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Las acusaciones populares en la causa que sigue una juez de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, quieren que la instructora profundice en su investigación tocando la esfera más cercana tanto personal como profesional del familiar del presidente del Gobierno.
El letrado de Manos Limpias -sindicato que interpuso la denuncia- José María Bueno Manzanares, que dirige la acusación popular unificada, ha solicitado que se cite a declarar en calidad de investigada a la pareja sentimental de David Sánchez y que se llame, esta vez en calidad de testigo, al funcionario que otorgó el polémico despacho de trabajo al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz y al trabajador público que confeccionó el informe de la Agencia Tributaria que exoneraba a David Sánchez de haber cometido un delito fiscal.
"No puede deducirse la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, sino un posible saldo neto a favor del contribuyente si las contingencias y hechos analizados se confirmasen", concluía el dossier de la Agencia reclamado por la juez. Las acusaciones consideran necesario que la magistrada interrogue a la esposa de David Sánchez porque entienden que debería ser conocedora en caso de que no acudiera a trabajar, como sostienen los denunciantes.
Esta acusación considera que, tal como recoge el escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, "no debe ser llamada a autos como testigo, sino en calidad de investigada, pues entendemos que es muy difícil que no supiera que su pareja, supuestamente, cobraba dinero público como supuesto empleado sin trabajar, y es posible que supiera que el patrimonio adquirido superaba con creces el salario de don David. Por otra parte a día de hoy no sabemos si está casada en gananciales o en separación de bienes, en el primer caso podría en su día llegar a ser declarada como participe a título lucrativo de algunos de los supuestos delitos por los que se ha incoado esta causa. Por ello, para garantía de los derechos de esta señora, entendemos que su citación debe ser como investigada".
La denuncia pivota sobre la sospecha de que la Diputación de Badajoz confeccionó para él el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que el hermano de Sánchez no acudía a trabajar y que fijó su residencia en Portugal para no tener que tributar en España. Tanto la magistrada Beatriz Biedma como los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen serias dudas sobre la relación contractual de David Sánchez con el organismo público.
Así lo expresaba la UCO en las conclusiones de un informe que suponía la primera aproximación a la investigación: "A la hora de emitirse los informes requeridos no se ha podido especificar con detalle en qué concretas actividades ha intervenido el señor Sánchez Pérez-Castejón ni, por tanto, en qué consiste exactamente su trabajo". Es decir, los investigadores desconocían qué puesto y función exacta desempeña el hermano del presidente del Gobierno en la Diputación extremeña.
Despacho reciente
La instructora, asimismo, también se pronunciaba sobre el "teletrabajo" de David Sánchez aducido por la Diputación y su puesto de trabajo. "Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación del mismo justo el mismo mes en el que se interpone la denuncia", indica. Es la conclusión a la que llega después de exponer las bases del contrato.
Establece, recogía en el auto, "específicamente" que prestará sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz, en la plaza Virgen de la Soledad, con sede en el Conservatorio Superior de Música y que no tiene autorizado el teletrabajo. Por este motivo, el órgano judicial solicitó a la Diputación de Badajoz que aclarara este extremo.
Desde el mes de abril de 2023 hasta abril de este año, reconocía la Diputación de Badajoz, "ha carecido de lugar fijo habilitado", mientras que en mayo de 2024 se le ubicó en un nuevo despacho de la plaza de España, lugar que ocupa en la actualidad. Este hecho llamó la atención de la instructora que, a través de otro auto, plasmó su extrañeza ante el hecho de que la asignación del nuevo despacho coincidiera con el inicio de la investigación.
A principios de mes, Beatriz Biedma recriminó con dureza la nula colaboración que está prestando el organismo provincial por no haber "atendido el requerimiento acordado en providencia de fecha 4 de julio", por lo que instaba a que "informe a este Juzgado sobre la fecha exacta en la que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón fue ubicado en el nuevo despacho, sito en la Plaza de España, nº 9, de Badajoz, lugar de trabajo que ocupa en la actualidad, y sobre el destino anterior que tenían dichas instalaciones".