- Sucesos Golpe a la mafia búlgara del tabaco: La Guardia Civil a libera a 11 personas esclavizadas en una fábrica de cigarrillos falsificados
- Sucesos La Guardia Civil asalta un chalet donde una pareja de sexagenarios almacenaba más de 38 kilos de marihuana y cultivaba más de 500 plantas
Un guardia civil se enfrenta a una pena de cuatro años y tres meses de prisión, así como a una multa de hasta 9.780 euros y a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión en el Instituto Armado tras, según afirma la Fiscalía, haber solicitado al menos tres préstamos bancarios por un montante que asciende a 36.000 euros, empleando para ello los datos personales de su compañero de destino en la sede del Ministerio de Educación en Madrid.
Unos hechos que la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a juzgar ayer martes y que se remontan al año 2017, cuando el victimario y la víctima compartieron funciones en el citado ministerio para realizar vigilancias, labores de control de acceso y tareas de seguridad.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, que no solicita que el acusado sea expulsado del cuerpo, el agente de la Guardia Civil se aprovechó de la situación e hizo acopio de documentación y datos personales de su compañero entre los que se incluían su Documento Nacional de Identidad, sus nóminas de la Benemérita y declaraciones de la Renta.
Durante el primer día del juicio, el acusado manifestó su inocencia sobre los hechos que se le imputan y aseguró "no conocer" a la víctima en este proceso. Asimismo, aseguró que en el momento en el que se produjeron los préstamos fraudulentos tomaba tranquilizantes para combatir una depresión causada por el fallecimiento de uno de sus hijos.
Mientras tanto, el Ministerio Público sostiene que tras lograr recopilar todos estos datos de su compañero, el uniformado alteró las copias de las nóminas y los números de cuentas bancarias para contratar, siempre a nombre de la víctima, distintas líneas telefónicas. Además, sin que su compañero lo supiera, el agente acusado solicitó al menos tres préstamos bancarios, cuyo montante íntegro de 36.000 euros fue a parar a la cuenta de su hija menor de edad, sobre la que el ahora investigado tenía pleno acceso en calidad de progenitor y apoderado.
Unos hechos que la Fiscalía considera que se corresponden con los tipos penales de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito menos grave de estafa continuada y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Finalmente, el Ministerio Público asegura que la contratación fraudulenta de estos créditos bancarios y líneas de telefonía móvil se realizaron, en algunas ocasiones, a través de un número de teléfono perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid al que el acusado tenía acceso por circunstancias profesionales.