La pesadilla recurrente de Pedro Sánchez en estas noches tórridas era un gran titular en los pseudomedios: "El presidente del Gobierno se niega a declarar ante el juez que investiga a su mujer por corrupción". Y decidió contraprogramarlo querellándose contra el juez nada más concluir en La Moncloa la prueba testifical. Sánchez acusa a Juan Carlos Peinado de prevaricación por haberse negado a recibir su declaración por escrito y haber acudido a interrogarle a domicilio. No sé de qué se queja: es más cómodo estar en casa que tener que pasar por el juzgado, como sí hicieron Felipe González o Mariano Rajoy.
Sánchez estaba citado como marido de Begoña, pero se querella como presidente del Gobierno, "en defensa de la dignidad de la institución". Ya no queda dignidad que defender, la ha pisoteado toda, pero lo que le interesa es seguir utilizando las herramientas oficiales para fines personales. En este caso ha echado mano de la Abogacía del Estado (desde ahora Abogacía de los Sánchez-Gómez), que pagamos entre todos.
Los expertos aseguran que la querella es penosa y no tiene recorrido, pero el objetivo no es otro que seguir amedrentando a Peinado e intentar recusarlo. Sería el colofón de la infame campaña de acoso y derribo que el Gobierno ha desatado contra el juez, y que la Asociación Profesional de la Magistratura ha denunciado (por fin) ante la Comisión Europea.
Desde que Begoña Gómez fue imputada, los fogones de Moncloa echan humo. Y eso que las informaciones publicadas destapan sólo una parte del entramado. Cientos de asesores trazan estrategias para salvar a la pareja presidencial, los ministros se han convertido en tragasables, el fiscal general en felpudo... Todos bailan alrededor del autócrata. Marlaska utiliza incluso a las fuerzas de seguridad como atrezzo, en despliegues caraqueños.
Pedro Sánchez lleva tiempo en una huida hacia delante. El ascenso social del pseudo-doctor y la pseudo-catedrática está en riesgo por sus propios excesos. Y antes de que eso ocurra, prefiere sembrar el caos. Ayer mismo cedía a los independentistas catalanes el control fiscal, la supresión del castellano en las aulas y un referéndum pactado. El acuerdo rompe la igualdad de los españoles y es inconstitucional. Pero no importa. Con tal de disipar sus escándalos es capaz de incendiar el país. Me cuesta creer que nadie en el PSOE intente pararle los pies a este pirómano.