El Gobierno vasco se ha visto a prorrogar hasta, de momento, el 31 de diciembre de 2024 las condiciones de trabajo "transitorias y excepcionales" de los casi 800 funcionarios de las tres prisiones vascas. La consejera María Jesús San José se ha comprometido en el Parlamento Vasco a que "en breve" se aprobará una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá regular de manera definitiva las condiciones de trabajo de los funcionarios transferidos en octubre de 2021, de los que fueron trasladados en la primavera de 2022 y de los interinos de una bolsa de trabajo a la que se ha recurrido para compensar la falta de personal.
La resolución 93/2024 publicada hoy por el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) confirma el retraso 'sine die' en la aprobación de una RPT que fue anunciada primero por la consejera Beatriz Artolazabal, después por su sucesora Nerea Melgosa y ahora por la consejera San José. Formalmente, el Gobierno vasco aprueba ahora la extensión de esas condiciones "transitorias y excepcionales" que se establecieron en tres documentos distintos pactados con el sindicato ACAIP-UGT. La transitoriedad y excepcionalidad se produjo porque el PNV -como ha reconocido su presidente Andoni Ortuzar- no había primado este traspaso al Gobierno de Sánchez sino que fue un pago del presidente socialista al apoyo en el Congreso de EH Bildu.
El Departamento de Justicia de Beatriz Artolazabal (PNV) tuvo que improvisar en la asunción de las prisiones con el anuncio de un "modelo penitenciario vasco", el fichaje de campanillas del juez Jaime Tapia y la distribución de las funciones propias de un sistema penitenciario entre su equipo. Pero el Gobierno de Urkullu no logró normalizar la integración de los funcionarios de prisiones con unas condiciones laborales muy distintas a las del resto de la Administracion vasca.
Los sindicatos -salvo ACAIP-UGT- han reclamado desde hace tres años más personal y las mismas condiciones para todos los funcionarios. Un objetivo que debería cimentarse en la aprobación de una RPT adaptada a una nueva realidad en las prisiones vascas que deben garantizar la resocialización de casi 1.600 reclusos. Según fuentes sindicales, el equipo de San José aún no ha reactivado la negociación sindical para pactar la RPT pendiente. La consejera llegó a insinuar en sede parlamentaria que la estructura y funciones ya se negocia con ACAIP-UGT y pretende reeditar con este sindicato los acuerdos que inicialmente impulsó el PNV.