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El empleado público Pelayo Cardelús, licenciado en Derecho, tiene cuatro hijos. Al mayor, de 14 años, le ha sacado del colegio concertado de Madrid en el que estudiaba porque «pasaba buena parte del día con la atención puesta en un ordenador portátil». Al pequeño, de tres años, no le ha escolarizado en ese centro. Además, ha suspendido el pago de la cuota voluntaria de los dos hijos medianos mientras el colegio siga vinculado a Google. «Animo a otros padres a hacer lo mismo», dice. «Nuestros hijos están desprotegidos. Una cosa es que adquieran competencias digitales y otra muy distinta es digitalizar la educación para satisfacer la voracidad de la industria tecnológica, como lamentablemente está sucediendo».
Tras la guerra de los padres contra el móvil, se ha abierto un segundo frente en los colegios. El objetivo es frenar el uso de herramientas digitales supuestamente educativas que se han extendido por las aulas en los últimos tiempos: los chromebooks y los ipads, las aplicaciones como Kahoot o las plataformas como Google Classroom, como se conoce el paquete Google Workspace for Education. La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido una decena de reclamaciones de familias contra varios centros educativos por las dudas de privacidad que suscita esta herramienta. Pelayo Cardelús es uno de los padres que ha reclamado y el primero que da la cara.
«Lo hago porque me siento obligado», expresa. «Hemos perdido la base de nuestra libertad y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Todo lo que hacen los niños en la pantalla está registrado, tratado, analizado y convertido en información. Si se les dan bien las Matemáticas, su perfil psicológico, sus preferencias de consumo, sus cualidades y carencias, sus impulsos y su carácter único. Google se dedica al conocimiento exhaustivo de la psicología de las personas y luego hace negocio con sus predicciones. Se extraen datos de la actividad escolar y privada de niños y adolescentes. Hay padres a los que les da igual, pero yo creo que no hay que resignarse».
El pasado abril, Cardelús acudió a Protección de Datos para presentar una reclamación contra el colegio por la utilización de Google Workspace for Education. No fue admitida a trámite, pero él no se dio por vencido e interpuso un recurso de reposición que la Agencia sí ha aceptado y que está pendiente de resolución. La reclamación va contra el colegio, y no contra Google, porque el primero es el responsable del tratamiento de los datos.
Fuentes de la empresa tecnológica dicen que «son los centros educativos, y no Google, los que poseen los datos» y son, por tanto, «los principales responsables de decidir cómo se utilizan y comparten». «Por tanto, son quienes controlan el uso de los contenidos y el acceso a los diferentes servicios», recalcan.
El consentimiento
Cardelús, que trabajó en un despacho de abogados, cree que podría existir una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos en relación al consentimiento que los padres firman para que la escuela abra a los menores una cuenta de Google Workspace for Education. Google dice que el consentimiento lo elaboran los colegios. La Fundación Educativa Santo Domingo, titular de este y de otros 38 centros más, puntualiza que ellos lo redactan, pero «en base al clausulado facilitado por Google».
En opinión de Cardelús, este consentimiento, independientemente de quién lo haya elaborado, «no es libre ni informado». «No es informado porque utiliza un lenguaje enrevesado. Se trata de un documento con links que remiten a otros links, un laberinto. Debería ser más claro porque no entendemos lo que firmamos», denuncia.
«Tampoco es un consentimiento libre porque, en caso de no firmar, nuestro hijo no tendría herramientas alternativas. O aceptamos la plataforma de Google o nuestro hijo queda excluido», añade Cardelús.
En la fundación que representa al colegio defienden que al hijo mayor de Cardelús se le dio como alternativa la plataforma Global Educa, donde también podía colgar las tareas escolares, y que incluso tuvo la posibilidad de entregar las actividades en papel. Cardelús responde que el niño «tenía que ir persiguiendo a los profesores y se perdía cosas por no estar en Google Classroom». «Fue discriminado por no estar en la plataforma, era el único de su clase que no la tenía».
"Uso responsable y seguro"
La Fundación Educativa Santo Domingo argumenta que la Lomloe obliga a que los alumnos adquieran competencias digitales. «Nosotros apostamos por un uso de la tecnología responsable y seguro, al servicio del aprendizaje de los alumnos. Lo que se consigue aislándoles es que no tenga conocimientos tecnológicos el día de mañana», señalan las fuentes consultadas, que insisten en su compromiso con la privacidad de los datos de los alumnos y explican que han pasado de utilizar la licencia gratuita de Google a la versión de pago, que es «más segura» porque permite «poder elegir que los datos estén alojados en servidores europeos».
«Todos estamos de acuerdo en que adquieran competencias digitales», responde Cardelús, «pero no se ha pensado de verdad en cómo enseñarlas. Aprenden cuatro cosas, no saben programar, como nos gustaría a los padres. Lo que se ha hecho es digitalizar la educación al gusto e interés de una compañía privada».
Cardelús también se ha quejado varias veces en el colegio de los chromebooks, ordenadores portátiles de Google que usan los alumnos del centro a partir de 3º de la ESO. Denuncia que «las tecnológicas trasladan a los padres la responsabilidad de que sus hijos usen bien internet, pero las familias no pueden estar todo el rato vigilando si están haciendo los deberes o jugando a un videojuego». Su mujer creó con otras dos madres un grupo de WhatsApp llamado «Mejor sin chromebook». Recogieron firmas y enviaron cartas al colegio y a la fundación, pero fue inútil. Según la fundación, la mayoría de familias está a favor de la política digital del colegio.
Cardelús cree que «lo que se presentó en Primaria como una plataforma educativa necesaria y benéfica se ha revelado en Secundaria como lo que es: un plan para atrapar la atención de los menores». «Encadenan a los niños a las pantallas, el portátil se ha convertido ya en casi un apéndice del cuerpo de los alumnos».
El próximo paso de Pelayo Cardelús será pedir ayuda a la Inspección de la Comunidad de Madrid. Está decidido: «Mi intención es seguir hasta donde haga falta».