Quitémosle toda la pasión de terruño a este debate. Aparquemos por un momento la demagogia y el cálculo estratégico. Sería interesante someter la mutualización de la deuda con la que María Jesús Montero acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera a una auditoría de decisiones. Este proceso, de uso común en ámbitos donde hay que rendir cuentas en lugar de contar cuentos, busca evaluar la calidad y pertinencia de una decisión en función de cómo fue tomada.
El origen del plan es una transacción política entre partidos, ni siquiera entre administraciones. Con un fin espurio. Es el pago a Esquerra por sus votos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El impulso originario no es, por tanto, el interés general.
La parte contratante de la primera parte, por aplicarle una perspectiva marxista, condiciona el denominado riesgo moral. Quien impone la quita es un partido independentista que fue partícipe en un gobierno que derrochó cantidades ingentes de dinero público en la construcción de una républica de fantasía. El cálculo que Hacienda hace del reparto no atiende a una consideración higiénica: si la deuda autonómica que asumirán todos los españoles fue generada por la infrafinanciación de la comunidad, por la mala gestión del gobierno regional o por la quimera de una secesión.
De ahí que las agencias de calificación alerten de la calidad de la decisión. Liberar a un administración de su deuda es liberarla de la responsabilidad de haberla contraído, y si el perdón no viene acompañado de contrición y penitencia, no es perdón sino olvido. A eso es a lo que llaman riesgo moral.
No hace falta tener la sensibilidad muy afinada para intuir la intencionalidad del Gobierno central de dividir, mediante el estímulo de su necesidad, a los gobiernos autonómicos del PP. El interés bastardo se ve agravado por la doble condición de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero es, también, la aspirante a presidir la comunidad a la que le ofrece el mayor alivio financiero. Qué más da el pasado, qué más da ya que como consejera de Andalucía se opusiera con audaz argumentario a una reestructuración de la deuda ofrecida por la Hacienda de Montoro. Eso tiene su jugo político, pero en una auditoria de la decisión es irrelevante. Al contrario que el hecho de que su campaña para reconquistar la Junta de Andalucía para el PSOE ya haya comenzado. Con lo que ya son dos investiduras, la suya y la de Sánchez, los coeficientes de que han multiplicado la quita ofrecida a las dos comunidades que resultarían más beneficiadas.