Las CCAA del PP estallan contra el pacto de los menores: "Los usan para seguir en Moncloa"

Las comunidades gobernadas por el PP han declarado la guerra al Gobierno por los criterios para distribuir a 4.400 menores extranjeros no acompañados que saturan las capacidades asistenciales de Canarias y Ceuta. Estas autonomías entienden que el acuerdo alcanzado el jueves entre la ministra de Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo, sólo busca contentar a Junts y al PNV, dos socios prioritarios para Pedro Sánchez, al permitir que Cataluña y el País Vasco salgan beneficiados, o incluso exentos, en el reparto.

Baleares dejó claro ayer que no piensa aceptar la llegada de niños y adolescentes procedentes de otras partes de España porque lleva meses trasladando al Gobierno que sus servicios públicos de acogida de menores están desbordados, al 650% de su capacidad. El año pasado llegaron 367 menores no acompañados a bordo de pateras, el doble que en 2023. El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, reaccionó con dureza al acuerdo, calificándolo de "broma de mal gusto" y reiterando que no están dispuestos a acoger mientras sus servicios estén "sobreocupados". Aragón también ha avisado que no se quedará con ningún menor si Cataluña y País Vasco quedan fuera del reparto.

El resto de regiones populares no llegaron tan lejos, pero criticaron el "oscurantismo" con el que se ha negociado el acuerdo (en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda) y se opusieron "rotundamente" a los criterios de reparto, que consideran fruto de una "imposición" (María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria) y van a suponer un nuevo "agravio" para las CCAA del PP, según vaticinó Andalucía, que se quejó de que tiene ya más de 1.000 menores acogidos.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, incluso acusó a Pedro Sánchez de utilizar a los inmigrantes "como mercancía" para "negociar y seguir unos meses más en La Moncloa". Madrid, en la misma línea, exigió al Gobierno que no use "como moneda de cambio" a los menores migrantes para "pagar peajes" a Junts y al PNV. Horas antes, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, había rechazado el acuerdo, considerándolo "mezquino e inexplicable" por entender que deja fuera del reparto a Cataluña y País Vasco.

El Gobierno insiste una y otra vez en que estas regiones no van a ser eximidas, pero, al mismo tiempo, justifica que tienen superávit de acogidos para ser más complacientes con ellas en el reparto. La ministra Rego defendió ayer que Cataluña tiene casi 4.600 plazas creadas (el 24% de toda España) y Madrid tan solo 1.900 (el 10%), por lo que la distribución debe tener en cuenta también esta circunstancia.

Su departamento redactó a finales de 2024 un informe que señalaba los territorios que debían crear más plazas y los que menos. Siguiendo el criterio de que todas las regiones deben tener una plaza por cada 2.250 habitantes (la media de ocupación de los centros de acogida de España), Madrid mostraba entonces un déficit estructural de 1.145 camas; Andalucía, de 839, y la Comunidad Valenciana, de 764. Por contra, los territorios que superaban el mínimo de plazas estructurales eran, además de Canarias (65), Ceuta (45) y Melilla (150), Cataluña (superávit de 1.065 plazas), País Vasco (498) y Navarra (85). En total, las comunidades del PP deberían crear algo más de 4.000 plazas nuevas de acogida, según este cálculo.

El jueves, el Gobierno y Canarias acordaron sumar a los criterios de reparto ( población, renta per cápita, paro y dispersión de la población) el esfuerzo de acogida realizado por la región, tal y como pedía el Gobierno vasco. El Ejecutivo central no oculta que este factor beneficia a Cataluña y al País Vasco. ¿De qué manera? Queda por determinar su ponderación en relación a los demás factores, pero las opciones sobre la mesa irán desde acoger a menos menores y que el peso recaiga sobre otras CCAA a que no acojan a ninguno. ¿Por qué? "Es una cuestión de equilibrio", justifican las fuentes del Gobierno.

No en vano, el Gobierno vasco cifró ayer entre 800 y 900 los menores actualmente acogidos en esta región y confió en que "ese reparto se haga de una forma equitativa, justa y solidaria entre las diferentes comunidades autónomas" porque considera que ellos ya están contribuyendo bastante.

También la Generalitat catalana recibió con agrado la propuesta, a pesar de que considera que existe un pequeño margen para seguir acogiendo y se muestra abierto a utilizarlo si así lo demanda el Gobierno central. Más satisfecho, incluso, está Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, expresó que, en plena negociación por las competencias de la inmigración, "Cataluña no puede formar parte de este café para todos", evidenciando que las relaciones de conveniencia entre el PSOE y los neoconvergentes han motivado la decisión.

La teoría de que se privilegia a Cataluña y el País Vasco en el reparto, aunque oficialmente se diga que no se van a quedar fuera, la reconoció ayer el propio Clavijo: "El esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo".

La sensación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras reunirse ayer en Las Palmas con el presidente canario, es que ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni el lehendakari, Imanol Pradales, van a negarse a acoger a menores. Pero recela de la influencia que puede tener Carles Puigdemont en el acuerdo. "No creo que Cataluña ni el País Vasco se puedan excluir; si realmente alguien está pensando en eso es tanto como negar la posibilidad de solución. Pero, si en vez de negociar con la Generalitat negocian con Puigdemont, que es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos, es verdaderamente radiactivo". Otro socialista, el presidente asturiano, Adrián Barbón, dijo que, aunque "Asturias es tierra de acogida", analizará "con cautela" el contenido del acuerdo.

Con información de Marisa Cruz, Eduardo Colom, Víctor Mondelo y Josean Izarra.