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Vox inicia su ofensiva parlamentaria contra la ley que delega competencias de inmigración a Cataluña y lo hace con la vista puesta en futuros pasos en los tribunales. El partido ha registrado un escrito en el Congreso pidiendo a la Mesa que rechace la admisión a trámite de la proposición acordada por PSOE y Junts, al sostener que esta supone una "infracción manifiesta" de la Constitución.
El grupo parlamentario argumenta que la norma, registrada el pasado martes en la Cámara Baja, es "incompatible con el orden constitucional al afectar directamente al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA" y, además, considera que atenta contra el "principio de soberanía sobre el que se basa la existencia de la nación".
Para defender este razonamiento, Vox alude al artículo 149 de la Carta Magna, que establece que el Estado "tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo". PSOE y Junts acordaron la delegación de competencias en inmigración a Cataluña amparándose en el artículo 150.2, que permite esta cesión de facultades en materias que "por su propia naturaleza sean susceptibles" de ello.
Sin embargo, a juicio de Vox, la iniciativa "infringe" esa cláusula porque la inmigración "forma parte del núcleo de la soberanía nacional y debe residenciarse siempre en el Estado". Así, además de solicitar a la Mesa su inadmisión a trámite, el partido pide a los servicios jurídicos del Congreso que elaboren un informe sobre la "adecuación" de la proposición de ley al texto constitucional.
Fuentes de la formación reconocen no tener mucha esperanza en que la Mesa acepte lo que solicitan, pues PSOE y Sumar tienen mayoría en este órgano. Sin embargo, señalan que registrar este escrito es un paso previo necesario para futuras acciones que puedan llevar a cabo en el ámbito legal. Los servicios jurídicos de Vox ya estudian esta vía y barajan la posibilidad, entre otras, de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional la tramitación de la proposición de ley en caso de que la Mesa le dé luz verde.
La ofensiva, primero parlamentaria y después judicial, que el partido de Santiago Abascal inicia hoy respecto a la cesión de competencias migratorias a Cataluña tiene precedente, pues los mismos movimientos se produjeron cuando el Congreso aprobó la Ley de Amnistía. Vox recurrió en amparo su tramitación ante el Tribunal Constitucional en varias ocasiones durante su paso por la Cámara Baja.
Sobre la forma en que se tramita
En el escrito dirigido este jueves a la Mesa, el grupo parlamentario de Abascal también critica la forma en que PSOE y Junts han presentado la iniciativa: como proposición de ley y no como proyecto de ley (formato reservado a las normas del Gobierno), esquivando así el paso por los órganos consultivos. Por ello, Vox pide a la Mesa que, de admitirse a trámite el texto, este "se someta a las mismas exigencias de un proyecto de ley", recabando los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El partido sostiene que, al no someterse la norma a esos informes, PSOE y Junts "eluden los resortes, controles y garantías para la protección de los superiores intereses de la nación". Además, apunta que tampoco la iniciativa encontrará obstáculo a la hora de que el Gobierno manifieste su criterio sobre ella -el Ejecutivo podría impedir su tramitación si considera que el texto implica un incremento del gasto-. Vox cree que la delegación de competencias en inmigración acarreará un aumento del gasto público, aunque la norma no lo recoge.