- España Puente acusa al Supremo de "extralimitarse" al no aplicar la amnistía a Puigdemont y anticipa que el Constitucional lo corregirá
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El ministro Óscar Puente concitó ayer el rechazo tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, que se revolvieron contra sus críticas por no amnistiar a Carles Puigdemont y contra su afirmación de que el TC acabará corrigiendo esa decisión.
"Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretar [la Ley de Amnistía], diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal", afirmó el ministro en una entrevista en RNE.
La respuesta del Supremo es que no hay ningún exceso y sí una redacción deficiente de la ley que impide, en contra de lo que pretendían sus responsables, borrar el delito de malversación. "No hay extralimitación, sino una mala redacción de la ley, como sucedió con la ley del sí es sí", afirman fuentes del Alto Tribunal, en referencia a la ley que pretendió garantizar condenas por delitos sexuales y acabó suavizando las ya impuestas.
Tanto la Sala del Supremo que juzgó el procés como el magistrado Pablo Llarena han interpretado que no es posible aplicar la amnistía al delito de malversación cometido en el procés. En lugar de amnistiar toda malversación, la ley dejó fuera a quienes hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial".
Con ello, añaden las fuentes del TS, el Ejecutivo quería evitar un previsible revés de la Justicia europea a una amnistía total de la malversación. Lo que sucedió es que, conforme la jurisprudencia sobre el delito, la fórmula empleada dejaba fuera a los encausados del procés, ya que para lograr sus propósitos políticos recurrieron a un dinero público que de otra forma habrían tenido que poner de su bolsillo.
"No hay por donde agarrar esa interpretación», lamentó ayer el ministro Puente en referencia un criterio del Supremo que ha supuesto, entre otras cosas, que siga vigente la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, pendiente de ser juzgado por el gasto de fondos públicos para la votación del 1-O. Esa fue la orden que no se ejecutó la semana pasada en la fugaz aparición del ex president en Barcelona, algo sobre lo que el juez Pablo Llarena ya ha pedido explicaciones tanto a los Mossos d'Esquadra como al Ministerio del Interior.
La intervención de Puente también generó "malestar" en el Constitucional. En este caso, por las palabras en las que anticipaba que el TC rectificaría la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. "Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto. Espero que lo haga el Tribunal Constitucional y lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación, la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre de 2017", afirmó el ministro, dando por sentado que el TC presidido por Cándido Conde-Pumpido corregirá al Supremo.
Fuentes del TC lamentaron ayer esas declaraciones concretas y, en general, la "falta de prudencia" de algunos dirigentes políticos, no exclusivamente de Puente. Recordaron igualmente que el tribunal no tiene aún ningún recurso sobre la mesa, por lo que es "precipitado y arriesgado" aventurar el desenlace.
Lo cierto es que fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo se muestran tan convencidas como Puente de que la actual mayoría progresista del Constitucional impondrá la amnistía de todos los delitos del procés. Y se muestran preocupadas por que pueda trasladarse a la ciudadanía que se hará Justicia al corregir al Supremo. Un mensaje similar al que desde el Gobierno y el PSOE se ha querido trasladar con las sentencias del Constitucional que han desactivado lo esencial de las condenas de los ERE.
Más allá del Tribunal Supremo, del que pende Puigdemont y los ya condenados por el procés, otras instancias judiciales han cuestionado la Ley de Amnistía. Así lo ha hecho el juez de Barcelona que investiga la presunta injerencia rusa en el procés y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha llevado la ley ante el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Partido Popular reaccionó a las palabras de Puente exigiendo una rectificación "inmediata" del ministro y, a Sánchez, que aclare si comparte las opiniones de su ministro. "Ese ministro del caos ferroviario y que sigue jugando al golf es el que se ha dedicado esta mañana a decirle a los jueces del Tribunal Supremo y a decirle a los jueces del Tribunal Constitucional lo que deben o no deben hacer mientras que él no cumple con sus obligaciones ni un solo minuto de su tiempo", afirmó la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez.
A las declaraciones de Puente también reaccionó el secretario general de JxCat, Jordi Turull, si bien para afirmar que el Gobierno podría hacer "bastante más" para garantizar la aplicación de la amnistía que lamentarse de la actuación judicial. Turull afirmó que el Ejecutivo y el Estado "tienen mecanismos para actuar jurídicamente contra aquellos jueces que han decidido no aplicar la Ley de Amnistía a determinadas personas", en referencia a Carles Puigdemont.
El dirigente de Junts mencionó específicamente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado e instó a actuar "no solo contra jueces cuando afecta a algún familiar", en alusión a la querella de la Abogacía contra el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El dirigente independentista pidió que también se actúe "contra los jueces cuando se están riendo del Congreso de los Diputados".