- Los hechos. Este es el vídeo de la polémica ruptura de la foto.
- Su versión. Le Senne explica por qué actuó y niega que fuese premeditado o actuara por odio
El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado un auto para sentar en el banquillo de los acusados a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear y miembro de Vox en las Islas Baleares.
Además, le impone una fianza civil de 40.000 euros y le da un día para responder por ella y así garantizar la cobertura de las posibles sanciones económicas futuras en caso de que finalmente fuera condenado.
Le Senne no ha dimitido de su cargo. Ha reaccionado mediante un comunicado en el que "recuerda" que "sigue amparado por la presunción de inocencia" y manifiesta de nuevo su voluntad de colaborar con la justicia "para despejar toda duda de que no cometió ningún delito".
La decisión del magistrado Juan Manuel Sobrino se produce en contra del criterio de la Fiscalía, que hasta en dos ocasiones se ha posicionado por escrito a favor de que Le Senne sea exculpado y la causa se archive.
Lo hizo ante el propio juzgado que instruye la causa y ante la Audiencia Provincial, que todavía debe resolver el recurso presentado por el político conservador para tratar de desactivar su juicio.
El fiscal considera que Le Senne no cometió un delito de odio cuando, en junio del año pasado y mientras ejercía la presidencia de la Cámara, rompió una fotografía impresa de tres mujeres asesinadas durante la Guerra Civil que una diputada socialista exhibía en la tapa de su ordenador portátil.
El presidente parlamentario pidió disculpas por aquella acción visiblemente impulsiva, que el fiscal consideró indecorosa e impropia de su cargo pero no delictiva, y alegó que no fue premeditada ni voluntaria.
"Actué únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie", ha abundado este mismo jueves Le Senne por escrito.
El político siempre ha defendido asimismo que rompió la foto accidentalmente al ir a cerrar la tapa del ordenador de la diputada Mercedes Garrido, a la que había pedido reiteradamente que no exhibiera la imagen con el fin, según argumentó, de no romper la neutralidad de la Mesa del Parlament, el órgano de gobierno de la institución.
Ese día se debatía la derogación de la Ley de Memoria Democrática y la diputada socialista exhibió la foto de la polémica en la tapa de su ordenador desde su asiento en la Mesa parlamentaria.
El alegato de Le Senne, sin embargo, no es compartido por el juez que ha instruido el caso para determinar si debe o no ser juzgado.
El magistrado sí considera que existen indicios de que pudo cometer delito de odio, como pretenden las acusaciones, y por eso considera que debe ser enjuiciado en un Juzgado de lo Penal de Palma.
Para el juez instructor, Le Senne sí "tenía intención de menospreciar, faltar al respeto y vejar las figuras" de las mujeres represaliadas, conocidas como las Rojas del Molinar y entre las que estaba la militante comunista Aurora Picornell, un icono para la izquierda balear. El juez Sobrino considera que existen motivos para que sea juzgado al haber podido lesionar con su acción la dignidad de las víctimas, asesinadas en el año 1937.
Politización
Tanto el PSOE como el resto de partidos de izquierdas en las Islas condenaron enérgicamente los hechos, impulsando una denuncia que desembocó en la vía penal, considerando que con su acción Le Senne incurrió en un delito movido por su ideología.
El político acusado lo niega y limita la acción a un lance por mantener el orden público y la neutralidad de la Cámara que preside tras la desobediencia de la diputada del PSOE, a la que reclamaba un plus de neutralidad por ser parte de la Mesa.
El político mallorquín fue denunciado ante los tribunales por el Partido Comunista de los Pueblos de España y por asociaciones memorialistas en las que están integradas familiares de Picornell.
Más de seis meses después de aquella denuncia, y a falta de que la Audiencia se pronuncie sobre su recurso en las próximas semanas, todo apunta a que será sometido a juicio.
Peligra su cargo
Todavía se desconoce la fecha en la que deberá sentarse en el banquillo pero, salvo que la Audiencia Provincial lo impida, el auto de apertura compromete todavía más la posición política de Le Senne al frente del Parlamento autonómico.
Cabe recordar que el pasado año el dirigente de Vox ya se sometió a una moción de remoción de la que salió airoso gracias al apoyo de su grupo parlamentario y a la abstención del PP.
Ahora, con la apertura de juicio, su posición queda en el alambre. No en vano, el reglamento de la Cámara contempla la posibilidad de que un diputado sea suspendido de su cargo electo cuando se haya abierto juicio oral en su contra, siempre que una mayoría absoluta del Parlament así lo vote.
De momento la oposición espera para mover ficha pero se da prácticamente por hecho que ese escenario se producirá en los próximos días y que la posibilidad de una suspensión será debatida en el pleno.
Vox obtuvo ocho diputados tras los pasados comicios de 2023. Aunque no entró en el gobierno autonómico que preside Marga Prohens (PP), propició su investidura sellando una alianza y pactando un acuerdo programático con 110 medidas. Además, en ese canje Vox obtuvo la presidencia del Parlament que ostenta Le Senne, abogado de profesión que hasta su fichaje por Vox no había tenido trayectoria política.
El verano pasado el partido de Santiago Abascal decidió romper unilateralmente sus alianzas regionales con el PP, incluyendo el acuerdo en Baleares. Pese a ello, el PP no dejó caer a Le Senne a finales del pasado año, tras el incidente de la foto y la petición de remoción elevada por el PSOE.
Con la apertura de juicio oral y las relaciones entre PP y Vox rotas desde hace unos meses, el contexto es diferente y la posición política de Le Senne es netamente más frágil.