El Gobierno de Aragón se prepara para llevar ante el Tribunal Constitucional el acuerdo para el reparto de menores inmigrantes no acompañados alcanzado entre el PSOE y Junts, al considerar que "quiebra la igualdad entre los españoles y entre las comunidades autónomas".
Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha insistido en que la comunidad no colaborará con una "medida infame basada en la xenofobia" y que es "un ejemplo más de la sumisión del Gobierno de España".
Según datos del 31 de enero que el Gobierno regional no ha tenido a bien actualizar, Aragón da atención a 197 menores migrantes, pese a que solo cuenta con 104 plazas de acogida, lo que hace que la capacidad de ocupación supere el 189%. Sin embargo, según los criterios establecidos en la modificación del decreto ley, la región tiene un déficit de 450 plazas para menores no acompañados, lo que le privará de percibir el fondo de 100 millones de euros por parte del Ministerio de Infancia, el cual está reservado para aquellas comunidades que superen la capacidad orgánica.
A Aragón le correspondería recibir 186 menores, que se sumarían a los 197 que ya acoge, con lo que se situaría lejos de la media de 550 fijada por el Gobierno central. De todos modos, habría que esperar a que la Administración autonómica renueve los datos aportados.
Sin embargo, Susín ha rechazado entrar en "debates cuantitativos", debido a que "este acuerdo responde única y exclusivamente al interés superior de Sánchez de permanecer un día más en el poder, mientras los menores más vulnerables se convierten en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza a cambio de siete votos".
Por ello, la consejera se aferra a lo establecido en la Constitución, donde se indica que "el traslado y la reubicación obligatoria de menores afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España, lo que exige una regulación mediante ley orgánica y no a través del modelo del decreto". En adición, ha denunciado que con este acuerdo se invaden competencias regionales porque "se impone la reubicación de menores al margen de los mecanismos de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas".