La vía que baraja Moncloa para aumentar el gasto militar sin someterse al Parlamento es desautorizada por el organismo independiente guardián de la ortodoxia presupuestaria en España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) invalida el uso de esta fórmula, que es la de recurrir al llamado Fondo de Contingencia, una partida presupuestaria reservada para desastres imprevistos y que el Gobierno usa de forma discrecional para, sobre todo, gastos militares. Según la AIReF esta utilización -que permite evitar someter más gasto militar reconocido al Parlamento- es una mala práctica que recorta el margen de maniobra para afrontar contingencias reales como la de la dana.
Así lo aseguran fuentes de la institución y lo pone de manifiesto su informe publicado este jueves llamado Opinión sobre los Riesgos Fiscales. En este documento se critica que los gastos de defensa, en particular para financiar operaciones denominadas de "mantenimiento de la paz" con despliegue de tropas en el exterior, es el principal uso del fondo, pese a que éste está diseñado para imprevistos como desastres naturales y está dotado con cerca de 4.000 millones de euros anuales.
«El gasto en mantenimiento de la paz fue el principal destinatario de recursos, absorbiendo el 33% del importe total del Fondo de Contingencia durante el periodo analizado (2012-2024). Esto equivale aproximadamente a 11.500 millones de euros (12.900 millones de euros en términos constantes de 2023), una cifra que representa más del doble de la cantidad destinada a cualquier otra categoría de gasto financiada por el fondo en ese tiempo».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves en Moncloa que, desde 2018 que gobierna, el gasto en defensa se ha incrementado en 10.000 millones. Parte de ellos mediante esta formula opaca.
El recurso al Fondo de Contingencia sirve a los Gobiernos -también lo usó el de Mariano Rajoy- para difuminar el verdadero gasto militar del país, pero no es la partida presupuestaria válida, según los técnicos del organismo, por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque merma recursos para catástrofes. «Financiar gasto discrecional con cargo al Fondo de Contingencia reduce los recursos disponibles para afrontar riesgos, disminuyendo la eficacia del Fondo y aumentando el riesgo de desviaciones en la ejecución presupuestaria. Esto, a su vez, eleva la probabilidad de incumplir las reglas fiscales», señala.
La segunda razón es que, además, añade opacidad en las cuentas públicas. «Esta práctica genera una falta de transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Al no dotar adecuadamente estas partidas desde el inicio, el presupuesto aprobado no refleja fielmente el gasto real previsto, ofreciendo una imagen distorsionada del importe que finalmente se ejecutará al cierre del ejercicio», reprocha el documento.
Un ejemplo es lo ocurrido en 2024. El Fondo de Contingencia estuvo dotado con 3.964 millones y, sólo para gastos de tropa en el exterior, el Gobierno utilizó 1.386 millones. Cuando en otoño hizo estragos la dana, el Ministerio de Hacienda se encontró con que no había dinero para imprevistos y terminó utilizando 6.066 millones de una caja en la que había 2.102 millones menos, según los datos de la AIReF a partir de los informes de la Intervención General del Estado.
La diferencia son algo más de los 2.101 millones que tuvo que aprobar de urgencia el Gobierno en noviembre para atender los efectos de la tragedia de la dana y lo hizo mediante «créditos ampliables» con cargo a la deuda del Estado.
Cuanto más se recurra, por tanto, a este cajón de sastre presupuestario para gastos previsibles que deberían estar aprobados de otro modo y convalidados en el Parlamento, menos caja queda para desastres que precisan respuesta del Estado.
Según el mismo informe, estos imprevistos son crecientes y exigen una hucha para combatirlos que no descuadre las cuentas del Estado.
El coste total de los desastres en los últimos 20 años, incluyendo el Covid-19, es considerable. «El resultado muestra que el coste fiscal total de los desastres considerados habría sido entre 2005 y 2023 de 47.157 millones de euros, de los que 11.412 millones de euros corresponde a fenómenos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos y geofísicos y 35.745 a riesgos biológicos por la pandemia de Covid-19».
Agrega que «estas cifras reflejan, por tanto, que los riesgos ambientales, incluso sin considerar el impacto de la pandemia, tienen coste fiscal significativo para las finanzas públicas y que eventos extremos pueden disparar esos costes». De ahí la importancia del Fondo de Contingencia, que Hacienda aprovecha también para «fines de interés social» que no deberían estar ahí, según la AIReF.