- Más madera El plan B de Sánchez para no depender de Podemos: ampliar las ayudas contra los aranceles para atraer al PP
- Guerra comercial Trump se pliega a la presión de los mercados: sube los aranceles de China al 125%, limita al 10% los del resto del mundo y anuncia una pausa de 90 días
El pasado lunes, tras reunirse con representantes de los sectores afectados por los aranceles de Donald Trump, Alberto Núñez Feijóo se mostró dispuesto a fomentar la "política útil" ante los "momentos más inciertos" en décadas. Tendió la mano así al Gobierno, que horas antes le había remitido un borrador del decreto con medidas para atenuar el daño a la economía española. En ese texto, el líder popular vio "elementos acertados" -aunque pedía más- y abrió la puerta a apoyarlo cuando llegue al Congreso. La negociación no se detuvo desde entonces, pero el tono de Feijóo se transformó ayer: "Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar el decreto ley", dijo desde Bruselas tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Entre una declaración y otra pasaron apenas 48 horas, varias llamadas entre Gobierno y populares, Junts presumiendo de una cesión y dos modificaciones en el texto del decreto sobre las que el ministro "mintió".
A última hora de la noche del lunes, el titular de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, remitió al vicesecretario del PP Juan Bravo el último borrador del decreto. En este ya estaban incluidas las dos disposiciones adicionales de las que luego surgiría la polémica. Una de ellas establece que los créditos y avales acordados para contrarrestar el efecto de los aranceles se pondrán a disposición de las empresas "con respeto al equilibrio territorial". El PP dio el visto bueno al texto, aceptando esa cláusula para facilitar que el decreto recibiera el sí de los socios del Gobierno, señalan fuentes populares conocedoras de la negociación.
Sin embargo, el martes por la tarde Junts presumió de haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que Cataluña perciba el 25% del total de las ayudas. Rápidamente, desde Moncloa llamaron al PP para negar que se hubiera pactado con el partido de Carles Puigdemont nada distinto a lo que ya figuraba en el texto remitido a los populares. Así, según rememoran fuentes negociadoras de Génova, el Gobierno les aseguró que no se había cambiado nada para favorecer a Junts y que lo que los secesionistas vendían como un logro suyo no era más que la aplicación de la disposición adicional ya conocida por el PP. Sin embargo, en Junts aseguran que hubo negociaciones con el Ejecutivo y que sugirieron incluso crear una comisión bilateral para revisar la ejecución de las medidas, una "propuesta de máximos" que luego quedó en lo que más les interesaba, apuntan.
La publicación en el BOE del decreto, ayer a primera hora, fue la prueba de fuego. Y el veredicto de los populares aleja la fumata blanca: "El Gobierno nos mintió". Como el ministro reconocería después sobre la tribuna del Congreso, el redactado final del decreto incluyó dos modificaciones sobre las que el PP no fue informado -"nos engañaron, nos dijeron que no había cambiado nada"- y, además, "da la casualidad de que lo único que se modificó del texto es lo que afectaba a lo que dijo Junts", reprochan desde Génova.
El primer cambio se introdujo en la disposición que regula el reparto "territorial" de las ayudas. El documento salido del Consejo de Ministros añadió el 2024 como año base para calcular la afectación de los aranceles a las exportaciones de cada región, lo que, a juicio del PP, permite a Junts poner una cifra concreta -25%- a lo que recibirán las empresas catalanas. Lo ven así como una cesión a Puigdemont. Asimismo, los populares denuncian otro cambio en el redactado final: si antes decía que la ejecución de los fondos no podría estar condicionada a criterios de "discrecionalidad", finalmente ese término se sustituye por "arbitrariedad". Cuerpo le restó relevancia, pero el PP cree que es un matiz jurídico que "da más margen" al Gobierno en la ejecución de las ayudas.
Con todo, los populares se sienten "engañados": "Es una cuestión de confianza", señalan, centrando sus críticas en que el Gobierno les "mintió" al asegurar que no había ningún cambio respecto al texto compartido con ellos. Aun así, el PP no se levanta de la mesa de conversaciones. "Aquí seguiremos", sentencian fuentes de la negociación, y miran a Feijóo para la decisión final: "Hay que ver qué dice el jefe".