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El fiscal general del Estado defendió en el Tribunal Supremo que el borrado de los mensajes de su teléfono y el cambio de dispositivo "no tiene nada que ver" con la causa abierta contra él, pese a que se produjo sólo una semana después de que el Alto Tribunal lo imputara el pasado 16 de octubre. "Se ha hecho una inferencia ilógica de cómo ocurre ese cambio", declaró el pasado 29 de enero en la causa donde se encuentra investigado por revelar presuntamente datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Álvaro García Ortiz cambió de móvil el pasado 23 de octubre. Por ello, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró su despacho siete días más tarde, en su dispositivo telefónico se encontraron "cero mensajes" de los días en los que produjo la filtración investigada.
El fiscal general, ante el Supremo, defendió que el borrado y el cambio de terminal no se produjeron porque quisiera "ocultar datos".
"La inferencia que se hace es que [el cambio de móvil] es con motivo de esta causa, que lo hago por esta causa", señaló ante el juez Ángel Hurtado. "Me parece un razonamiento sostenible desde una perspectiva futura, pero en el momento si yo hubiera querido ocultar datos hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o el 15-16 de octubre que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada", argumentó. "No iba a exponer mis datos durante seis días a la ligera", remachó.
Así, García Ortiz dijo que elimina "todo [los mensajes y el contenido de sus dispositivos] de manera regular", pues los datos que contienen "son ultrasensibles". "Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, borro todo porque es una imposición legal", sostuvo.
El registro, "inimaginable"
Además, el fiscal general defendió que el registro de su despacho por parte de agentes de la UCO era algo "inimaginable". "No [podía] imaginar jamás, nunca, que eso pudiera ocurrir, porque no hay precedentes", remarcó, en referencia a la incautación de su terminal. Así, se escudó en esta tesis para defender que el borrado de los mensajes no se produjo porque quisiera "ocultar datos", puesto que le resultaba "impensable" que se le fuera a requisar el teléfono.
Ante el juez que lo mantiene imputado por un delito de revelación de secretos, García Ortiz solo aceptó responder a las preguntas de su defensa -ejercida por la Abogacía del Estado- y de la Fiscalía, pero no a las de las acusaciones, pues cuestiona la "constitucionalidad" de la incautación de su teléfono móvil. "Esta causa se inauguró con una diligencia de entrada y registro en el despacho del fiscal general [...] insólita, nunca antes acordada, y supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional", alegó.
Negó haber "revelado" los correos
Ante el instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, García Ortiz negó haber "facilitado, divulgado o revelado, directa o indirectamente, a los medios" el correo de la confesión del empresario Alberto González Amador, cuya filtración se investiga en la causa que le mantiene imputado. Tampoco dio, según sostuvo, instrucción alguna a sus subordinados en ese sentido.
-¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid?-, preguntó su letrado.
-No tengo ninguna constancia-.
Así, García Ortiz justificó haber solicitado todos los correos intercambiados entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía porque quería publicar una nota de prensa sobre la cuestión y para ello consideraba necesario disponer de "absolutamente toda la información".
A las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024, EL MUNDO publicó: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso". Ese, según la declaración de García Ortiz, fue el primer momento en que tuvo "conocimiento de que hay un cruce de correos entre la Fiscalía y el investigado". "Sitúo esa información como una información verosímil, porque es una información trabajada, es una información que tiene todos los visos de poder ser verdad", sostuvo el fiscal general en el Supremo.
Fue tras conocer esa noticia, según el relato de García Ortiz, cuando decidió recopilar todas las comunicaciones entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso para elaborar una nota de prensa aclaratoria. A las 21.59 recibió, en su dirección de Gmail personal, el correo que el 2 de febrero envió el abogado de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña- al Ministerio Público reconociendo que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".
El fiscal general, en el Supremo, defendió que no divulgó aquel correo, cuyo contenido se publicaría en la Cadena SER a las 23:51 de ese día. Es la filtración de esa comunicación lo que se investiga en la causa que mantiene imputado a García Ortiz.