El Departamento de Trabajo que dirige el vicelehendakari socialista Mikel Torres ha activado un buzón antifraude anónimo en el que cualquier ciudadano puede transmitir información sobre cobros irregulares de las ayudas sociales. Hasta ahora estas denuncias se recibían de forma "desorganizada" y solo en los últimos meses se registraron 72 que activaron 7 investigaciones internas. Lanbide asegura que controla el fraude y cuenta con un equipo de veinte técnicos pero se limita a suspender el cobro de la ayuda sin ninguna sanción económica por el cobro irregular.
Lanbide ha activado esta vía de denuncia anónima en la que el único requisito es incluir la identidad del presunto defraudador y el tipo de irregularidad que ha podido cometer. El equipo de Torres que dirige políticamente Lanbide ha justificado activar esta nueva herramienta como ejemplo de su compromiso en el control de las ayudas sociales después de producirse graves casos como la apropiación indebida de 1 millón de euros por un ciudadano senegalés o la de 300.000 euros por cuatro congoleños tal y como publicó EL MUNDO el pasado mes de septiembre.
En los últimos seis meses, se han realizado casi 600 comprobaciones sobre padrones de los perceptores de las ayudas sociales y 155 consultas con Policía Nacional relacionadas con extranjeros que entran y salen de Euskadi. Sin embargo, tanto el viceconsejero Alfonso Gurpegui como la directora de Prestaciones e Inclusión Sara Buesa han reconocido la incapacidad del Servicio Vasco de Empleo para detectar la utilización de identidad documentos falsos que permiten el cobro de varias ayudas sociales. El fraude más llamativo fue cometido por un ciudadano senegalés que llegó a utilizar 62 identidades falsas durante una década para cobrar más de un millón de euros.
Además, Lanbide tiene abiertos 18 casos en investigación policial y cuando se confirma un fraude procede a la suspensión de la prestación pero no sanciona a los infractores. Después de un periodo de penalización, la prestación de vuelve a activar. La directora Buesa ha aludido hoy a que aún no se ha desarrollado la Ley de Ayudas Sociales para aplicar medidas sancionadoras que tampoco se utilizaban con la normativa anterior.
Las denuncias anónimas serán analizadas por el grupo de 20 inspectores que componen la nueva unidad de control. Después de su estudio, el protocolo que se está utilizando hasta ahora eleva el presunto fraude al equipo jurídico de Lanbide que, posteriormente y si lo considera conveniente, traslada la información a la Ertzaintza, a la Policía Nacional o a la Fiscalía.
La unidad de control se ha encargado de revisar las 5.426 declaraciones responsables activadas durante 2023. Las declaraciones responsables facilitan la concesión de las ayudas sociales antes de cotejar la autenticidad de los documentos aportados. Del total de las casi 5.500 presuntamente analizadas se han detectado 14 irregulares (0,25% del total) lo que ha provocado que se suspenda el pago de la ayuda social.
Según los últimos datos del mes de octubre facilitados por el Departamento de Empleo, unas 30.000 personas cobran la Renta de Garantía de Ingresos como ayuda social principal. Otras 15.400 personas viven en "unidades de convivencia" donde también se cobra algún tipo de pensión. Por último, hay 12.337 personas que tienen salarios bajos y que también reciben la RGI para complementarlos.
El nuevo buzón anónimo pretende "sistematizar" las denuncias ciudadanas que ahora se registraban de formas diversas, incluidos los "sobres bajo la puerta", según ha confesado la directora Sara Buesa. Además, Lanbide ha activado una campaña de publicidad para sensibilizar a los perceptores de la RGI. Con el eslogan de 'Cumplir es tu garantía', la campaña tratará de concienciar acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos.