- Caso ERE Juan Lanzas, el 'conseguidor' de los ERE y pieza clave en la trama, trata de exculparse en el juicio
La macrocausa de corrupción de los ERE sigue acumulando condenas, pese al borrado del caso decretado el pasado verano por el Tribunal Constitucional, al amparar parcialmente a los expresidentes Chaves y Griñán y otros exaltos cargos andaluces. Ya van 21 sentencias y 21 condenas.
La Audiencia de Sevilla ha hecho pública este jueves una sentencia en la que condena a once personas, entre las que figuran, entre otros, dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, un sindicalista de CCOO, intermediarios, intrusos y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, pieza clave en la trama de reparto de ayudas por parte de los gobiernos andaluces del PSOE.
La condena versa sobre la ayuda de 2,3 millones de la Junta de Andalucía a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica para que se prejubilaran 26 trabajadores, dos de ellos intrusos que nada tenían que ver con la empresa. Los intrusos son militantes del PSOE y uno de ellos, cuñado de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo y ex alcalde socialista de Camas. Rivas es, precisamente, uno de los condenados. La Sección Tercera de la Audiencia lo ha condenado a tres años y medio de cárcel.
El otro exalto cargo condenado -a tres años de prisión- es el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera. El fallo es absolutorio para otros tres exaltos cargos de la Administración autonómica -el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez- porque ya fueron juzgados en el juicio principal con Chaves y Griñán, por lo que se ha apreciado la concurrencia de "cosa juzgada".
Para la Sección Tercera, la conducta de los exaltos cargos de la Junta condenados resulta "superlativamente ilegal" por el "incumplimiento relevante y palmario de la normativa aplicable", de forma que "se ha producido un resultado materialmente injusto, derivado del tosco incumplimiento y desconocimiento de las normas reguladoras de estas ayudas, pues todo se subordinaba al pertinaz propósito de favorecer a Surcolor, con daño al presupuesto y recursos públicos y a la posibilidad de que tales recursos se hubieran dedicado a su fin propio", según ha informado la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Dinero para "asar una vaca"
El tribunal impone además condenas de entre un año y tres años y dos meses de cárcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, acusados entre los que se encuentran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un intruso, dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un 'testaferro' o un abogado. Entre ellos está el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, de quien su madre solía decir en su pueblo que tenía dinero para "asar una vaca".
Para fijar las penas de prisión, la Audiencia tiene en cuenta la "gravedad" de los hechos y la "desvirtualización absoluta" del sistema de concesión de ayudas, al otorgárselas a los intrusos que se incluían en los listados de prejubilados de la empresa, a pesar de que no guardaban relación con ella. Sobre este asunto, la sentencia dice que se incluía a un beneficiario que "nada tiene que ver" y se "sobrevalora el coste para propósitos que no son objeto de este juicio, pero de los que no se vislumbra relación alguna con un fin público".
El fallo habla también del "daño causado, que excede del específico de las concretas acciones delictivas, pues implican un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho", y que las cantidades defraudadas "son, individualmente consideradas, importantes y exceden lo que en algunos tipos del Código se considera notoria o relevante importancia".
En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con distintas cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros, que se corresponde con la cantidad efectivamente malversada, mientras que la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (Fiteqa-CCOO) tendrá que indemnizar a la Administración autonómica en calidad de responsable civil subsidiaria de las cantidades declaradas respecto del representante sindical condenado.