El Gobierno está instrumentalizando los problemas de la Universidad española para dividir a la opinión pública y generar un clima polarizador alrededor de los centros privados. Su intención: desviar el foco de sus conflictos internos e intentar extraer réditos políticos.
Es cierto que en los últimos años ha proliferado la oferta de universidades privadas y que una porción minoritaria roza los estándares mínimos exigibles de calidad. Sin embargo, el lenguaje grueso y la demonización gubernamental -Pedro Sánchez llegó a hablar el lunes de «chiringuitos»- no solventarán las carencias de un sistema público que no logra atender la demanda de muchos jóvenes y familias, y que arrastra deficiencias estructurales que el Ejecutivo central debería atajar desde la colaboración y el consenso con las comunidades autónomas.
Hay, además, un componente de hipocresía en la crítica del Gobierno. Como informamos hoy, el 28% de todas las universidades privadas se han creado desde 2018, cuando arrancó la primera legislatura del presidente. En este periodo, las matriculaciones en las privadas se han disparado un 55% y las públicas se han estancado por primera vez en la historia reciente. Las causas son complejas y no se reducen a la aparición de más universidades privadas. Están más vinculadas a la escasez de oferta del sistema público en algunas de las carreras con más salidas laborales, como Matemáticas. Un problema que genera desigualdad, porque afecta sobre todo al alumnado sin posibilidades de pagarse una formación privada, y que se debe tanto a la falta de docentes como a la caída de la financiación que han sufrido los campus públicos en los últimos años.
Consciente de estas carencias, la universidad privada se ha focalizado en las titulaciones con mayor conexión con el mundo de la empresa. El resultado, como hemos publicado recientemente, es que sus alumnos presentan tasas más altas de afiliación a la Seguridad Social, salarios y contratos indefinidos después de finalizar su grado. No cabe esconder aquí la capacidad de la universidad privada, pero estas conclusiones también apuntan directamente a una debilidad del sistema público y llaman con urgencia a una reflexión sobre su papel como impulsora del empleo, una exigencia que no puede dejarse de lado en uno de los países con mayor paro juvenil y sobrecualificación de la Eurozona. Para ello, y sin esquinar la concepción de la academia como fuente de conocimiento, las entidades públicas deberían incluir incentivos que fomentasen la empleabilidad.
Por ahí debiera pasar la acción política: por invertir en la formación de estudiantes que redunde en el futuro de los jóvenes y de la sociedad. Por desgracia, la respuesta del Gobierno está hoy en alentar el enfrentamiento ideológico: señalar a la privada y a las autonomías gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía. Falta financiación, una reforma que facilite la contratación de personal docente y una mayor orientación laboral, vías imprescindibles para revalorizar la universidad pública.