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Las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre los ERE, amparando parcialmente a varios ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE que fueron condenados por el Tribunal Supremo, han dado alas al PSOE para desplegar una gran campaña autoexculpatoria. Sin embargo, todavía queda mucha tela que cortar en la macrocausa de corrupción de los ERE que comenzó a investigarse hace trece años.
Esta causa judicial se encuentra dividida en 134 piezas distintas que deben ser enjuiciadas de forma separada. Una de ellas es la causa principal, en el que fueron condenados quince ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes andaluces y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El TC está analizando la pieza principal, pero todavía quedan otras 133 que están vivas en los tribunales.
De las 134 piezas que componen la macrocausa de los ERE, ya se han celebrado en la Audiencia de Sevilla 21 juicios y 73 se encuentran todavía en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital hispalense en diferentes fases. Se han dictado 17 sentencias y todas ellas han sido condenatorias, si bien también hay diversas causas desgajadas de la macrocausa que se han archivado en el juzgado de instrucción, sin necesidad de llevarlas a juicio. Por eso, aunque los ex altos cargos amparados por el TC traten de pasar página, la realidad es que el Constitucional todavía no ha puesto fin al martirio del PSOE en los tribunales.
Ahora, los dirigentes del PSOE están insistiendo en que los ex altos cargos de la Junta exonerados por el TC han sido víctimas de un «cacería» del Partido Popular. El primero que inició esta estrategia fue el propio Pedro Sánchez. En un mitin en Benalmádena (Málaga) el pasado 6 de junio afirmó: «Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años». Eso lo dijo 13 días antes de que el 19 de junio el TC amparase parcialmente a la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez en los ERE.
Pero aunque el PSOE trate de reducir el caso de los ERE a una «cacería» del PP o a los «ataques de la ultraderecha», la realidad de la macrocausa de corrupción en los tribunales no va, precisamente, por ahí. Está por ver, eso sí, de qué manera puede afectar la nueva tesis del TC sobre los ERE a las otras 133 piezas que siguen vivas, en las que se analiza cada ayuda que salió del también conocido como fondo de reptiles para prejubilar a trabajadores de supuestas empresas en crisis. En estas piezas está también el segundo juicio más importante, después del de Chaves y Griñán, en el que se juzgará al entramado de comisionistas e intermediarios que pudieron llevarse un botín de unos 66 millones.
Peticiones de archivo
Es altamente probable que los abogados de la defensa que están personados en el centenar largo de piezas pidan su archivo, invocando la nueva realidad judicial dictaminada por el TC. Pero habrá que ver qué decisiones toma la Audiencia y el juez instructor.
Hasta el pasado 6 de junio y según los datos de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la Audiencia se han celebrado 21 juicios de los ERE, de los que cuatro están pendientes del fallo. Y hay otras 40 piezas que están a la espera de que les asignen fechas para ser enjuiciadas. En el Juzgado de Instrucción 6 hay 73 piezas, de las cuales 31 están en fase intermedia y otras 42, en diligencias previas. Desde que comenzaron las pesquisas, se han ido abriendo piezas, conforme se iban recibiendo nuevos atestados de la Guardia Civil, y otras se han archivado. En septiembre del año pasado, como informó EL MUNDO, había 153 piezas vivas, frente a las 134 que hay ahora.
La división de la macrocausa
A pesar de que la macrocausa se ha troceado, la juez que comenzó a instruir el caso en enero de 2011, Mercedes Alaya, siempre se opuso a ello porque consideraba que provocaría un «caos procesal». Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción apoyó la división de la causa para ganar en agilidad. Cuando Alaya ascendió a la Audiencia y su sucesora María Núñez Bolaños tomó las riendas de la macrocausa, la dividió.
Esta circunstancia ha provocado algunas decisiones dispares. En la mayoría de las piezas pendientes, han sido excluidos los ex altos cargos de la Consejería de Empleo que han sido juzgados y condenados en la causa principal, pero hay otras en las que no se ha seguido este criterio. La Sección Tercera de la Audiencia ha considerado que los ex altos cargos de Empleo ya condenados sí debían sentarse de nuevo en el banquillo porque ha entendido que las nuevas piezas eran distintas a la causa que analiza ahora el TC. Así ha ocurrido en el juicio por las ayudas de 2,3 millones de la Junta a Surcolor y también en el de Aceitunas y Conservas (Acyco), que recibió del Gobierno andaluz 2,9 millones.
En Surcolor, fueron juzgados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá; y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. Los tres fueron condenados en el juicio principal. En la pieza de Acyco, han sido condenados por la Sección Tercera a siete años de cárcel el ex consejero Fernández y a cuatro años el ex director general Juan Márquez.
En cambio, la Sección Cuarta ha adoptado un criterio distinto y ha excluido de las piezas nuevas de los ERE a los ex altos cargos ya juzgados y condenados, aplicando el principio de non bis in idem, que impide juzgar y condenar dos veces los mismos hechos.
Otra circunstancia llamativa es la paradoja en la que se encuentra Daniel Alberto Rivera, el alto cargo de Empleo que se libró del juicio principal de los ERE, pero ahora podría pagar por todos en el rosario de piezas que siguen vivas. El punto final de los ERE, por lo tanto, no se vislumbra a corto plazo.