De repente, emerge Morant. La semana pasada no era el momento de exigir dimisiones; ayer, ya sí. Por dos razones: porque había que esperar, a prudencial y exquisita distancia, a que transcurriera la manifestación del día 9 para terminar de configurar un marco de interpretación; y porque tenía que aparecer Sánchez con la billetera. Las ayudas directas son cosa de Sánchez, que cogió el timón exactamente 15 días después de la catástrofe para enumerar las ayudas, compensaciones y subvenciones que contempla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
En su ceremoniosa comparecencia del lunes, Sánchez empleó los mismos términos que recoge esta ley. El artículo 20 se refiere a las acciones propias de la «fase de recuperación» -con esta expresión justificó el paquete de ayudas-. Las medidas contenidas en el artículo 24 son las que se aplican en casos de emergencia nacional. Sánchez las enumeró. No declaró formalmente la emergencia, ni cuando estaba en la obligación de hacerlo -incurrió en dejación de funciones- ni el lunes. Tampoco se lo aconsejaron los ministros competentes -Marlaska, Montero, Ángel Víctor Torres y Óscar López- ni las que debían estar a los mandos de sus respectivos organismos: Ribera y, en relación con la seguridad nacional, Robles.
Emerge Morant porque se tambalea Ribera y urge ventilar a Mazón anets de que las calles luzcan "recuperadas"
Cuando Sánchez debió declarar la emergencia no hubiera salvado vidas pero hubiera aliviado la angustia de miles de familias. Ahora la maneja sin anunciarla [el artículo 23 habilita a Sánchez a haber actuado el mismo día de la tragedia] para posar pronto en las calles rehabilitadas. Sánchez prefiere los golpes de efecto a los procedimientos. También se inhibió y rehuyó su deber cuando evitó aplicar la Ley de Seguridad Nacional, constituida según los principios de «unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración» [art. 4] para garantizar el «bienestar de los ciudadanos» [arts. 3 y 10] y «el suministro de los servicios y recursos esenciales» [art. 10]. Sin tanta morralla leguleya: el Gobierno es responsable de la seguridad de los ciudadanos y, sin embargo, Sánchez sugirió a los valencianos que si necesitaban «más recursos» que los pidiesen a través de Mazón. Él se limitaría a reponer el cableado y los sofás.
En la opinión pública rige un consenso transversal: el vacilante Mazón es corresponsable de la lentitud en la reacción y debe dimitir -hay división de opiniones en torno a cuándo-. Sin embargo, entre los oportunos inquisidores oficialistas flota un reparo o renuncia que levanta sospechas. ¿Es Mazón el único responsable, sea por no haber advertido a tiempo, no solicitar la ayuda que la situación requería o haber actuado con desquiciante pachorra? ¿Acaso no atenazan al Gobierno las mismas flaquezas? Los organismos dependientes de la silente Ribera no anduvieron finos en sus previsiones y comunicaciones; el Gobierno, que disponía de recursos, escatimó una asistencia que Mazón pareció reacio a pedir mientras los pueblos achicaban agua y buscaban a sus desaparecidos; y Sánchez [descontado el bulo de los «grupos organizados» en su intento de victimización] se dejó ver con severa e indiferente distancia y displicencia. Emerge Morant porque se tambalea Ribera y urge ventilar a Mazón antes de que las calles luzcan «recuperadas» al paso peronista de un Modi-móvil con Sánchez a bordo lanzando fajos de billetes, como Musk.