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Trece fiscales de Sala, miembros del denominado generalato del Ministerio Público, han remitido este viernes una dura carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde le piden su dimisión después que haya declarado como imputado por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo por presuntamente haber difundido datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, los fiscales de Sala sostienen que "la comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor es impropia de un Estado Democrático de Derecho".
"Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz; nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los tribunales", agregan.
La citada carta ha sido suscrita por los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete (fiscal jefe de Penal que lo recibió el día de su declaración en la puerta del Supremo), Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra.
Dos de las firmantes, Madrigal (miembro de la conservadora Asociación de Fiscales) y Segarra (miembro de la Unión Progresista de Fiscales) son ex fiscales generales del Estado; la primera lo fue con un Gobierno del PP y la segunda con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"Daño intolerable" a la Fiscalía
Estos fiscales de la máxima categoría de la Carrera Fiscal creen que "la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable", tras la imputación de García Ortiz.
Asimismo, desde la cúpula fiscal subrayan que la "permanencia" del fiscal general en el cargo "provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales".
Por otro lado, los firmantes destacan que "los escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la institución del Ministerio Público, que como fiscal general representa, son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión".
Esta parte de la cúpula fiscal destaca que "el avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal".
También recalcan que "el panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental", en referencia a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien se está oponiendo de forma sistemática a que el magistrado Ángel Hurtado investigue a su jefe, pese a ser el principal imputado por la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Deber" con la institución
Por último, los fiscales de Sala ponen de manifiesto que "es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación". "La permanencia de usted en el cargo de fiscal general del Estado difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera", destacan.
Asimismo, los fiscales de Sala añaden que "tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara" a García Ortiz sino al contrario "le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución a la que se debe".
En la actualidad, la Junta de Fiscales de Sala está compuesta por 35 miembros tras el fallecimiento este jueves del fiscal Luis del Río debido a una grave enfermedad.
En los últimos años, con Dolores Delgado como fiscal general, primero, y con García Ortiz como sucesor después, el generalato de la Fiscalía ha sufrido un vuelco ideológico debido a la escorada política de nombramientos llevada a cabo por ambos, donde sistemáticamente han premiado con ascensos a fiscales amigos o próximos ideológicamente a ellos.
La Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece Delgado y de la que fue portavoz y presidente García Ortiz, ha copado la mayoría de asientos de la Junta pese a ser un colectivo minoritario en la Carrera Fiscal.