte por la vía unilateral, sino que no existe un camino bilateral. Si el Estado permitiera un referéndum vinculante sería perfecto. Cuando un derecho no está reconocido por unas leyes, lo que queda es la capacidad de organización. Las ocho horas no se consiguieron con un comité de expertos, sino con movilización, como la mayoría de derechos. La vía bilateral se dará cuando haya una movilización lo suficientemente grande.
¿Por qué dan la espalda al acuerdo de claridad de Pere Aragonès [la reciente propuesta de ERC para conseguir un referéndum pactado]?
Vender promesas y no cumplirlas siempre es una mala idea. Me parece una estrategia electoral igual que la de la financiación singular, que fue llegar a Madrid, bajarse del tren y que les dijeran que no. Ojalá no fuese así, pero no parece que esa vía sea factible. Pueden vender humo, pero la gente es inteligente.
¿Cómo interpretaría la entrada en el Parlament del partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana?
Como una derrota para cualquier fuerza política que se considere progresista. La ultraderecha avanza porque la gente no vive bien, la clase trabajadora paga el doble de impuestos que las grandes forturas, no hay recursos para el alquiler... Pero lo que hacen estos partidos es desplazar el foco de los grandes empresarios al vecino, a las mujeres, al colectivo LGTBI, a los pobres...
¿Ven creíble o estrategia electoral la reciente actuación del presidente Pedro Sánchez para denunciar una campaña de la ultraderecha contra él y su entorno?
Es posible que sea tacticismo, pero, en cualquier caso, lo más relevante es que hemos visto como la extrema derecha, en connivencia con poderes estatales, era capaz de hacer tambalear el Gobierno. En Cataluña, y en otras naciones sin Estado, conocemos de sobras esta cuestión y por esa misma razón hemos puesto sobre la mesa que es necesaria una democratización profunda de las estructuras estatales y que esta debe contemplar también el derecho a decidir en tanto que pulsión democrática.
El 12-M ha cogido a la CUP en pleno proceso de refundación. ¿El anticipo electoral lo dificulta?
No, porque este proceso tenía que ir mucho más allá de la siguiente contienda electoral. Todos los partidos independentistas han sido castigados electoralmente y nosotros nos tomamos muy en serio lo que decide el pueblo, a diferencia de otros.
¿Esta reorganización se debe a los resultados de las municipales y generales de 2023?
Ya hacía tempo que nos planteábamos ciertos temas, pero no se puede negar que los resultados han tenido su importancia porque son el reflejo de si la gente confía o no en tu programa. Es necesario valorar todo, los resultados y lo que significa una candidatura de carácter asambleario.
En las municipales perdieron 43.000 votos y en las generales 145.000 y se quedaron sin sus dos diputados en el Congreso. ¿A qué atribuyen esa pronunciada caída?
El diagnóstico es parte del proceso interno que aún tenemos abierto. Pero una candidatura que se pretende de cambio se debe plantear qué es lo que no estás sabiendo hacer si las personas a las que te diriges no apuestan por ti. No se puede hacer como esos partidos que salen a decir que el electorado es poco menos que tonto o que el obrero no sabe votar por sus intereses. La culpa siempre es nuestra, quizás no hemos sabido explicarnos, entender el momento y las necesidades.
Usted fue candidata en las generales. ¿Ocurrió eso especialmente en aquellos comicios?
La campaña del 23-J fue difícil de afrontar porque había un claro miedo a un Gobierno de extrema derecha. Lo hemos visto en Valencia, en Baleares y quizás no supimos posicionarnos como tocaba.
En Barcelona únicamente han logrado entrar en el Ayuntamiento una vez, en el año 2015, con tres concejales. ¿Es la capital catalana y su área metropolitana una de las principales asignaturas pendientes de la CUP?
Sí, uno de nuestros grandes retos es conseguir la implantación en estas localidades, queremos tener representación desde L'Hospitalet a Santa Coloma pasando por Barcelona. En las grandes ciudades, el modelo de la CUP de política de tú a tú, de participar en redes y tejidos sociales, es más complicado, pero igualmente forma parte de los procesos de autocrítica que tenemos que hacer.
La CUP considera que el modelo de inmersión lingüística no debe recular. ¿Qué opina de la respuesta del Govern al fallo judicial del 25%?
La Generalitat debería defender los derechos hasta las últimas consecuencias y cuando una sentencia es injusta se tiene que poder desobedecer. Entendemos el catalán como un derecho no solo de los catalanohablantes, sino de toda la población, y eso empieza desde la infancia en la escuela pública. Todo lo que no sea garantizarlo es un privilegio para unos pocos. El catalán no debe ser una lengua que solo puedan aprender quienes van a la escuela concertada o privada o tienen padres catalanohablantes. Es también un derecho, como es mi caso, para los castellanohablantes. En un momento en que la extrema derecha tiene poder en Baleares y Valencia, hay que ser firmes en que la lengua se debe defender como un derecho básico igual que la vivienda.
En diversas ocasiones han criticado el contenido de la Ley de Amnistía que se tramita en las Cortes. ¿Qué le falta?
Es aberrante, en pleno siglo XXI, que haya habido dirigentes en la cárcel y siempre daremos apoyo a los avances, pero eso no impide que digamos que el alcance de la ley debería ser más amplio. Si un ejercicio político como la defensa de la autodeterminación deja de estar castigado, debería reconocerse que es legítimo y, por tanto, la ley debería terminar en el reconocimiento de un referéndum.