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De algo tiene que servir que nuestros debates se alarguen tanto. La última década mostró hasta qué punto el del modelo de Estado no se cerró ni en la Transición ni en los años posteriores. Y esto significa que el futuro del sistema no se puede plantear en abstracto, sino en base a los hechos. A sus hechos.
Por ello, cualquier propuesta debería responder a esta pregunta: ¿qué lecciones se han extraído de la crisis catalana que culminó en 2017? También deberá responder a muchas otras, claro: qué competencias gestiona mejor el Gobierno central y cuáles los gobiernos autonómicos, qué mecanismos garantizarían una cooperación leal entre administraciones, cómo se alcanza un equilibrio adecuado entre autogobierno e igualación de recursos y derechos para todos los ciudadanos...
Sin embargo, no se puede pasar por alto que la mayor crisis vinculada a nuestro modelo se produjo cuando un gobierno autonómico organizó un referéndum ilegal de autodeterminación y luego declaró la independencia, provocando la suspensión de su autonomía. No hay que caer en determinismos: no era inevitable que el modelo alumbrado en la Transición culminara en la DUI de Puigdemont. Pero tampoco se pueden hacer lecturas tan superficiales e interesadas como la que ha propuesto el sanchismo, según la cual todo aquello ocurrió porque gobernaba el PP. La gravedad de lo ocurrido en 2017 no se puede explicar solo como consecuencia de la mayor o menor ineptitud de un gobierno. Y hablar de reformas del modelo de Estado sin tener en cuenta ese precedente es como plantear cambios en el sistema bancario sin tener en cuenta lo ocurrido en 2008.
La crisis catalana cuestiona, por ejemplo, la idea de que la descentralización sirve para reducir el atractivo de los proyectos nacionalistas o separatistas. Tras varias décadas de desarrollo autonómico, los nacionalismos siguen mostrando una excelente salud electoral; y si las tensiones territoriales se debieran a una excesiva centralización, lo lógico hubiera sido que el procés se desarrollase en los años 80 o 90, no tantos años y tantas cesiones más tarde.
Si se aboga por una mayor descentralización, deberían utilizarse otros argumentos: en qué mejoraría el manejo de los recursos públicos y cómo beneficiaría a los ciudadanos de todo el país. Esta sería una base mucho más firme para defender el modelo de las últimas décadas y plantear su desarrollo futuro. Pero incluso entonces no se podrían obviar dos tareas pendientes: cómo se delimita la frontera entre lo común y lo particular, y cómo se canaliza el aumento de quienes desean un sistema más centralizado. A mediados de 2023, un 32,8% de españoles deseaba o que las CCAA tuvieran menos competencias que ahora, o que fueran suprimidas en beneficio de un Estado unitario.
Otro debate importante es el de la presunta "plurinacionalidad" de España, toda vez que esta se ha invocado para justificar una reforma federal o confederal. Se trata de una idea que ha ganado muchos adeptos en los últimos años, sin que se resuelvan las preguntas más elementales sobre ella. Por ejemplo: en ese país plurinacional, ¿la nación española es una parte, o es el todo? ¿Incluye dentro de sí las otras naciones, de manera que los catalanes, vascos y gallegos -y las otras que se quiera incluir- serían ciudadanos binacionales? ¿O la nación española es la de quienes no pertenecen a esas otras naciones, de manera que los catalanes, vascos, gallegos, etcétera dejarían de formar parte de la nación española? En ese país plurinacional, ¿seguirían Puigdemont y Otegi formando parte de la nación española, o se expulsaría de la misma a Feijóo y Abascal? Resulta ilusorio plantear una reforma del modelo de Estado sobre este tipo de vaguedades y aporías. Si 2017 supuso el fin de la inocencia, también debería marcar el final de la frivolidad.