- Política Sánchez sella un eje hispanofrancés con Macron pero no logra que reabra los puestos fronterizos
El 19 de enero de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, firmaron el Tratado de Amistad España-Francia en el marco de la XXVII Cumbre bilateral celebrada en Barcelona. El texto estaba llamado a consolidar «una estrecha relación» y «proteger el vínculo entre ambos países con un marco político y jurídico acorde a los retos del siglo XXI».
Sin embargo, ni en 2023 ni en 2024 el Consejo de Ministros encontró el momento para remitirlo a las Cortes. El problema es que alguno de los párrafos firmados por Sánchez son incompatibles con la ley española.
El Ejecutivo galo tramitó el Tratado y lo aprobó, pues el texto no colisiona con sus normas. Pero la lentitud de España provocó «inquietud» en la parte francesa, perjudicando la relación bilateral. De hecho, Macron debe un viaje de Estado a España en devolución al que llevaron a cabo los Reyes hace una década.
Finalmente, el Consejo de Ministros dispuso el pasado 28 de enero la remisión a las Cortes del Tratado de Amistad «solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia». Una semana después, la Mesa del Senado ha dejado constancia de que el artículo 2.4 del Tratado puede ser inconstitucional. Ese artículo reza: «Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación».
La Mesa de la Cámara Alta considera que sería necesario requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia de contradicción entre la Constitución y el mencionado artículo, antes de su autorización por las Cortes y con suspensión de la tramitación del mismo hasta que el tribunal se pronuncie.
Según el órgano rector del Senado, se pretende «introducir la posibilidad de que los tratados internacionales (...) puedan variar por la vía de los hechos, según la voluntad del presidente del Gobierno, quién puede asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, pasando a ser personas extranjeras partícipes de las decisiones que deben estar reservadas sólo a autoridades nacionales, por ser la función del Gobierno una en la que se manifiesta la acción del Estado». «Con ello -añade- se desnaturaliza, se desnacionaliza, la función del Gobierno que debe estar reservada a sujetos nacionales».
Según reflexionan en el escrito, para permitir la presencia de extranjeros en el Consejo de Ministros habría que modificar "el artículo 98 de la Constitución e incluso los artículos 13 y 23". El texto denuncia una "gravísima desnaturalización del Consejo de Ministros y de la función del Gobierno vía tratado internacional" y afirma que "adolece de un evidente déficit democrático".
Un tratado de 36 artículos
Si bien el texto que se firmó en Barcelona aparece rubricado por Pedro Sánchez, en la parte francesa son tres personas quienes lo ratifican: el presidente, la primera ministra de entonces y la ministra de Asuntos Exteriores. En España, Sánchez asume él en solitario la responsabilidad del Tratado.
A lo largo de 24 páginas y 36 artículos, sientan las bases para estrechar la relación entre dos países aliados en la OTAN y la Unión Europea y que además comparten frontera.
Así, el texto que aún no ha sido aprobado por España les obliga a celebrar una cumbre bilateral anual que termine con una declaración Conjunta y contactos habituales entre los ministerios de Asuntos Exteriores para seguir el cumplimiento de los acuerdos.