Tenemos este otoño guerra de la vivienda, ya lo saben, en toda España y muy particularmente en Madrid donde el próximo domingo está convocada una manifestación de colectivos que piden viviendas dignas a precios contenidos. Hay una guerra abierta entre la Comunidad, que no va a comunicar las "zonas tensionadas", las que tienen mayor escasez de viviendas disponibles, y el Gobierno, que quiere obligar a todas las regiones a hacerlo. Madrid dice que es contraproducente en el sector de los alquileres de propiedad privada.
Está la otra pata del plan de vivienda de Pedro Sánchez, que son las viviendas sobre suelo público, de ésas que lleva seis años prometiendo 184.000, de las que no hemos visto ninguna. Si se avanza en serio en esa pata, la pública, la subida de impuestos y de la deuda pública puede ser faraónica y anular las ventajas del proyecto.
Luego está el mercado dominante, que es el de los alquileres en el sector privado. El índice de referencia para el precio del alquiler de viviendas de propiedad privada es el utensilio gubernamental en este caso. Inicialmente, la primera Comunidad Autónoma interesada es Cataluña. Allí va a funcionar en 140 municipios declarados como "zonas de mercado residencial tensionado", encabezados por Barcelona y su entorno. Se aplica solamente a contratos de alquiler nuevos, sin formalizar, no en los que estén en activo o en sus prórrogas futuras, y para aplicarlo debe existir una declaración previa de zona tensionada por la Comunidad Autónoma. Y sólo se aplica en dos casos: si el piso alquilado pertenece a un "gran tenedor" (propietario de al menos 10 viviendas) o si la vivienda no ha estado disponible para arrendar en los cinco últimos años.
Lo de los topes en los alquileres privados es conocido en ciudades del mundo como Estocolmo o Nueva York, donde existen bajo varias formas. Los análisis más serios que hemos visto de esos sistemas advierten de que, aunque inicialmente prometen facilitar el acceso a la vivienda, la experiencia indica que el número de pisos acaba cayendo: se mantienen en peor estado que tienen tope de alquiler, porque el casero tiene menos ingresos y los deja abandonados. Muchos acaban vendiendo los pisos a compradores individuales, que no están regulados. Y a éstos les acaba saliendo mejor quedarse a vivir ellos en el piso comprado en vez de alquilarlo a un tercero, y el parque de alquileres disponibles acaba menguando. No va muy descaminada Isabel Díaz Ayuso en su oposición. La batalla del alquiler menos caro deberá librarse de otra manera.