- Justicia El Constitucional acepta por la mínima que el ex ministro Juan Carlos Campo se aparte del debate sobre la ley de amnistía
- Amnistía El Tribunal Constitucional teme el "colapso" por el aluvión de recusaciones de magistrados
Nueva fractura en el seno del Tribunal Constitucional. La guerra interna desatada en la corte de garantías por las recusaciones sobre la amnistía se ha reflejado en el Pleno que tuvo lugar ayer cuando se trató de aprobar «por extensión» la abstención del magistrado y ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de todos los procedimientos vinculados con el borrado de los delitos del procés.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, incluyó en el orden del día del Pleno todas las posibles abstenciones de Campo confiado en que se trataba de un «mero trámite» después de que en el Pleno del pasado 11 de septiembre, por unanimidad, se aceptase que el magistrado se apartara en los asuntos relacionados con la amnistía sobre los delitos del 1-O. En este contexto, Conde-Pumpido -que se encuentra recusado por el Partido Popular y distintas comunidades autónomas- se arrogó las ponencias de las abstenciones de Campo considerando que su función consistiría en trasladar al Pleno la propuesta del propio magistrado. Era el paso previo necesario para agilizar la tramitación de las casi 50 recusaciones que hay encima de la mesa del tribunal.
Sin embargo, la composición del Pleno volvió a fracturar por la mitad al Constitucional y la abstención del magistrado Campo, que hace dos semanas había sido aprobada por unanimidad, salió ayer adelante por la mínima. Seis votos del sector progresista frente a cinco del sector conservador y el anuncio de varios votos particulares por parte de los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías.
Los magistrados del bloque conservador votaron en contra de la abstención de Campo porque consideraron que el Pleno se había constituido de manera irregular, debido a que lo habían integrado varios magistrados recusados en otros procedimientos por la amnistía. En concreto, han sido recusados por distintas partes el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Laura Díez y José María Macías. Los dos primeros han pedido ser apartados por el Partido Popular y distintas autonomías mientras que Macías ha sido recusado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Abogacía del Estado.
En su voto particular, conocido por EL MUNDO, el magistrado Macías defiende que planteada la recusación, «el magistrado recusado no puede intervenir en el procedimiento mientras no se resuelva la recusación, debiendo quedar suspendido el procedimiento hasta ese momento, y la exclusión se refiere al procedimiento en su integridad, incluyendo tanto los autos principales como sus incidentes». «No respetar estas reglas supone incurrir, en mi opinión, en una irregularidad severa por lo evidente de la infracción», agrega el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Además, Macías, que afirma haber participado del Pleno en contra de su voluntad, lanza un claro mensaje a la mayoría progresista que lidera Conde-Pumpido: «No respetar la regla ineludible de no participación del recusado en un procedimiento mientras no se resuelvan (todas) las recusaciones, no sólo plantea el riesgo de apariencia de posible connivencia entre los recusados para constituir el tribunal que debe decidir un asunto. En el caso del TC, la apariencia puede ser mucho peor: no estando en cuestión que el Pleno se puede constituir, lo que irremediablemente habría que concluir es que no se quiere proteger el funcionamiento del tribunal, sino preservar una determinada mayoría que previamente se da por supuesta, y semejante planteamiento desacreditaría al TC como un órgano de justicia y abonaría el discurso de su politización, no en su composición, sino en su actuación».
Tal y como informó este periódico, en la corte de garantías existe una honda preocupación por que el aluvión de recusaciones sobre la amnistía lleve al órgano al «colapso». Fuentes jurídicas creen, además, que provocará un retraso en la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo -primer asunto que tiene previsto resolver el Pleno- y de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y varias autonomías.