- Política Los Mossos d'Esquadra asumirán de forma "compartida" el control de fronteras en Cataluña pero Junts exige más: "Tiene que ser integral, no un consorcio"
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Una comunidad de vecinos. Así describe un relevante cargo socialista cómo podría definirse esta legislatura. Un bloque de vecinos donde cada inquilino tiene sus necesidades o exigencias para poder vivir mejor y más confortable en su piso. Y, como en muchas comunidades, hay un vecino «tocapelotas, con el que tienes que discutir más». Aunque bien es cierto que en estos tiempos podría haber más de un candidato a ese cartel, no parece difícil pensar que para el Gobierno ese vecino fastidioso es Junts. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dependencia de los siete votos que tiene Carles Puigdemont en el Congreso obligan a tener su beneplácito para sacar adelante medidas en la Cámara. La Moncloa sigue empeñada en intentar unos Presupuestos para 2025, pero antes debe cerrar la negociación sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Un diálogo que se ha intensificado de nuevo y que, ya sí, parece encaminado a una «cogestión» en las fronteras de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El control de las fronteras es uno de los caballos de batalla de la negociación desde hace meses. La posición de Junts era que la policía autonómica asumiera en exclusiva el control de las fronteras terrestres, los puertos y aeropuertos. En el Gobierno defienden que no pueden porque la Constitución establece que esa competencia es estatal. En ese tira y afloja, ambas partes constatan que en la mesa de negociación ha estado presente el modelo alemán. Lo que sucedió en Alemania cuando en 2018 , bajo la presidencia de la entonces canciller Angela Merkel, líder de los conservadores de la CDU, el estado federado de Baviera lanzó su propia policía fronteriza.
La ley que se aprobó en el parlamento regional permitió en un principio a la policía actuar en caso de «amenaza de peligro», sin que esta sea concreta, y daba la posibilidad de detenciones preventivas de hasta tres meses. Los socialdemócratas del SPD, los Verdes y los Votantes Libres de Baviera se opusieron a esta decisión, calificándola de populista, y presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC). Pese a las aspiraciones de Baviera de ir ampliando competencias, la Justicia limitó el paquete al zanjar que los controles fronterizos y la gestión de las expulsiones de inmigrantes son competencia de la policía federal.
De nuevo, como sucedió con la amnistía, el Gobierno ha peinado Europa mirando situaciones similares para beber de esas experiencias y encontrar fórmulas que pudieran ser asentadas en España.
La «cogestión» de las fronteras es un paso intermedio que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a validar. La filosofía de «pon un mosso en tu vida», como resumen fuentes socialistas. Esto es, incorporar a la policía autonómica catalana a las funciones que desarrollan Policía Nacional y Guardia Civil, pero sin excluir a estos. Públicamente, Junts exige la competencia «integral» para los Mossos, pero fuentes independentistas admiten la inconstitucionalidad de la medida.
Con esta fórmula, a imitación de Baviera, el Gobierno podría acogerse al marco de la Constitución, como vienen diciendo los ministros que se va a hacer. Porque, de facto, no sería un traspaso integral de las competencias, sino una delegación de competencias que facultaría a los Mossos para hacer algo junto a Policía y Guardia Civil. Una solución que permite a ambas partes lanzar su mensaje: unos que han logrado tener competencias en las fronteras para los Mossos; otros que se cumple la Constitución y que el control es competencia estatal.
La primera voz autorizada que rompió el tabú y sorteó la opacidad de la negociación para hablar de esta fórmula de «cogestión» que lleva tiempo en la mesa de negociación fue ayer la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon. Constató que el control de fronteras «será compartido» entre los Mossos y los cuerpos de seguridad del Estado, y además de poner fecha a esta incorporación de la política autonómica: asumirán la seguridad de puertos y aeropuertos a partir de septiembre. No antes, porque esgrime Parlon, no tienen recursos humanos a día de hoy.
Junts insiste en hablar de delegación «integral» de competencias en inmigración «vía artículo 150.2 de la Constitución». «Integral quiere decir integral, no queremos un consorcio». Ese artículo señala que el Estado «podrá transferir o delegar en las Comunidades, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación». Pero, a la vez, el 149 fija como competencias exclusivas del Estado: «Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».