Pedro Sánchez no asistió la semana pasada a la toma de posesión de Salvador Illa, aunque se reencontraban este sábado en Lanzarote, ambos de vacaciones. Aquella ausencia fue inversamente proporcional a la trascendencia que tenía aquel acto para el propio presidente del Gobierno. La reconquista de la Generalitat de Cataluña por parte de un socialista 14 años de la salida de José Montilla suponía para él la constatación de que sus cuestionadas cesiones han servido para "desinflamar" el procés, aunque a costa de una última entrega: la "soberanía fiscal plena" para la segunda comunidad que más aporta a la caja común de la financiación. Un alto precio que, según alertan con mayor o menor intensidad barones como Javier Lambán, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, puede tener un efecto demoledor en el electorado del partido del resto de España.
Lambán dejó dicho la pasada semana en Cope: "El catastrófico resultado de 2023 va a ser una broma comparado con el de 2027"; Page, minutos después del acuerdo PSC-ERC, escribió: "A estas horas de la noche, el atronador silencio (de mi partido) ante el grave atentado a la igualdad anunciado por ERC me tiene perplejo" y Barbón, el último referente territorial en pronunciarse fue categórico con guante de seda: "Como presidente del Principado que soy y pretendo seguir siéndolo en 2027". Porque todos los barones territoriales del PSOE que el precio de lo pacto en Cataluña es alto en el resto de federaciones.
Por primera vez desde la estruendosa debacle de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, que tuvo como consecuencia directa el adelanto de las generales, el PSOE ha logrado, eso sí, recuperar poder territorial. Y no uno cualquiera: el de una región de casi ocho millones de habitantes y donde las siglas del PSC han sido las únicas que han conseguido ser una alternativa al predominio de las fuerzas secesionistas durante décadas a pesar de que Ciudadanos llegó a ser el partido más votado en diciembre de 2017.
Hasta la incorporación de Cataluña a su mapa regional, los socialistas sólo conservaban tres ejecutivos: Castilla-La Mancha, el único en el que disponen de una mayoría absoluta liderada por García-Page; Asturias, donde Barbón, a pesar de ser el ganador de los comicios, se vio abocado a hacer una coalición con IU; y Navarra, que se sustenta en un tripartito encabezado por María Chivite con Geroa Bai y Contigo Zurekin y el apoyo parlamentario de EH Bildu. Traducido a cifras: en conjunto, gobiernan a alrededor de 3,7 millones de habitantes, el 7,8% de los residentes en España. Con Cataluña suma un 6,4% de golpe, hasta rozar el 15%. Como socio minoritario forma parte también del Ejecutivo vasco, una comunidad que apenas representa el 1,5% del total nacional.
Con la única excepción de la legislatura 2011-2015, cuando nació el movimiento 15-M para promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo, la presencia territorial del PSOE no había estado tan menguada como quedó tras las autonómicas del año pasado. El declive se inició a finales de 2018 con la pérdida del gran bastión que hasta entonces había tenido en exclusiva, Andalucía. El mazazo se produjo seis meses después de la llegada de Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura al popularMariano Rajoy por el caso Gürtel en plena investigación judicial del escándalo de los ERE, la mayor causa de corrupción investigada y sentenciada nunca en la historia reciente de España, aunque el Tribunal Constitucional (TC) la haya corregido ahora.
No obstante, poco después las elecciones de mayo de 2019 fueron las mejores autonómicas para los socialistas desde que su secretario general había sido nombrado presidente del Gobierno. Con Podemos ya enfilando la senda de descenso tras haber llegado a comprometer el liderazgo de la formación que había sido siempre mayoritaria en el espacio de la izquierda, en aquella cita quien más sufrió en las urnas fue un PP lastrado por la acumulación de causas abiertas en los tribunales y fallos adversos ante un pujante Ciudadanos que llegó a coquetear con el sorpasso incluso en alguna comunidad.
Tras aquel escrutinio, el PSOE no sólo logró conservar todos sus gobiernos regionales -Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Extremadura y Asturias-, sino que además puso tres nuevas picas en su mapa autonómico: Canarias, Navarra y La Rioja. Incluso llegó a ser la fuerza más votada en Madrid y en Castilla y León, aunque los pactos entre los populares y la formación naranja impidieron el vuelco de signo político en dos plazas que se le resisten, respectivamente, desde 1995 y 1987.
De esta forma, el poder territorial del partido de Sánchez se amplió hasta nueve comunidades con una población de más de 15 millones de personas, el 31,4% del total. Además, mantenía la condición de socio minoritario en los gobiernos de coalición con el PNV en el País Vasco y con el PRC en Cantabria. Aunque no llegó a recuperar el poderoso músculo autonómico que tuvo durante los años de mayorías absolutas de Felipe González, al menos permitió amortiguar la pérdida de la joya de la corona, Andalucía, que se quedó muy lejos de poder recuperar en los nuevos comicios de 2022.
El impacto del 'procés'
Y entonces llegó el desplome de mayo del año pasado que vino precedido por una legislatura de ámbito nacional jalonada de intensas controversias, como los indultos a los condenados por el procés, la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación, lo que beneficiaba directamente a los encausados por el referéndum ilegal de independencia. Con ese lastre electoral, los socialistas perdieron seis de las nueve regiones que estaban presidiendo: Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, Baleares, Extremadura y La Rioja.
En aquella votación no estaba en juego Cataluña, la comunidad en la que las elecciones generales celebradas dos meses después los socialistas experimentaron una fulgurante subida de 12 a 19 diputados en el Congreso, lo que acabaría sosteniendo a Sánchez en Moncloa con una heterogénea mayoría cosida también a base de concesiones a siete partidos. Ha sido en mayo de este año cuando Illa ha vuelto a ganar las autonómicas, pero a diferencia de 2021, las fuerzas independentistas no han sumado mayoría absoluta, lo que ha franqueado al ex ministro de Sanidad el paso a la Generalitat previo compromiso del traspaso de la gestión del 100% de los impuestos estatales que exigía ERC.
Con esta nueva incorporación que eleva hasta cuatro sus gobiernos regionales, hay 11,6 millones de habitantes con presidentes del PSOE, un 24% del conjunto del censo y 16 puntos más en porcentaje que hasta ahora. Aun así, estas cifras se sitúan muy lejos del caudal autonómico del PP: gobierna en 11 comunidades (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja), además de Ceuta y Melilla, lo que suma una población de casi 32 millones, el 66,5% del total del territorio.