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El embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, confiesa que cobró junto a su hijo Alejo de la petrolera estatal PDVSA mediante «operaciones simuladas» a cambio de asesorías ficticias millonarias. Morodo reconoce de esta manera la comisión de al menos un delito fiscal cometido durante el ejercicio del año 2014, acepta una condena de 10 meses de prisión y debe hacer frente a junto a su hijo al pago de multas por importe de 1,4 millones de euros.
EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva al acuerdo de conformidad que la familia Morodo ha alcanzado con la Abogacía del Estado, que ostenta la representación de la Agencia Tributaria en el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Nacional.
En la vista iniciada este lunes, el acusado ha alcanzado el mismo acuerdo con Anticorrupción, al que se ha sumado la acusación popular. Eso asegura que ambos podrán eludir el ingreso efectivo en prisión al no superar sus penas los dos años de cárcel.
Tanto Raúl como Alejo Morodo reconocen haber utilizado un entramado empresarial compuesto por las sociedades Aequitas Abogadosy Consultores Asociados, S.L., Furnival Barristers Corp, S.A., y Morodo Abogados y Asociados, S.L., con el objetivo de defraudar a Hacienda con los cobros que percibían de PDVSA, que era «único cliente» de dos de estas instrumentales, y que ascendieron a 4,5 millones.
«La simulación se realiza», admite el pacto de conformidad suscrito, «mediante la emisión de facturas a los clientes por las tres sociedades mencionadas». «Por tanto, la creación de dichas sociedades carece de una causa real dentro de la relación de servicios profesionales personalísimos prestados por la persona física a sus clientes, siendo su finalidad principal la obtención de una reducción ilícita de la carga fiscal evitando la tributación directa de la persona física por IRPF».
Añade el pacto que «las cantidades percibidas» por estas entidades, que registraron ingresos millonarios procedentes de la petrolera estatal venezolana, fueron, en primera instancia, «disfrutadas e incorporadas al patrimonio personal de Alejo Morodo mediante transferencias directas o satisfacción de gastos de naturaleza personal».
Los investigados admiten que estas sociedades «comparten características comunes: la carencia de oficinas o instalaciones distintas del propio domicilio del socio; la ausencia de estructura, medios materiales o humanos para el ejercicio de su actividad; la ausencia de gastos propios de una empresa en funcionamiento; o la falta de contratación de otros servicios externos especializados para el desarrollo de su actividad».
En el caso de las empresas Aequitas y Furnival, «la prestación de servicios se realiza a un único cliente: la sociedad venezolana PDVSA». Estas compañías «emitían y cobraban facturas por los servicios de consultoría y asesoría en relaciones internacionales», detallan. No obstante, reconocen que «no se han acreditado la realidad de estos servicios».
Una vez con los fondos de PDVSA en su poder, la sociedad Aequitas «realizó transferencias sin justificación a Raúl Morodo en su cuenta del Banco de Sabadell por valor de 95.000 y 240.000 euros respectivamente». En el caso de la mercantil Furnival la operativa fue muy similar. Los investigados admiten que «desde su constitución en 2008 presta servicios a un único cliente, la sociedad PDVSA». Todo ello pese a que «no dispone de ninguna estructura material ni humana para poder realizar su actividad».
La familia Morodo ya ha consignado el dinero defraudado en la cuenta del juzgado, realizando un último pago hace sólo unos días por importe de 301.428 euros. El hijo de Morodo asume, por su parte, una condena de 24 meses de cárcel (18 por uno de los delitos fiscales y seis por el otro) y afronta la mayor parte de las multas al haber administrado las sociedades instrumentales.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya redujo hace un año el denominado caso Morodo a una trama para evadir impuestos descartando los delitos de corrupción política que se atribuía en un principio.
La defensa de Morodo también ha cerrado el pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Ana Cuenca ha indicado en la vista oral que con el reconocimiento de los hechos y el pago de las responsabilidades civiles deben aplicarse las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Inicialmente, solicitaba una condena de ocho años y medio de prisión para el hijo de Raúl Morodo y de tres años y medio para él.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias se ha adherido a la postura del Ministerio Público. Hasta ahora solicitaba nueve años y medio para el ex embajador socialista y 18 años para su hijo.
El juicio proseguirá este lunes porque quien no ha asumido los hechos ni las penas es la esposa de Alejo Morodo. A falta de acuerdo, la Fiscalía pide para Ana Catarina Varandas ocho años y medio de prisión por dos delitos fiscales.
El caso Morodo se inició cuando la Fiscalía interpuso una querella en 2019 en la que acusaba a Raúl Morodo y a su hijo, además, de un delito de blanqueo de capitales, y sostenía que el clan familiar recibió de PDVSA al menos 4,5 millones que carecía de «justificación real y lógica comercial». El Ministerio Público siempre remarcó que Alejo Morodo se valió de las «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela entre los años años 2004 y 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para poner en marcha «una relación comercial con PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta 2014».
En esta línea, la investigación judicial afloró la correspondencia que se intercambió Raúl Morodo con los grandes jerarcas chavistas, a los que pidió ayuda para poner en marcha diversos negocios. En base a estas misivas, desveladas por este periódico y que acreditaban una gran familiaridad con altos cargos como Delcy Rodríguez, la Policía Judicial concluyó que la familia Morodo se había dedicado a ejercer de «conseguidora» con altos mandatarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para beneficiarse de contratos o «proponer negocios de empresas extranjeras en Venezuela».
Morodo a Delcy en 2010: "Querida gacela"
Raúl Morodo cruzó correspondencia con los jerarcas de Caracas y les pidió ayuda para sus negocios, como reveló EL MUNDO el 19 de noviembre de 2021. A Delcy Rodríguez, ahora vicepresidenta y salpicada por el 'caso Koldo', se dirigió el embajador en 2010 como «querida gacela».