Sumar afronta desde hoy una asamblea marcada por una debilidad orgánica e institucional que ha abocado a Yolanda Díaz a centrarse en su propia supervivencia política. En este contexto hay que enmarcar el pulso escenificado hasta ayer entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y la ministra de Hacienda por el salario mínimo. Ambas partes alcanzaron in extremis un acuerdo para que quienes cobran el SMI no tengan que tributar en la declaración de la renta en 2025. El pacto evita de forma agónica lo que en última instancia habría derivado en una crisis insólita en el seno de la coalición. Sin embargo, tal como informamos hoy, Moncloa nunca consideró que la titular de Trabajo pudiera materializar una ruptura de las negociaciones, lo que constata que el choque entre Díaz y María Jesús Montero, con gestos de aparente teatralidad, es indisociable de las urgencias internas de Sumar.
Los perceptores del SMI, según lo acordado, tendrán que hacer la declaración de la renta, como los demás, pero se les compensará con una deducción que permitirá que, al final del proceso, no vean mermados sus ingresos de 16.576 euros brutos anuales con el abono del IRPF. La diatriba en el Ejecutivo, marcada por mensajes ideológicos y polarizadores, ha opacado el debate clave: quién soporta el grueso del esfuerzo fiscal en España. Tras las sucesivas subidas, el SMI se acerca ya al salario mediano. Lo coherente es que esas personas estén obligadas a contribuir. En cambio, no es lógico que la tributación obligada para estas rentas pueda llegar a comerse hasta el 40% del último incremento. El Ejecutivo peca de imprevisión al no acompasar esa subida con cambios en el impuesto para que sea realmente progresivo.
En todo caso, la lectura de la disputa entre PSOE y Sumar por el SMI excede el ámbito fiscal. Las numantinas pretensiones de Díaz durante las últimas semanas, tras doblarle el pulso a Carlos Cuerpo en la reducción de la jornada laboral, desnudan su necesidad de marcar perfil propio. La asamblea de este fin de semana remata la refundación de Sumar, cuya dirección se renovará con el nombramiento de Lara Hernández y Carlos Martín. Con todo, la principal novedad radica en su cambio de rumbo, al renunciar a la aspiración de ejercer de paraguas en el que subordinar a sus socios. Si este era el origen de Movimiento Sumar, plasmado en la asamblea del polideportivo Magariños (Madrid), en 2023, ahora da un giro para asumir que solo puede ser una pieza más en el puzle de la izquierda. Ni está en condiciones de imponer su línea al resto de formaciones ni dispone de estructuras orgánicas sólidas ni cuenta con un despliegue territorial.
Lejos de ser un proyecto político con capacidad tractora en el espacio a la izquierda del PSOE, el conglomerado político con el que la vicepresidenta segunda se presentó a las generales del 23-J languidece como consecuencia de sus batacazos electorales -lo que ha reforzado a sus aliados, como Más Madrid o Compromís-, su creciente pugna con Podemos y el desgaste del caso Errejón. A ello se suman las deserciones en su cúpula, incluidas la de Elizabeth Duval -hasta ahora, Secretaria de Comunicación- y las de 27 de los 35 expertos con los que pretendía ampliar su base civil.
La supeditación de Díaz a las corrientes aliadas de Sumar ha quedado patente en su rechazo al rearme de Europa y en el rescate del viejo argumentario de IU contra la OTAN, y ello desde posiciones de Gobierno. El antimilitarismo de Sumar no es más que un recurso para mitigar su irrelevancia.