El Gobierno y la Junta han retomado hoy los contactos para avanzar en la demolición del Algarrobico después de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anunciara la expropiación de parte de los suelos sobre los que se levanta el hotel ilegal, construido dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería).
El director general Costas (por parte del Ministerio para la Transición Ecológica) y los viceconsejeros de Medio Ambiente y Fomento (por parte de la Junta) se han reunido este martes en el marco de la comisión técnica creada en su día para desbloquear la operación de derribo del hotel tras años de pleitos con la empresa Azata del Sol, propietaria de los suelos. Y, aunque hay voluntad aparente de seguir de la mano, las diferencias surgidas entre ambas administración sobre la vía más eficaz para alcanzar cuanto antes el objetivo de la demolición no se han resuelto.
Por un lado, el Gobierno de España sigue firme en su propósito de avanzar en la expropiación del suelo, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante una visita a la playa del Algarrobico. El Ministerio basa su pretensión en que el edificio invade el área de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, lo que le servirá de argumento para iniciar un expediente de expropiación forzosa. Para ello, sin embargo, necesita el concierto de la Junta, que es competente sobre el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
El Gobierno pretende, por tanto, que cada administración expropie la parte que le corresponde, una posibilidad que la Junta ve con poco operativo por la duplicidad de procesos que sería necesaria. Fuentes del MITECO han anunciado hoy que en los próximos días saldrá publicada la relación de "bienes y derechos de necesaria ocupación" y se abrirá un trámite de información pública de 15 días.
La Junta, en cambio, considera que la vía más eficaz de avanzar en el derribo es la anulación de la licencia, tal y como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le viene reclamando al Ayuntamiento de Carboneras desde hace meses y bajo amenaza de sanción.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apuntado hoy de nuevo en esa dirección, considerando que la vía emprendida por el Gobierno puede abocar en "otro litigio de varios años". "Nosotros queremos que esa mole, ese gran monumento a la irregularidad medioambiental, desaparezca de una vez por todas", ha afirmado el presidente durante una visita a Mojácar. Moreno ha recordado que la licencia del hotel se otorgó en 2003 con sendos gobiernos socialistas tanto en el Ayuntamiento de Carboneras como en la Junta de Andalucía. Ha pedido, abordar la cuestión "con cabeza" para evitar otro conflicto jurídico que impida que "de una vez por todas consigamos derribar el hotel".
Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha emitido más tarde un comunicado en el que lamenta que el Gobierno de España "no haya sabido explicar y aclarar cómo va a proceder al derribo del hotel Algarrobico". Para la Junta, la vía de la expropiación, tras la declaración de utilidad pública de parte de los suelos, supone un cambio respecto a la postura mantenida hasta la fecha por el Gobierno de España, que ya inició en 2006 un proceso similar y acabó renunciando al mismo por las dificultades que entrañaba.
En este contexto, la Junta de Andalucía ha solicitado aclaraciones al Gobierno de España sobre diversos aspectos técnicos y jurídicos que suscitan "dudas", como, por ejemplo, "si tiene previsto realizar la expropiación con carácter de urgencia, cómo pretende fijar el justiprecio, especialmente de lo edificado, o qué procedimiento específico prevé para llevarla a cabo".
Asimismo, se ha trasladado que, sin resolver estas cuestiones, sin los informes que deben avalarlas y sin que se le remita la información necesaria sobre la expropiación proyectada por el Estado, no puede decidir sobre la tramitación por su parte de un procedimiento expropiatorio con las debidas garantías. Además, desde la Junta de Andalucía, ante las declaraciones en los últimos días de algunos dirigentes del Gobierno de España, ha aclarado que el edificio no se puede demoler parcialmente, ni se puede dividir.
Al menos ambas administraciones han coincidido, según informa la Junta, en "la importancia de seguir trabajando de manera conjunta y coordinada en los próximos pasos, con el objetivo común de recuperar este espacio natural". A tal efecto, se han comprometido a mantener reuniones de forma más frecuente para compartir los pasos que se vayan dando.