El martes, hablábamos en clase sobre la utilidad de los índices de calidad democrática -miden las democracias-. Trataba de explicar que su rendimiento ha decaído porque están configurados según un paradigma de otro tiempo, el de posguerra, cuando el significante democracia no estaba sometido a revisión y los gobiernos respetaban también las normas no escritas, no trataban de expulsar del terreno de juego a los adversarios ni apresar a los árbitros. De modo que los deslizamientos autocráticos o cesaristas, aparentemente sutiles, quedan fuera del sensor de estos índices [era tan sólido y luminoso el artículo del profesor Ovejero aquí, «La democracia liberal como democracia iliberal», que hasta que lo olvide evitaré usar el término iliberal]: los indicadores de estos medidores son tan genéricos y obsoletos que sólo testan las no democracias, pero son incapaces de calibrar la temperatura en las democracias que se recalientan, como la nuestra.
Así que Mariñoso, alumno aventajado y brillante, lo resumió a la perfección: «Estos índices son como los controles de seguridad de los aeropuertos». Puestos en el símil, sería más severo: como los de acceso a los estadios de fútbol: plas, plas, plas y pa'dentro. Las operaciones de ingeniería legal que vician las democracias son tan complejas que resulta tedioso explicarlas y parecen insignificantes: cómo le desembrollamos a un noruego que el PSOE pretendió vulnerar flagrantemente la ley electoral en julio de 2023 saltándose el procedimiento de recuento con una vulgar triquiñuela; cómo le aclaramos a un danés que con enmiendas y transaccionales al Código Penal, el PSOE trató de modificar dos leyes orgánicas, nada menos que para cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ durante un puente de la Constitución.
Cómo valoramos en términos de calidad democrática -o sea, no plebiscitaria- los cinco días de asueto amoroso de Sánchez. Y cómo computa el jurado de estos índices que la renovación, con cinco años de retraso, del CGPJ se hizo bajo la supervisión de Bruselas [por no hablar de la vara de mando de Puigdemont, de la ley de amnistía, de la amnistía encubierta a los condenados por los ERE, aclamados y victimizados; o de la emulación nixoniana -«Si lo hace el presidente no es delito»- y megalómana del imputado García Ortiz: «No necesito habilitación legal expresa para una nota de prensa, soy el fiscal general»].
Las imágenes también dañan. Pons y Bolaños sonreían forzados -luego comparecieron por separado-; la comisaria Jourová lo hacía resignada. La firma les comprometía, según recomendación de Bruselas, a proponer una reforma del sistema de elección del CGPJ. Hoy acaba el plazo para la presentación de la propuesta. El CGPJ trasladará dos al Gobierno y las Cortes. Una del gusto de Sánchez y otra más próxima a los estándares europeos. Para Sánchez, cualquier compromiso a futuro -en este caso la disposición adicional de la ley que permitió la renovación- es un papel arrugado arrojado a la espalda. Así que otra vez con el mochuelo a Bruselas y Venecia: plas, plas, desgana.