- Medio ambiente Derribar la "mole" del Algarrobico, el endiablado "reto" que se ha marcado Juanma Moreno para 2024
El hotel del Algarrobico, construido en terreno protegido del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, vuelve a tener, de nuevo, sus días contados. Una vez más. El Gobierno ha anunciado este lunes que procederá a la expropiación del suelo de dominio marítimo terrestre sobre el que se levanta (en parte) el complejo para agilizar su demolición tras años de pleitos y enredos judiciales. No es la primera vez que se anuncia una acción definitiva para echar abajo el edificio, un símbolo de la "depredación inmobiliaria", según lo ha definido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Pero, hasta la fecha, todos los anuncios y ultimátums han ido caducando.
Sin embargo, la ministra de Hacienda se ha comprometido a que, esta vez sí, se van a dar los pasos para superar el enredo administrativo, judicial y burocrático que mantiene empantanado el proceso, pese a que la Administración central y el Gobierno de la Junta ya acordaron repartirse los costes de la demolición del hotel y la recuperación ambiental de la playa en 2011. Entonces se calculó el presupuesto total de la operación en 7 millones de euros, pero el Ayuntamiento de Carboneras (en manos de los socialistas durante casi todo el periodo del litigio) ha ido poniendo palos en esa rueda y retrasando el acatamiento de las sentencias que declararon ilegal la obra.
Declaración de utilidad pública
Según ha anunciado Montero -que se ha fotografiado hoy delante del hotel ilegal- el Consejo de Ministros aprobará mañana martes la declaración como "terreno de utilidad pública" de la parcela sobre la que se levanta el hotel, situada dentro del dominio público marítimo terrestre.
El Gobierno se encargará de la recuperación de esta parcela y la Junta debería intervenir de forma parecida para recuperar el resto, según el plan que ha avanzado la ministra, que ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que actúe en consecuencia. En cualquier caso, "si no hubiera colaboración", el Ejecutivo central "buscaría la alternativa" para desbloquear igualmente la demolición de este "monumento a la degradación ambiental", según lo ha calificado.
Curiosamente, la ministra ha pasado de puntillas sobre el hecho de que la administración que más ha peleado contra la demolición del Algarrobico ha sido el ayuntamiento socialista de Carboneras, que viene incumpliendo sistemáticamente la orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para la anulación de la licencia que permitió emprender las obras del hotel. Si durante los primeros años el PSOE local defendió el complejo hotelero por razones económicas y de empleo para el entorno, recientemente el gobierno de Carboneras alega que una anulación de esa licencia puede dar lugar a una reclamación millonaria por parte de la empresa Azata del Sol, que reclamará de esta forma los daños patrimoniales que le ha ocasionado la paralización del proyecto. De ahí que, cuando ha tenido que acatar la sentencia, lo ha hecho siempre mediante subterfugios administrativos.
La ministra ha hecho hoy referencia al "miedo" a ese litigio por parte de la administración local pero ha insistido en que "nada ni nadie va a evitar que se derribe", porque se trata de una cuestión de "justicia medioambiental". Montero ha llegado incluso a poner fecha y a anunciar que la demolición podría iniciarse en un plazo de cinco meses.
Un giro a la estrategia que rompe el acuerdo con la Junta
El anuncio de la ministra constituye, en todo caso, un giro en la estrategia conjunta que mantenían hasta la fecha el Gobierno y la Junta de Andalucía, que habían llegado al acuerdo de que la vía más rápida de acabar con el Algarrobico era presionar para que el Ayuntamiento de Carboneras anulara la licencia tal y como se le había exigido desde la Justicia.
El Gobierno andaluz no ha ocultado este lunes su estupor por el hecho de que Montero ignore el trabajo realizado hasta la fecha en la comisión mixta de seguimiento de los acuerdos alcanzados en 2011 y cree que la ministra está actuando con "deslealtad".
En la última reunión de esa comisión mixta, celebrada el 11 de marzo de 2024, hace ahora 11 meses, la Junta informó al Gobierno de los pasos dados en la dirección de forzar al Ayuntamiento al cumplimiento de la sentencia de la Justicia. Por un lado, se había iniciado un incidente de ejecución frente a una maniobra jurídica del Ayuntamiento para no acatar con todas sus consecuencias el dictamen del TSJA. También interpuso un contencioso administrativo. El TSJA le dio la razón a la Junta e instó al Ayuntamiento a revisar la decisión tomada y a cumplir con rigor lo dispuesto en las sentencias judiciales.
Una vez el Ayuntamiento acate esas sentencias, entonces sí se podrá continuar con el expediente de protección de la legalidad y dictar la orden de demolición. Eso es lo que acordaron el Gobierno y la Junta. De hecho, según el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la directora general de Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro Valenciano, se manifestó conforme con la necesidad de esperar a la declaración de nulidad de la licencia, "incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales por el Ayuntamiento de Carboneras, para poder continuar en el sentido encaminado a la demolición del edificio".
La Junta cree que "no es la mejor fórmula"
Con su anuncio de este lunes, el Gobierno da un giro total a la estrategia compartida con la Junta y lo hace, además, sin consultar ni dialogar previamente con ésta. De hecho, fuentes del Gobierno andaluz han explicado a EL MUNDO por qué consideran que la expropiación "no es la mejor fórmula" y aluden al riesgo de que se eternice el proceso en caso de recurso judicial. "La fórmula más rápida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día", apuntan.
La Junta recuerda, además, que el Gobierno del PSOE inició hace 20 años un expediente de expropiación idéntico al anunciado ahora y en 2009 lo archivó, entre otros motivos, al considerar que la nulidad de la licencia era el camino más efectivo hacia la demolición.
Un gobierno local inestable y errático
El Ayuntamiento de Carboneras ha frenado una y otra vez la declaración de nulidad de la sentencia para evitar ser objeto de una reclamación millonaria por parte de los promotores del hotel, la empresa Azata del Sol. Ante la amenaza de sanción por incumplimiento, el gobierno del socialista José Luis Amérigo utilizó un subterfugio para aparentar el cumplimiento del dictamen del TSJA sin admitir la irregularidad manifiesta del proceso de concesión de la licencia. Para ello, llevó al pleno una resolución, que se aprobó el 26 de abril de 2023, con una propuesta de recalificación del suelo y su declaración como "no urbanizable". Daba a entender, por tanto, que, en el momento de la concesión de la licencia en 2003, el suelo era urbanizable, y que su protección posterior se hacía por "circunstancias sobrevenidas". Pero no es eso lo que dicen los tribunales ni lo que le había pedido que hiciera el TSJA, que le obligó de nuevo a revisar esa recalificación y acatar los dictámenes judiciales.
En las elecciones de mayo de 2023, el PSOE y el PP empataron a seis concejales. El candidato popular, Felipe Cayuela, que resultó el más votado, fue investido alcalde con el apoyo del único concejal de Ciudadanos, Salvador Hernández, tras un pacto que duró sólo unos meses. Posteriormente, Hernández negoció con el PSOE una moción de censura que le llevó a la Alcaldía, con el compromiso de renunciar a ella en agosto de 2024 y darle el mando, de nuevo, al socialista José Luis Amérigo. Pero ese pacto también se rompió en otoño pasado y, desde diciembre, Salvador Hernández, que mantiene la Alcaldía, gobierna de nuevo con los concejales del PP.