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El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley en materia de energía con el objetivo de dar respuesta a la anulación del anterior decreto, impulsado por el Ejecutivo de Javier Lambán, por parte del Tribunal Constitucional, arguyendo que "no quedaban suficientemente justificadas las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han de habilitar el uso de este instrumento normativo".
Así, el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón ha recuperado el 80% del texto compuesto por la anterior administración, "ajustándolo en gran medida a las objeciones de constitucionalidad planteadas por el Estado en su recurso", para, según ha explicado la vicepresidenta Mar Vaquero, "tratar de cubrir el vacío normativo creado tras la sentencia" y "garantizar competitividad, seguridad jurídica y confianza al sector energético, así como a los proyectos e inversiones empresariales atraídos en los últimos meses".
El objetivo principal de todo ello es aprovechar la condición de Aragón como cuarta potencia nacional en la generación de renovables, por lo que se plantea "favorecer el autoconsumo, incrementar el autoabastecimiento y la diversificación energética y promover la expansión de este tipo de energía". Además, el decreto incluye la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética cuyo objetivo fundamental es "canalizar la reinversión en los territorios afectados por instalaciones de generación de una parte sustancial de los ingresos obtenidos por los tributos ambientales autonómicos que gravan tales afecciones".
En cuanto a la generación de energías renovables, se acelerarán las inversiones asociadas a la construcción de parques que se podrán tramitar como una modalidad especial de planes y proyectos de interés general de Aragón.
Por último, en base a las recomendaciones aportadas por los diferentes grupos parlamentarios durante una comisión de investigación del pasado mes de junio, se incorporan medidas de agilización de los procedimientos administrativos sobre la materia, así como, principalmente, se configura la planificación como uno de los ejes principales de la política energética del territorio. Por otro lado, en base a dichas peticiones, se creará el Foro Permanente de la Energía, como un órgano administrativo integrado por los agentes públicos y privados que participan en el ámbito energético, con funciones de carácter consultivo de la Administración autonómica.