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La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado el informe sobre las implicaciones económicas, fiscales, sociales y políticas del acuerdo de financiación singular suscrito entre el PSOE-PSC y ERC con el objetivo de que Cataluña avance hacia la plena soberanía fiscal y a cambio de que los republicanos catalanes permitieran con su voto la investidura de Salvador Illa.
Junts ha votado en contra del documento por considerar que se trata de un informe "de parte". Esta formación defiende que Cataluña "está ahogada". "Ha llegado el momento de dejar de exprimir a la vaca tras cinco décadas de solidaridad impuesta", ha afirmado Eduard Pujol quien, sin embargo, ha sostenido que el pacto entre el Gobierno y "la sucursal del PSOE en Cataluña" no sirve para garantizar la soberanía fiscal catalana. "Cataluña", ha lamentado, "tiene que pagar los excesos de los demás".
El PSOE también ha presentado un voto particular contra el informe por considerar que está "lleno de imprecisiones". Los socialistas se han aferrado a la idea de que la mayoría de los comparecientes abordaron el asunto desde la premisa de que se trata de un pacto político que todavía no tiene concreción en puntos sustanciales.
ERC insistió en que Cataluña necesita un pacto que ponga fin al "expolio fiscal" de 22.000 millones de euros anuales. "La riqueza de Cataluña se tiene que quedar en Cataluña". Este ha sido el principio que ha defendido la senadora Sara Bailac quien ha añadido, además, que la "solidaridad" que aporte Cataluña tiene que estar "limitada por el principio de ordinalidad". Y ha advertido a los socialistas: "Esto tiene que cumplirse al pie de la letra y sin tardanza porque cualquier incumplimiento tendrá consecuencias".
Doce expertos
El informe recoge las conclusiones de la docena de expertos que han comparecido en la Cámara Alta para analizar el pacto y sus consecuencias. En este sentido, la mayoría de los comparecientes plantearon serias dudas acerca de su encaje constitucional porque una propuesta de singularidad contraviene los principios de igualdad y solidaridad ambos esenciales en el marco de la Carta Magna.
El principio de solidaridad, insiste el informe, "podría verse comprometido si se permite que Cataluña retenga una mayor proporción de recursos fiscales porque eso afectaría directamente a la capacidad del Estado para redistribuir recursos entre todas las comunidades". "Lo que gana una comunidad debe ser compensado por otras" que deberían "aumentar sus impuestos o reducir sus servicios públicos", concluye el texto que señala que las comunidades más afectadas serían las que tienen menos capacidad recaudatoria.
El documento apunta la coincidencia expresada también por la mayoría de los expertos de que las modificaciones del sistema de financiación que afectan al conjunto del Estado "deben realizarse en un marco multilateral, para garantizar la equidad y la transparencia, al menos en su estructura básica". Y recalca que "lo que afecta a todos los territorios debe ser acordado simultáneamente con todos los territorios".
En referencia a la fragmentación de la Agencia Tributaria, los comparecientes alertaron de un posible "aumento del fraude", un "incremento de costes para los ciudadanos" y un "debilitamiento de la eficacia en la recaudación". Igualmente señalaron que el acuerdo plantea un riesgo de "competencia fiscal nociva" principalmente en impuestos clave como el de Sociedades.
Consejeros autonómicos
Los consejeros de Economía y Hacienda de Murcia y Valencia han tachado de claramente "lesivo" el acuerdo. En opinión de ambas comunidades, muy infrafinanciadas, es "inconstitucional". La consejera valenciana ha acusado al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda de actuar con "cálculo político" en función de sus propios intereses "incluso a costa de perjudicar al resto de los españoles".
Extremadura ha hecho hincapié en los valores de igualdad y justicia, en la indisoluble unidad de la nación española, recogidos en la Constitución y en el principio de que la riqueza pertenece a los ciudadanos y no a los territorios.
La Comunidad de Madrid por su parte ha calificado de "peligroso" el pacto con ERC porque "beneficia a un partido político perjudicando a los españoles". Su consejera ha pedido una reforma del sistema de financiación "con diálogo entre todas las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no mediante una negociación bilateral que debe restringirse sólo a cuestiones técnicas". El acuerdo "supone un privilegio para Cataluña", ha recalcado.
A la sesión han acudido representantes de los Gobiernos de Valencia, Madrid, Extremadura, Murcia y la ciudad de Ceuta.