Dos meses después de que el Parlamento turco emprendiera una nueva legislatura, uno de los escaños del hemiciclo permanece vacío. El asiento pertenece a Can Atalay, de la formación de izquierdas Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP), encarcelado desde mayo de 2022 por su papel en unas protestas contra el entonces primer ministro - y ahora presidente - Recep Tayyip Erdogan. Atalay fue condenado a 18 años de prisión por "intento de derrocar el Gobierno" pero la Constitución dicta que si un preso es elegido como diputado, debe ser liberado para que pueda ejercer su cargo y deberá regresar a prisión cuando termine la legislatura. No es el caso de Atalay: un tribunal tras otro ha rechazado las peticiones de sus abogados y partido político, que exigen su liberación. Ambos coinciden en que se trata de un "caso político" para castigar a Atalay por su participación en las protestas antigubernamentales. "Para empezar su condena no ha pasado por todas las instancias judiciales, no se considera un caso cerrado por lo que debería ser liberado", describe el abogado de Atalay, Akçay Tasçi. "El Tribunal Supremo ha rechazado nuestra solicitud de liberación. Ahora recurriremos al Constitucional. Creemos que no liberar a Atalay es una decisión política. Desde un punto de vista legal no se le puede mantener en prisión", describe. Sus abogados advierten de que no se trata del primer caso de un diputado encarcelado en el que los tribunales rechazan su liberación, pero la particularidad de Atalay es que él fue absuelto y años después, se reabrió el caso y fue finalmente sentenciado, en una condena criticada por organizaciones de derechos humanos internacionales.
Abogado de oficio, Can Atalay es una figura prominente en la sociedad civil de Turquía. Ha estado involucrado en casos judiciales importantes de la historia reciente del país, como la defensa de trabajadores tras un accidente en una mina que provocó más de 300 muertos o los casos judiciales contra periodistas. Fue procesado por ser miembro de "Solidaridad por Taksim", una plataforma que se oponía a la decisión del Gobierno, de construir en uno de los últimos espacios verdes en el centro de Estambul. De la manifestación medioambiental surgieron protestas masivas que se extendieron por todo el país contra el creciente autoritarismo de Erdogan. Atalay y otros miembros de Solidaridad por Taksim fueron llevados a juicio y tras un largo proceso fueron absueltos. Sin embargo, hace tres años otros tribunales iniciaron investigaciones penales y reabrieron juicios contra decenas de personas que participaron en las protestas. Así Atalay y otros seis miembros de Solidaridad por Taksim, fueron condenados a entre 18 y 25 años de prisión por "intento de derrocar el Gobierno". Tanto los enjuiciados por las protestas como las miles de personas que participaron en las manifestaciones han sido atacadas constantemente por Erdogan, que los llama "terroristas" y los considera una amenaza contra su Gobierno. Desde las protestas de 2013, se ha prohibido paulatinamente cualquier tipo de manifestación en el centro de Estambul considerada crítica contra el Gobierno.
Hace dos semanas, el Tribunal de Casación rechazó por unanimidad la petición de liberación con el argumento de que su condena "requiere una pena severa" y su liberación podría suponer un ataque a los "derechos y libertades fundamentales" de la población. "Esta decisión es una prueba de que en todo el proceso judicial de estas protestas se han violado los principios de honestidad, imparcialidad e igualdad", dice Lale Büyük Efe, también abogada de Atalay.
"Creo que este caso, tanto la sentencia contra Atalay como los otros casos de las protestas es un claro ejemplo de la falta de independencia del poder judicial. Vemos en muchos casos que no se lleva a cabo un juicio justo y vemos claramente una interferencia política en estos procesos", explica Begüm Basdas, investigadora regional en Turquía de Amnistía Internacional.
El nuevo ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, rechazó la liberación de Atalay, señalando que la inmunidad parlamentaria no puede cubrir una sentencia como la que pesa sobre Atalay. Por su parte, la Fiscalía también rechazó su liberación e incluso culpó a Atalay de cargos que no se le han imputado, como la muerte de un joven en las protestas, que quedó en coma por el impacto de una botella de gas lacrimógeno lanzada por la policía. "Creó el ambiente violento en el que murió el joven", declaró el fiscal Zafer Sahin.
Los abogados de Atalay ponen como ejemplo estas declaraciones para mostrar el alcance de politización que tiene el caso, ya que el juicio por la muerte del joven en las protestas ya está cerrado y el policía responsable de lanzar el proyectil fue condenado a 16 años de prisión por homicidio. "Las protestas de Gezi fueron una acción que el poder político actual nunca llegó a entender y no puede digerir. Lo siguen viendo como una amenaza a su supervivencia. Por eso Can Atalay y el resto de imputados siguen en prisión", explica el abogado Tasçi. Por su parte, Basdas de Amnistía Internacional, lo ve como un símbolo de la debilidad del sistema judicial actual. "Es uno de los peores casos judiciales de la historia reciente del país. Tanto Atalay como el resto de sus compañeros son un ejemplo del empeoramiento constante de la situación de los derechos humanos en Turquía".
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